Revoca la sentencia que confirmó la prisión preventiva del imputado en orden al delito de robo agravado por el uso de arma con sustento en la gravedad del delito y la incomparecencia reiterada a prestar declaración indagatoria. Refiere que el magistrado desoyó lo resuelto por la CSJN en el caso “Wilson, Osvaldo Enrique y Donamaría Félix Victoriano”, en cuanto resolvió que la escala penal no es suficiente per se para fijar dicha medida cautelar y que debe evaluarse concretamente el riesgo procesal al momento del pedido de excarcelación. En tal sentido agrega que si bien tal riesgo evaluado con anterioridad por el magistrado pudo ser relevante en la etapa instructoria del proceso, en el estadio actual, con sentencia condenatoria no firme, pierde virtualidad, es que, en aquella instancia el imputado fue aprehendido en su domicilio para ser conducido ante el juez, por lo que no puede decirse desplegó acciones para intentar eludir la acción de la justicia, el nombrado tiene arraigo en la ciudad, no cuenta con facilidades para abandonar definitivamente el país y desde que se encuentra detenido presenta excelentes guarismos de conducta y concepto.

Escuchas ilegales. Confirma la sentencia que resolvió no hacer lugar al pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en el marco de la causa por la cual se investigan las escuchas ilegales practicadas sobre las líneas telefónicas de un familiar de las víctimas del atentado a la sede de la AMIA y del cuñado del imputado. Considera que aún subsisten varios de los interrogantes contenidos en el exhorto internacional ordenado por el a quo a los efectos de determinar la metodología utilizada por la empresa de seguridad norteamericana, supuestamente contratada para investigar a uno de los titulares de las líneas telefónicas intervenidas, y la nómina de personas que se habrían desempeñado en este país. Asimismo, entiende que la duración del proceso hasta el momento no resulta irrazonable, dado que se está frente a un objeto procesal compuesto por una multiplicidad de hechos que demandó una intensa y engorrosa tarea investigativa cuyos resultados motivaron la convocatoria a prestar declaración indagatoria a más de una decena de personas.

PROCESO PENAL. Instrucción. Juez que dispone librar oficio al Cuerpo de Perito Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se designe un equipo de especialistas para “colaborar en el análisis e investigación sobre aspectos técnicos en la materia”. PLANTEO DE NULIDAD. Procedencia. Afectación al debido proceso y al derecho de defensa en juicio. El auto cuya invalidación se pretende impide determinar si la diligencia allí ordenada constituye o no un estudio pericial. Omisión del juzgador de dar cumplimiento a los artículos 258 y ss del CPPN, que otorgan a las partes la posibilidad de recusar a los peritos designados para el caso y proponer tanto peritos de parte como puntos de pericia. Circunstancias que se han suscitado a lo largo del proceso: reticencia del juzgador de habilitar a las partes el acceso al sumario y a autorizar la extracción de copias, imposibilidad de los defensores de controlar algunas de las diligencias de prueba ordenadas y demora en contestar requerimientos de otros tribunales y planteos de las partes. TEMOR DE PARCIALIDAD. Art. 173 CPPN. APARTAMIENTO DEL JUEZ. DISIDENCIA: validez de la diligencia. Diferencia entre la naturaleza de las solicitudes de colaboración investigativa, respecto de los estudios periciales, así como los requerimientos y condiciones específicas de cada uno. No corresponde el apartamiento del magistrado, por no ser éste el ámbito para expedirse respecto de otros cuestionamientos de las partes acerca de la actuación en general del a quo. Deber de canalizar dichas críticas a través de las vías regularmente establecidas por la ley

Fuente del sumario y copete: elDial.com