El fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, dictado en “CHIPANA PANUERA, Raúl Mauro y otro s/ secuestro extorsivo”, causa nº 3880/14, Reg. 316/17, rta. 27/4/2017, por el cual Luis Fernando Niño, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa.

Un tribunal oral condenó a Raúl Mauro Chipana Panuera y Miguel Ángel Galindo Contreras a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlos coautores penalmente responsables del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de más de tres personas, recurriendo la defensa en casación y planteando en el recurso tres agravios: arbitrariedad al afirmar que ambos intervinieron en el hecho que se tuvo por probado y, de manera subsidiaria, la errónea valoración de la agravante escogida y el grado de participación.

Luis Fernando Niño dejó en claro que la defensa no discutió la ocurrencia del secuestro, refiriendo para descartar el primer cuestionamiento, que el tribunal valoró la prueba recibida en el debate bajo estricto apego a la regla de la sana crítica y los principios que la regulan, alcanzando el grado de convicción necesario para probar la participación de ambos en el cobro del rescate solicitado por los secuestradores para liberar a la damnificada, ajustándose a los parámetros normativos la reconstrucción histórica desarrollada en la sentencia impugnada. En orden a los otros dos agravios, los trató en forma conjunta y sostuvo que fue correcta la postura del tribunal al afirmar, sobre la base de la teoría del dominio del hecho, que hubo una coautoría. Que la “(…) coautoría funcional se compone de la decisión común al hecho, esto es el acuerdo reciproco, expreso o tácito sobre la perpetración común del hecho delictivo, que puede establecerse hasta el momento de la consumación, conforme a lo cual cada coautor responde sólo hasta donde alcanza el acuerdo, sin responsabilidad por el exceso de otro, en tanto no mediare dolo de realización; y de la ejecución común de tal hecho. Cada coautor ha de ser subjetivamente coportador de la decisión común y objetivamente completar, con su intervención, los aportes de los demás, configurando un hecho unitario (...)”. Asimismo, una vez descartado el agravio dirigido contra la autoría y participación y la manera en que la defensa lo vinculó con la calificación legal escogida, señaló que resultaba inoficioso el tratamiento de la última cuestión.

Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morín, adhirieron al voto de Luis Niño

07-07-2017 -
CNCCC - Fallos Penales de Interés General nº 84/2017: color:#222222">

Libertad condicional rechazada – Magistrado que
no tuvo en cuenta los

informes favorables correctamente fundados –
Exceso de jurisdicción -

Nulidad.-





El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal

y Correccional de la Capital Federal, dictado en
“C, O. G. s/ libertad

condicional”, (causa nº 76.685/96, Reg. 96/17),
rta. 22/2/2017, por el

cual Luis M. García, Horacio Dias y María Laura
Garrigós de Rébori,

hicieron lugar al recurso de casación
interpuesto por la defensa,

anularon la decisión recurrida y reenviaron las
actuaciones para que

el juez de ejecución, previa audiencia del
condenado y de la víctima,

dicte nuevo pronunciamiento.



Luis M. García, a cuyo voto adhirieron Dias y
Garrigós de Rébori,

señaló que no se encontraba en discusión que el
condenado sufrió en

detención el tiempo necesario que le permite
solicitar la libertad

condicional. Precisó que el Consejo Correccional
había emitido un

informe favorable y fundado respecto de O. G. C.
y que, durante la

sustanciación de la libertad condicional, el
psicólogo especialista en

salud mental de la Unidad informó que no era
necesario para el

programa de tratamiento individual, incluir al
condenado al régimen

especial del programa para agresores sexuales
(CAS), por lo que el

magistrado de ejecución carecía de competencia
para opinar sobre el

programa de tratamiento mas adecuado y excedió
su jurisdicción al

expedirse en el sentido que lo hizo. Finalmente,
agregó que no se

siguió el procedimiento previsto en el art. 28
de la ley 24.660,

párrafo 2do y 3ro, antes de tomar una decisión
sobre el pedido de

libertad condicional previsto para los
condenados por los delitos del

art. 119, párrafo 2do. y 3ro., 120 y 125 del CP,
expidiéndose por

declarar la nulidad de la decisión recurrida y
reenviar la causa para

que el juez de ejecución, previa audiencia,
dicte un nuevo

pronunciamiento.



Asimismo se adjunta el fallo de la Sala I
emitido en “R. C., M. s/

libertad condicional”, causa nº 32.795/07, Reg.
nº 395/17, el

23/05/2017, por el cual María Laura Garrigós de
Rébori, Gustavo

Bruzzone y Luis M. García, se expidieron en el
mismo sentido en un

caso que no resulta ser exactamente igual pero
tiene similitudes que

permitieron llegar a la misma conclusión.

