La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió en pleno por mayoría (4 votos):
-En relación con la información almacenada en teléfonos celulares se requiere autorización jurisdiccional fundada. De forma concisa se debe exponer el hecho punible y la vinculación entre la persona o las cosas que justifiquen la medida (distingue entre que la vinculación sea directa o indirecta para el nivel de fundamentación)
-Respecto de la información vinculada al proceso de comunicación que poseen las empresas prestatarias del servicio de telefonía (listado de llamadas entrantes/saliente y geoposicionamiento) no requiere orden jurisdiccional. En el procedimiento provincial se considera al MPF como autoridad judicial suficiente y se encuentra dentro de sus facultades la solicitud de estos datos.
-Siempre que los pedidos se realicen en una investigación penal en curso, con motivos bastantes para vincular la línea telefónica sobre la que se solicita, por un período de tiempo determinado y vinculado al hecho investigado.

Por minoría (3 votos) se sostuvo que un Estado democrático requiere la generación de instancias de autocontrol estatal en pos del resguardo de derechos fundamentales como es el de la intimidad. Ello para garantizar el uso razonable y limitado de esa facultad de injerencia.
Reconoció que no se encuentra regulado en el Código Procesal Penal de Mendoza la facultad para acceder a la información almacenada en dispositivos electrónicos ni a la información vinculada a proceso de comunicación. Advirtió que la jurisprudencia de la Corte IDH (Escher vs. Brasil) establecía que toda la información vinculada al proceso de comunicación se encontraba resguardada por el derecho a la vida privada de reconocimiento convencional. En consecuencia, concluyó que se requiere orden jurisdiccional para el acceso a esta información (la almacenada en dispositivos digitales y la que se encuentra en poder de las empresas prestatarias de servicios telefónicos) a los fines de evitar generar un ilícito internacional que genere responsabilidad estatal. Afirmó que cuando el Poder Judicial autoriza este tipo de medidas debe velar por la idoneidad del pedido, su pertinente y proporcionalidad.

RESUMEN:
Los actores interpusieron acción de amparo contra la Municipalidad de Lomas de Zamora con el fin de obtener el cese de la obra de ensanchamiento del Arroyo Mujica realizada en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza−Riachuelo en cumplimiento de los objetivos fijados por la Corte en la causa “Mendoza”, en tanto perjudicaba su hábitat y los obligaba al traslado a un espacio de peores condiciones del que poseían. En el marco de ese proceso, se suscitó una contienda negativa de competencia entre la justicia del trabajo y la justicia federal de la mencionada localidad. Llegadas las actuaciones a la Corte, ésta recordó que en un pronunciamiento anterior había distribuido transitoriamente la ejecución de la sentencia en la citada causa “Mendoza” entre dos magistrados. En el caso, la acción intentada, dirigida a evitar la relocalización de los actores sin contar con los servicios públicos elementales y a suspender la obra de saneamiento, recaía sobre la competencia asignada al Juzgado Federal en lo Criminal Correccional n° 2 de Morón. Explicó que no obstaba a tal solución que ese juzgado fuera ajeno a la controversia ya que atañe al Tribunal, como órgano supremo de la magistratura, declarar la competencia de un tercer magistrado que no participó en el conflicto.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná hizo lugar al recurso de apelación de la defensa revocando la sentencia del Juzgado de garantías que rechazaba el pedido de nulidad y exclusión de una requisa vehicular efectuada de modo irregular y sin orden de juez competente, en la cual se secuestraron "bochitas" de estupefacientes.
Ello en tanto se sostuvo que:
"En general, tanto en el orden Nacional, como en los órdenes provinciales, el esquema que preside los ordenamientos procesales es que, salvo supuestos de urgencia, en los que no sería practicable la obtención de la orden judicial, las decisiones que impliquen afectar la libertad personal de los individuos o avanzar sobre áreas de su intimidad, pertenecen al ámbito de la magistratura judicial.
Ello es así, no por una cuestión burocrática, sino porque su lugar neutral e imparcial dentro del proceso (penal) los ubica en la mejor posición para asegurar que esa intromisión en la libertad o en la intimidad de las personas responda a motivos razonables"
"Luego del fallo "Fernández Prieto" y "Tumbeiro", de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (del 01/09/2020), no puede quedar ninguna duda respecto de que los vehículos forman parte del área o espacio de intimidad resguardado por el art. 18 de la Constitución Nacional, ya que en dicha sentencia se recordó que "el artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas. En esa lógica, consideró que las pertenencias que una persona lleva consigo en la vía pública, incluso cuando la persona se encuentra dentro de un automóvil, son bienes que, al igual que aquellos que se encuentran dentro de su domicilio, están incluidos dentro del ámbito de protección del derecho a la vida privada y la intimidad. Por esta razón, no puede ser objeto de interferencias arbitrarias por parte de terceros o las autoridades".
"En definitiva, según consta de las actas ya referidas y de las alocuciones de las partes en la audiencia en sede de Garantías, no había ninguna complicación ni situación particular que justificara la prescindencia de una orden judicial para autorizar la requisa del automóvil en el que el imputado se conducía, ni motivo para que el Fiscal no la solicitara."