RESUMEN:
La Cámara de Casación de Paraná, Prov. de Entre Ríos hizo lugar al recurso fiscal contra la resolución del juez que había ordenado la prórroga de la jurisdicción por pedido de la defensa fundado en la imposibilidad de constitución de un jurado imparcial debido a la repercusión del caso.
La Casación sostuvo que el jurado imparcial puede obtenerse a partir de un correcto litigio de la audiencia de voir dire.
La resolución cita del fallo de la Corte de Apelaciones que resolvió el recurso en el caso del crimen de "George Floyd" : "Para impugnar el veredicto de un jurado sobre la base de la repercusión mediática del caso, la defensa no puede basarse solamente en el prejuicio presunto, sino que tiene que demostrar que el jurado en particular tuvo un prejuicio concreto y real y solo en casos excepcionales se podría presumir ese prejuicio (en casos donde la publicidad haya sido demasiado perjudicial). Pero independientemente de eso, el test definitivo sigue siendo si los miembros del jurado pueden dejar de lado sus impresiones u opiniones y rendir un veredicto imparcial".

RESUMEN:
El superior tribunal provincial desestimó la queja presentada por los letrados de confianza de los imputados por inobservancia de lo dispuesto en un artículo del código procesal provincial. Ante el recurso interpuesto por la defensa oficial, la Corte dejó sin efecto el pronunciamiento apelado pues consideró que el superior tribunal resolvió el caso con un criterio ritualista susceptible de menoscabar el derecho de defensa. Recordó que en materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. Agregó que es de equidad y aun de justicia apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes por parte del acusado o del descuido de su defensor. Señaló que no basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor. Consideró que, con olvido de la jurisprudencia del Tribunal que impone extremar los recaudos que garanticen la realidad sustancial de la defensa en juicio, se había omitido reparar el estado de indefensión y con excesivo rigor formal se había limitado a desestimar la queja, lo cual descalificaba la decisión impugnada a la luz de la doctrina de la arbitrariedad.

El fallo resuelve la responsabilidad penal del procesado respecto de varios delitos cometidos en contexto de violencia de género, teniendo presente particularidades de su personalidad que determinaron su comisión desde la perspectiva de un derecho penal de acto.
Como delitos singulares comprobados, analiza el supuesto de abuso sexual dentro de la pareja y la instigación al suicidio (delito con escasos precedentes jurisprudenciales), para los cuales valora, entre otras pruebas, el contexto y la personalidad antes señaladas desde la perspectiva de género.
Asimismo, discurre sobre propuestas de tipificación de agravantes y/o nuevas figuras vinculadas a la problemática social del delito de instigación al suicidio cometido en circunstancias especiales; lejos de cualquier aspiración neopunitivista, sino en miras aportar respuestas proporcionales a aquellas situaciones.
Finalmente, precisa pautas de individualización de la pena según el caso y fundamenta la inmediata detención cautelar del enjuiciado.
El fallo se cimenta en distintas perspectivas; y esas miradas, además de la jurídica, interdisciplinarias (psicología y psiquiatría forenses, trabajo social, política criminal, ejecución penal, etc.) le otorgan un singular valor agregado e invita a profesionales de distintas ciencias a su lectura.

RESUMEN:
La Fundación Greenpeace Argentina en nombre y representación de la especie Yaguareté (panthera onca declarada Monumento Natural Nacional por la ley 25.463) que habita la ecorregión del Gran Chaco argentino (conformada por menos de 20 ejemplares vulnerables) dedujo acción de amparo contra las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, el Estado Nacional y la Administración de Parques Nacionales (APN) a fin de obtener que se ordene la efectiva conservación y preservación del hábitat en el que vive la especie mencionada en la ecorregión del Gran Chaco argentino. La Corte consideró que el proceso corresponde a su competencia originaria tanto por la materia como por las personas. Tuvo en cuenta que el objeto de la acción versa sobre la protección de un bien jurídico tutelado federal y que toda vez que el factor degradante que se denuncia se produce en cada una de dichas jurisdicciones, se trata de un supuesto de problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción. Afirmó también que puede afirmarse que confluyen en la causa los extremos que autorizan a considerar la existencia de un litis consorcio pasivo necesario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en razón de la propia naturaleza de la relación jurídica controvertida que vincula a todas las partes del proceso, la cual es de carácter inescindible, pues exige ineludiblemente la integración de todas ellas, a los fines de que la sentencia pueda ser pronunciada útilmente.

SUMARIOS:
“En esta instancia, y conforme las circunstancias antes relatadas, vale que nos interroguemos: ¿Le interesará a la sociedad la resolución judicial de casos como el arriba descripto, supuestamente cometido hace más de una década atrás? ¿Le preocupará a la supuesta damnificada la resolución de la denuncia por ella radicada hace más de una década atrás? Y disculpen la expresión lunfarda, pero ¿la denunciante no interpretará como una “tomadura de pelo” que se la cite después de diez años a un juicio para que recuerde, si puede, y nos relate lo qué sucedió hace tanto tiempo? ¿Y el imputado, junto a su asistente legal, podrá edificar una estrategia defensiva eficaz después de más de una década del presunto crimen?”

“Razones de justicia y equidad -y, permítaseme, hasta de sentido común, que seguramente lo conserva cualquier ciudadano de a pie frente a nuestra anquilosada formación jurídica- se deben imponer sobre la impasible aplicación literal de la norma; por lo que, en la emergencia, atento las particularidades de la causa analizada, la naturaleza del interés jurídico afectado y la recuperación del bien sustraído, me obligan a expedirme en el norte señalado y, en consecuencia, resolver la extinción de la acción penal por insubsistencia en beneficio del procesado, dictando, en consecuencia, el sobreseimiento total y definitivo en su favor.”