El
presente artículo analiza la incidencia negativa de las reformas
llevadas a cabo en los sistemas penales de América Latina, tanto en
relación a quien sufre un delito, como respecto a quien es acusado
de haberlo cometido. Sustentado en información empírica, el autor
advierte cómo las novedades del proceso penal reformado (por
ejemplo, el procedimiento abreviado o el rol activo a desempeñar por
los fiscales), al inscribirse en una cultura jurídica autoritaria,
devienen en la práctica en formas contrarias a su diseño ideal.

Este
artículo argumenta que el control de identidad es una amenaza a la
construcción de un espacio público en donde todas las personas sean
tratadas con igual respeto. Se sostiene que en  
sociedades   desiguales   el  
ejercicio   de   facultades  
policiales preventivas   afecta desproporcionadamente  
a   grupos   desaventajados,  
creando   o   reforzando  
estereotipos, jerarquías  sociales  y  segregación 
urbana. 
Para  aseverar  lo  anterior 
se  revisa  la  discusión parlamentaria 
suscitada por la  creación  de  dicha  facultad 
policial  así  como  en  sus posteriores
reformas. Luego, a partir de denuncias de la ciudadanía y algunos
casos penales se  analizan  algunas  pistas  de 
cómo  el  control  de  identidad se  ha 
usado  en  la  práctica.  A pesar de que cerca
de dos millones de controles se efectúan al año este artículo
constata una preocupante falta de información acerca de las
circunstancias y personas sometidas a dichos procedimientos. Por ello
se recurre a la discusión británica con respecto a un poder
policial similar, poniendo en evidencia el potencial discriminatorio
de la institución.

Desde 
la  segunda  mitad  del  siglo  XX  es 
posible  advertir  en  los  sistemas 
jurídicos  occidentales una  progresiva  pérdida 
de  confianza  en  las  fórmulas 
judiciales  de  solución  de  conflictos 
y  un paralelo  crecimiento  de  métodos 
alternativos,  basados  fundamentalmente  en  el 
arbitraje,  la conciliación  y  la  mediación.
Esta  tendencia  ha  alcanzado  también al 
proceso  penal,  un  ámbito tradicionalmente ajeno a
las fórmulas autocompositivas de solución de conflictos, con una
fuerza notable y un impulso visible entre finales del siglo XX y
principios del XXI. La implantación de la mediación  penal, 
su  compatibilidad  con los  principios, 
garantías  y  derechos  fundamentales procesales, 
y  el  reconocimiento  de  facultades 
decisorias  a  la  víctima  en  relación 
con  la responsabilidad  penal  de  los 
presuntos  autores  constituyen,  en  la 
actualidad,  importantes desafíos para el proceso penal en el
marco de un replanteamiento y una reflexión general sobre la
eficacia, los cauces y los objetivos de los modernos sistemas
acusatorios de justicia penal. 

Las
estructuras estatales deben adaptarse al actual mundo globalizado. La
cooperación y la gestión supraestatal son así imprescindibles para
hacer frente a las amenazas de todo tipo a la libertad y a la
seguridad de las personas, de las organizaciones y de los propios
Estados. Además, los conceptos de seguridad integral y de seguridad
humana expresan la necesidad de realizar un tratamiento exhaustivo de
esas amenazas. Los atentados del 11-S inician un imaginario colectivo
en el que la lucha contra la inseguridad global deviene en ocasiones
una obsesión. Ante esta situación proponemos que no puede olvidarse
el primado de los principios que han inspirado el Estado de Derecho
como producto civilizatorio, que es ineludible, a no ser que caigamos
en la defensa de la barbarie para luchar contra la misma barbarie.
Asimismo, la inseguridad se presenta hoy como una amenaza difusa, que
puede tener su origen lejos de las fronteras estatales, siendo
realmente una realidad transnational. A este propósito sirven las
llamadas "estrategias de seguridad", que se analizan en
este trabajo.