Recuperar
la obra de Carole Pateman La mujer del discurso jurídico permite
reparar en las tres fases señaladas por ella en torno a la crítica
feminista del Derecho. Conectar estos tres períodos – el Derecho
es sexista, el Derecho es masculino  y  el  Derecho 
tiene  género-en  un  marco  de  análisis 
prioritario  como  es  la  violencia  de 
género  en  el contexto de pareja, permite detectar que no
sólo urge una reflexión y evaluación de la apuesta legislativa
adoptada por  el  Estado  español,  sino 
también  y  muy  especialmente,  la 
revisión  y  falsación de  categorías 
científico-jurídicas aprendidas  y  aprehendidas 
desde  la  Academia  y  aplicadas  de 
manera  automática  en  las  resoluciones 
judiciales. 
Este 
anacronismo  científico,  sólo  añade  más 
violencia  (victimización  secundaria)  a  las 
mujeres  que  finalmente deciden denunciar. Finalmente, el
blindaje del concepto de violencia de género, que vincula ciudadanas
y Estado, se  erige  como  fundamental  ante 
el  peligro  inminente  de  disolución 
jurídica  de  éste  en  la  violencia 
doméstica  o familiar que nos regresa indefectible y
peligrosamente a la víctima vulnerable.

En
un sistema penal acusatorio, el sujeto procesal acusador tiene la
obligación de demostrar la culpabilidad de una persona.  Así, 
la  de
claración 
que  el  imputado  emita  en  el 
procedimiento  penal,  es  un  medio  de 
defensa  para contradecir todo argumento o prueba de acusación,
pues es su derecho para ser escuchado, o negarse a declarar y no
autoincriminarse. Si el acusador tiene la obligación d
e
probar y destruir la presunción de inocencia, no se puede trasladar 
la  carga  probatoria  al  imputado,  ni 
valorar  su  declaración  en  perjuicio. 
Entonces,  la  declaración  del imputado es derecho
de defensa, y no de medio de prueba de cargo, que pueda ser
cali
ficada
como una confesión.

El
objetivo del presente artículo es, por una parte, contribuir con el
tema de género y el Derecho, con una mirada en la mujer en situación
de encierro cumpliendo pena privativa de libertad y cómo el derecho
del Estado, ejercido por agentes estatales, tal como son las
guardiacárceles, afecta la vida de esas mujeres en encierro y, por
otra, contribuir a la investigación y promoción de la articulación
entre los estudios de género y las ciencias jurídicas, con el fin
de describir y analizar las problemáticas de las relaciones de
género entre las mujeres privadas de libertad y las
guardiacárceles. 

Analiza
la legislación local y nacional en el tema de drogas, para lo cual
se describe el perfil humano e integración institucional que buscan
los organismos de control encargados de dar cumplimiento a la norma
establecida. Describe escenarios, sucesos e historias de represión a
individuos que realizan el consumo de marihuana en espacios públicos,
que tienen como consecuencia la criminalización de los mismos.
Para
la comunicación social la metodología utilizada a través de
entrevistas se plasma en una crónica periodística que relata todas
las aristas referentes al hecho, su contenido se  direcciona al
conocimiento y descriminalización lejos del tabú y la moral que
empaña al tema. Plantea propuestas de sectores sociales enfocadas a
terminar el narco y microtráfico para de esta manera romper el
vínculo que asocia a las drogas con la delincuencia.  Se
concluye que policía como institución falla en la aplicación de la
ley, pues el vacío jurídico referente al consumo de marihuana, la
represión y criminalización son el resultado de la mala práctica.

Este
papel de trabajo desarrolla una reflexión teórica acerca del
discurso penitenciario construido desde la ideología de la pena como
mecanismo de reinserción, en relación con la innegable crisis
penitenciaria que arrastra el país. Empleando como referente teórico
los postulados de Ricoeur se hace un desmontaje de las binas
ideológicas inmersas en el discurso penitenciario venezolano
interpretando
textos
legales, documentos oficiales, información emanada de ONG y medios
de comunicación social. Aunque el lema jurídico y político sigue
siendo propugnar la rehabilitación social de los privados de
libertad, las continuas protestas por las condiciones carcelarias,
aunado a las sucesivas reformas que han recrudecido el sistema penal,
proyectan este ideal en un espacio de la imaginación fuera de lo
real.

la
presente investigación pretende elevar el debate jurídico sobre la
categorización del reconocimiento de la protección jurídico
internacional para las víctimas de la trata de explotación sexual
acorde con la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos de
la que ha sido tratada y tiene fundados temores a regresar a su país.
En España, la existencia de ámbitos alternativos para la protección
de 
la
esclava de la trata menoscaba la concesión del estatuto de
refugiada, ya que se acude prioritariamente a la protección
concedida desde el Derecho de extranjería cuando ésta preste su
colaboración penal. En los últimos tiempos, la consideración del
asilo como medio prioritario de protección internacional de las
esclavas de la trata se va abriendo paso. Pero el laberinto normativo
existente, consecuencia directa de 
los
nexos existentes entre migración y asilo, junto al colapso
lingüístico de conceptos de la violencia de género y de otros
fenómenos, dificultan el estatuto de refugiada. Los marcos jurídicos
por sí solos no son suficientes para resolver este entramado, por lo
que proponemos la técnica jurídica del “hilo de Ariadna” que
ayude a adquirir la protección internacional de la víctima de trata
cuando tiene temores fundados de ser perseguida si vuelve a su país.

Entre
los métodos de recogida de datos sobre delincuencia y justicia
juvenil se encuentra el recurso a fuentes oficiales. Estas, a pesar
de ser muy valiosas, cuentan con algunas limitaciones. En España se
dispone de diferentes fuentes, aunque cabe señalar que cada una de
ellas mide cosas diferentes. La delincuencia puede relacionarse con
variables sociodemográficas y criminológicas. Entre las primeras,
edad, sexo y nacionalidad destacan por su relación con el fenómeno
criminal. Tradicionalmente los hombres delinquen más que las
mujeres, el punto álgido de la delincuencia se alcanza a los 17 años
y la nacionalidad extranjera se ve sobrerrepresentada en los datos.
En las segundas,
destaca
la tipología delictiva, las medidas impuestas y el lugar de condena.
Los delitos de lesiones y contra el patrimonio son los de mayor
prevalencia, la libertad vigilada la medida más usada, y el uso que
las Comunidades y Ciudades Autónomas hacen de las medidas es muy
similar.