El día 04 de octubre de 2021, en el marco del expediente “A., E. N. p.s.a. grooming, etc. – Oposición a la prisión preventiva”, el Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de Río Segundo, Provincia de Córdoba, dio respuesta a una serie de planteos efectuadas por el defensor del imputado E.N.A., de 20 años de edad.
Así, en relación al hecho primero, calificado como contacto tecnológico con menores de edad con fines sexuales –( art. 131 del CP), la Fiscalía solicitó la aplicación de este tipo penal en el caso, donde la víctima tenía 21 años de edad, pero padecía de un retraso mental leve. De esa forma, lo que la Fiscalía pretendía era hacer una aplicación extensiva del tipo penal argumentando que el padecimiento mental la equiparaba a un menor. La Jueza entendió que nos encontrábamos ante un supuesto de atipicidad, toda vez que el sujeto pasivo de esa clase de delitos debe ser necesariamente menor de edad, y en el caso, la víctima tenía 21 años. Entendió así que debía prevalecer el principio de legalidad, como así también las garantías constitucionales que rigen el proceso penal. A su vez, entendió que la pretensión de la Fiscalía respecto de la equiparación de la víctima mayor de edad con discapacidades cognitivas con un niño o niña, implicaba una práctica discriminatoria que violenta el derecho a ser tratado en condiciones de igualdad en reconocimiento de sus capacidades, como así también una práctica regresiva en materia de derechos humanos y promoción del modelo social de la discapacidad. Cuestionó también el desconocimiento que hizo del ámbito de reserva de la víctima, y de la normativa de salud mental vigente. En función de esto, es que se dictó el sobreseimiento en relación a este hecho.
Por otro lado, la Jueza decidió no hacer lugar, en los puntos restantes, a la oposición interpuesta a favor del imputado E. N. A. por su defensa, y confirmar el decreto de prisión preventiva, como así también la calificación de coacción agravada.
En relación a la tenencia de material de abuso sexual infantil, se le brindaron precisiones acerca de la importancia del uso adecuado del lenguaje para referirse a este delito en particular, como así también la importancia de erradicar el uso del término “pornografía” al referirse a estos materiales. Para sostener la aplicación del tipo penal, realizó un control de constitucionalidad y convencionalidad respecto del art. 19 CN de manera sistemática, advirtiendo que se afectaba con esta conducta la intimidad, privacidad y derecho a la propia imagen de niños, niñas y adolescentes en situación de sometimiento sexual, toda vez que el consentimiento de los niños, niñas y adolescentes para estas actividades no se presume y se considera nulo, de forma tal que si no hubo consentimiento para la generación del material, tampoco lo hay para que sea utilizado de forma privada por terceros.

SUMARIO:
En un proceso penal que duró más de 20 años, la Corte tucumana, tras repasar la jurisprudencia sobre duración razonable del proceso, afirmó que el análisis de razonabilidad en cuestión (conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia internacional) debe hacerse caso a caso y concluyó que, en el caso concreto, la causa estuvo 9 años sin avanzar por extravíos o archivos erróneos.
En base a ello, hizo lugar al planteo de insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable y sobreseyó al acusado, declarando extinta la acción por prescripción.

SUMARIO:
Ante la denegación de un recurso extraordinario por extemporáneo, la afectada promovió el recurso de queja. Sostuvo que se notificó espontáneamente de la sentencia definitiva dictada por la cámara al momento de interponer el recurso extraordinario, puesto que no le fue notificada en el último domicilio constituido en el expediente en violación de su derecho de defensa en juicio. La Corte dejó sin efecto el pronunciamiento recurrido, ordenando que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que sustancie el recurso extraordinario. Se basó para ello en que de las constancias de los autos principales y del sistema informático LEX 100 surgía que la sentencia había sido notificada por secretaría a cinco letrados del Gobierno demandado pero no había sido comunicada al recurrente, quien había constituido el último domicilio electrónico en las actuaciones y sustituido a los profesionales que lo precedieron en la representación de la demandada. Consideró que la decisión había sido notificada a un domicilio que no subsistía al momento del dictado de la sentencia, y no a aquél que había sido expresamente indicado a fin de recibir comunicaciones electrónicas y que, por ende, la decisión que consideró extemporáneo el recurso extraordinario federal había afectado la garantía constitucional de la defensa en juicio.

