Cita del artículo:

Comentario del Prof. Silva Sánchez a varios precedentes jurisprudenciales españoles que son reticentes a reconocer la responsabilidad penal de los funcionarios públicos.

Guía de estudio sobre la Ley de Ejecución penal, Nº 24.660, que pone de relieve la importancia de su conocimiento para la investigación de los crímenes que tienen lugar en el interior de las prisiones.

Las conductas asociadas a la producción, uso, transporte y tráfico de estupefacientes, representan acciones que el Estado ha declarado ilícitas en función de su relación con sustancias específicamente señaladas como tal. Nuestra ley penal además exige que esas acciones, sean desarrolladas de modo ilegítimo, o que carezcan de autorización o de una razón justificada frente al derecho para merecer un reproche punitivo (art. 5 Ley 23.737).

A pesar de ello, los intentos de regulación del cannabis, como sustancia incluida dentro de la lista de estupefacientes, conforme su categorización como estupefaciente (según el art. 77 del CP), se encaminan al reconocimiento legítimo de algunos usos. Por ello es que podemos observar en nuestro país y en el mundo, que las iniciativas apuntan al establecimiento de dispositivos que fijen pautas de legitimación de distintos usos (autocultivo con fines medicinales, actividades de investigación, desarrollo productivo, etc).

Este conjunto de iniciativas de regulación del cannabis, está orientado a legalizar un panorama diverso de dimensiones que están involucradas en la producción y consumo de cannabis. Cada una de ellas apunta a una demanda prestacional específica, según se dirijan a aportar legalidad a sus usos (normas sobre uso medicinal), a su producción (normas de regulación de semillas, de la producción industrial, transporte y comercialización de escala), a distintas conductas asociadas (uso adulto del cannabis, investigación) o a su rentabilidad (normas sobre activos financieros derivados de actividades de explotación del cannabis). 

A este proceso podemos encuadrarlo dentro de un concepto de legalización en sentido amplio, porque descriminaliza comportamientos vinculados a una sustancia (cannabis) sin que esta pierda su carácter ilícito en términos penales (estupefacientes, art. 77 del CP). 

En este artículo que Andrés Bacigalupo y Martín García Ongaro han elaborado para la Asociación Pensamiento Penal, se intenta dar un enfoque que ubique las estrategias de regulación del cannabis mediante la supresión de la condición de ilícita de la sustancia.