Es hora de acabar con la “guerra contra las drogas” y de redirigir recursos masivamente hacia políticas efectivas basadas en evidencias, apuntaladas por un riguroso análisis económico.
La aplicación de una estrategia de guerra contra las drogas a nivel global, militarizada e impulsada por acciones de fiscalización, ha producido enormes resultados negativos y daños colaterales. Estos efectos incluyen el encarcelamiento masivo en los EE.UU., políticas altamente represivas en Asia, una vasta corrupción y desestabilización política en Afganistán y África Occidental, una inmensa violencia en América Latina, una epidemia de la infección por VIH en Rusia, una aguda escasez global de medicinas para controlar el dolor, y la propagación de abusos sistemáticos de derechos humanos en todo el mundo.
La estrategia ha fracasado en sus propios términos. La evidencia muestra que los precios de las drogas han venido declinando mientras que la pureza de las sustancias se ha ido incrementando. Ello ha ocurrido a pesar de drásticos incrementos en el gasto global para la fiscalización de las drogas. Ya no puede justificarse la continuación del dispendio de vastos recursos en políticas punitivas impulsadas por la fiscalización, generalmente a expensas de políticas de salud
públicas de demostrada eficacia.
Las Naciones Unidas han intentado aplicar durante demasiado tiempo un enfoque represivo de “receta única para todos”. Este organismo debe ahora liderar la defensa de un nuevo marco de cooperación internacional basado en la aceptación fundamental de que políticas diferentes funcionarán para países y regiones distintos.
Esta nueva estrategia global sobre drogas debe basarse en principios de salud pública, reducción de daños, reducción de impactos creados por mercados ilícitos, expansión del acceso a medicinas esenciales, minimización del consumo problemático, experimentación regulatoria rigurosamente monitoreada, y un decidido compromiso con los principios de derechos humanos.