SUMARIO:
El actor solicitó la rehabilitación para poder ejercer su derecho al voto a pesar de estar cumpliendo pena de prisión. La Cámara Nacional Electoral declaró la inconstitucionalidad de la limitación legal y entendió indispensable requerir al Congreso de la Nación que revise, a la mayor brevedad posible, la regulación vigente relativa al derecho al sufragio de los condenados. Contra esta sentencia el demandante recurrió a la Corte que, por unanimidad, confirmó la sentencia apelada. Señaló que la misma seguía la línea fijada en el precedente de Fallos: 325:524 “Mignone” y que en ambos casos se partió de la base de que el ejercicio efectivo del derecho al sufragio exige una regulación específica, cuyo dictado es resorte exclusivo de otros poderes del Estado. Sostuvo que la fijación de un plazo indeterminado no significa que la sentencia sea meramente declarativa, ni que deje librado su cumplimiento al arbitrio de los órganos estatales competentes y que la pauta temporal "a la mayor brevedad posible" contiene un límite claro, que implica el requerimiento de una conducta urgente que puede ser judicialmente exigida. De este modo concluyó que la parte recurrente tiene la posibilidad de solicitar la ejecución de la condena sobre la base del vencimiento de la pauta temporal impuesta en la sentencia apelada, máxime cuando han transcurrido más de cinco años desde que la cámara dictó sentencia y el Congreso de la Nación ni siquiera ha dado tratamiento a los diversos proyectos de ley presentados a efectos de implementar el derecho a votar de los condenados.

En oportunidad de la audiencia de debate la defensa oficial del joven imputado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego solicitó la remisión, instituto incorporado por la ley 2951 "Procedimiento penal aplicable a adolescentes", Provincia de Chaco, e hicieron uso de la palabra todas partes partes, las que fundadamente dieron su consentimiento, situación que fue acogida por la magistrada actuante que otorgó un plazo de 1 año y reglas de conducta específicas que debía cumplir el joven.

La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en la causa Nº CPE 1971/2018, caratulada “Agrotierras. Com. S.A. y otros s/infr. Ley 24.769” (rta. el 4/02/2022), integrada por los jueces Roberto E. Hornos y Carolina Robiglio, dispuso revocar la decisión del juez de instrucción de suspender la tramitación del proceso con relación a la persona de existencia ideal en los términos del art. 77 del C.P.P.N.

En sus fundamentos el tribunal recordó que más allá que el representante legal revista formalmente en la actualidad, o no, la condición de único representante legal del ente ideal, tratándose en el caso de personas diferentes –al margen de la existencia ideal o real de las mismas- y, por ende, de imputaciones distintas, la extensión analógica a la persona jurídica aludida de la suspensión del trámite del proceso dispuesto en función de la incapacidad actual de su ultimo representante legal para estar en juicio (art. 77 del C.P.P.N.), no se ajusta a derecho.

En este sentido, frente a una circunstancia que imposibilite al representante legal de una sociedad anónima actuar en su nombre en la instancia judicial en la que aquella se encuentre imputada, los órganos de administración de aquella persona jurídica deberán por sí o, en su caso, a requerimiento del juez, designar a otra persona para representarla.

En consecuencia, la omisión de proceder en el sentido referido por parte de quienes se hallan facultados para hacerlo, no puede justificar, en el marco de un proceso como el presente, la suspensión del ejercicio de la acción penal respecto de un imputado en casos que no se encuentran previstos legalmente.