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color:#222222;mso-ansi-language:ES-AR;mso-fareast-language:ES-AR;mso-bidi-language:
AR-SA">07/07/2017 .CCC - Fallos Penales de Interés General nº 85/2017:

Excarcelación rechazada - Peligro de elusión y entorpecimiento –

Confirmación - Sumario en el cual durante la audiencia multipropósito

(Ley 27.272), a instancia del fiscal, se imprimió a la investigación

el procedimiento común - Defensa que recurrió - Recurso mal

concedido.-





El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “G., D. M.

s/flagrancia” (causa n° 17.178/2017) rta. 7/4/17, donde la Sala

interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la

defensa contra la resolución del juez de la instancia de origen que no

hizo lugar a la excarcelación y, debido a lo solicitado por el fiscal,

imprimió al sumario el trámite común cuando en el inicio tramitaba

bajo las previsiones de la ley 27.272. Oportunamente, en la audiencia

multipropósito el fiscal calificó el hecho como amenazas coactivas,

amenazas simples, lesiones agravadas por tratarse de su pareja y

atentado a la autoridad (arts. 89, 92 en función del 80, inciso 1°,

149 bis y 237 del Código Penal). Los vocales confirmaron el rechazo de

la excarcelación y declararon mal concedido el recurso de apelación

interpuesto respecto del cambio de trámite.



Precisaron, sobre el pedido de libertad, que la escala penal

permitiría la excarcelación pero que registraba una reciente condena

en suspenso, dos rebeldías y otra causa en trámite. Agregaron que

existía riesgo de entorpecimiento, por haber tenido una actitud hostil

y amenazante hacia su pareja, sus hijas y el personal policial

interviniente, situación que no podía ser neutralizada con el

ofrecimiento de la defensa de que se le coloque una pulsera

electrónica e instale su domicilio en otro lugar.



Respecto al cambio de trámite, indicaron que el recurso de la defensa

había sido mal concedido debido a la que la ley 27.272 no lo prevé,

dándole sólo la potestad para el caso en que se mantenga el sumario

bajo las previsiones de la ley 27.272. Agregaron que la recurrente no

había precisado cuál era el perjuicio que le había provocado el cambio

de trámite, resaltando que incluso planteó que debía profundizarse la

investigación para determinar si su defendido había comprendido la

criminalidad de su conducta.

A hacerse cargo
de sus delitos.La Cámara Criminal y Correccional color:#222222">

rechazó el pedido de la defensa de un joven y
dispuso su traslado de

un instituto de menores al penal de Marcos Paz.
Los jueces avalaron la

medida en relación a los delitos que se le
atribuyen y por que ya

cumplió la mayoría de edad.

Diario Judicial

Jueves 13 de julio de 2017

Por: Diario Judicial



En los autos  “L., H. J. K. s/traslado de
lugar de alojamiento”, la

defensa de un joven interpuso un recurso de
apelación contra la

sentencia que rechazó su pedido de alojamiento
en el Centro “Manuel

Belgrano”.



El abogado consideró que su asistido debe
permanecer en un instituto

para jóvenes adultos, tal como lo es el
mencionado Centro de Régimen

Cerrado y no ser trasladado a una Unidad del
Servicio Penitenciario

Federal, ya que en ese lugar el sistema de
encierro es más riguroso y

le provocará un menoscabo en sus derechos.



Frente a ello, los integrantes del Tribunal
consideraron que el

imputado ya cumplió su mayoría de edad por lo
que se considera

razonable su alojamiento en el Complejo de
Jóvenes Adultos de Marcos

Paz, donde convivirá con personas de su edad, no
será alojado con

adultos y se le proporcionará un tratamiento
específico y diferenciado

tal como lo prevé la Ley 24.660.



Los jueces agregaron que los argumentos que
brinda la defensa en

cuanto a que el alojamiento en el Centro de
Régimen Cerrado es más

favorable al no contar la Unidad 24 “con las
mismas facilidades”; que

en el primero se prohíbe la portación de armas a
los encargados de

velar por la seguridad; y que la detención bajo
la órbita del Servicio

Penitenciario Federal enfrenta al imputado a un
régimen sancionatorio

que difiere de las instancias de diálogo que se
usan en el centro

dependiente del SENAF, son referencias de
carácter genérico.



Todo ello, sumado a los hechos que se le
atribuyen al joven, procesado

como coautor de los delitos de robo agravado por
el uso de armas en

concurso real con tentativa de homicidio agravado,
hicieron que los

magistrados confirmen la sentencia de grado y
dispusieron su traslado

al penal de Marcos Paz.