El 
presente  texto  pretende  mostrar  cómo 
el  lenguaje   utilizado  para  justificar 
la expedición  de  las  normativas 
regulatorias  de  las  infracciones  a  los 
derechos  de autor en internet es expresión del concepto
político y económico que se tenga del régimen  de 
derechos  de  autor  en  un  momento 
determinado.  En  él,  luego  de presentar 
un  panorama  general  sobre  el  concepto 
de piratería  digital  y  sobre  las formas de
utilización de este término, se procede a  hacer un recuento
de algunos estudios  sobre  las  motivaciones 
para  la  realización   de  actos  de 
piratería  digital para  luego  proceder  a 
analizar  las  normativas  reguladoras  de 
los  mismos.  Para finalizar, se presentan dos casos
opuestos de producción normativa en la materia, haciendo 
énfasis  tanto  en  el  lenguaje 
utilizado  para  justificar  su  expedición 
como en  la  forma  en  que  el  texto 
definitivo  de  los  mismos  garantiza  o 
no  los  intereses 
generales de la sociedad,
específicamente en lo que  se refiere a los derechos de acceso
al conocimiento, educación y libertad de expresión. 

Este
interesante artículo nos introduce didácticamente a la problemática
del delito de tenencia y portación ilegal de armas, presentándonos
los antecedentes históricos y la evolución de la legislación
pertinente en el ordenamiento jurídico del Ecuador. Para tal efecto,
se analiza la evolución de la teoría respectiva, el juzgamiento de
esta clase de infracciones y la posición de los jueces frente a los
aspectos polémicos o discrepantes de la legislación vigente en ese
país.

En
Portugal no existen delitos específicamente dedicados a  la
protección de las personas mayores, mientras que en Brasil  sí
existen estos   tipos penales  y  los 
delitos  generales  están  sujetos  a  la 
agravación  de  la  pena  cuando  se 
cometen contra personas mayores. De hecho, Brasil tiene un 
Estatuto de la Persona Mayor, que es una normativa jurídica que
concreta el principio fundamental de la dignidad 
humana, 
fundamento  de  la  Constitución  de 
Brasil,  en  relación  a  las  personas 
de edad igual o superior a  60 años.Hay que tener en cuenta que
la gente de todo el mundo está envejeciendo, por lo que es necesario
preparar a la sociedad para la vejez, tratándola como un derecho
fundamental  e    imponiendo  medidas 
positivas  para  su  aplicación,  cuando 
sea necesario, sobre todo al nivel de la previsión penal.

Este 
artículo  pretende  hacer  un  análisis 
reflexivo  acerca  del  sistema  de  la
responsabilidad penal de adolescentes en la ley 1098 de 2006, frente
a la justicia penal  juvenil  de Estados  Unidos, 
los  temas  que se  abordaran  en  el 
recorrido  del texto serán,  antecedentes de los la
justicia penal  de menores, las edades en las cuales se le
imputa responsabilidad penal a un menor, los criterios que tiene cada
país para  hacer a un menor responsable penalmente por la
comisión de un delito, las  sanciones  correspondientes 
en  cada  país  para  los  jóvenes
infractores,  para finalmente hacer una comparación de los dos
sistemas y un análisis sobre cuál es país es mas garantista de la
libertad.

Cada 
vez  que  tiene  lugar  un  crimen
ejecutado  por  menores  se  reabre  y 
recrudece  el debate   en   torno  
al   sistema   de   justicia  
juvenil implantado  en  España  por  la LO 
5/2000,  de  12  de enero,  reguladora  de 
la  responsabilidad  penal  de los  menores
. 
Así  ha  sucedido  una  vez  más 
tras  el luctuoso  hecho  acaecido  en  el 
pasado  mes  de  abril de  2015  que 
tuvo  lugar  a  manos  de  un  chico 
de  13 años   que   mató   a  
un   profesor   en   el  
Instituto barcelonés en el que cursaba sus estudios y lesionó
a 
otras cuatro    personas   
(dos    profesores    y   
dos compañeros). En dicho contexto, el presente artículo tiene por
objeto realizar algunas reflexiones sobre la actual  
regulación   penal   de   los  
menores,   que   se inician  con  la 
revisión  crítica  de  las  numerosas
modificaciones  sufridas  por  la  conocida 
como  “Ley del  Menor”,  algunas  de 
ellas  aprobadas,  incluso, antes  de  su 
misma  entrada  en  vigor.  De  entre 
las numerosas  cuestiones  tratadas  en  el 
desarrollo  de este  trabajo  (entre  otras, 
sujetos  sometidos  a  la  LO 5/2000; 
naturaleza de  la  responsabilidad  que  se 
les exige;  imputabilidad  de  los  menores 
entre  14  y  18 
años;  culpabilidad 
en  materia  de  menores;  posible matización de
la responsabilidad del menor con otras instituciones  penales), 
ocupa  una  parte  central  del mismo la
situación de los infractores menores de 14 años  y,  en 
particular,  la  espinosa  polémica  sobre 
si 
dicha edad de 14 años es adecuada para constituir el
límite mínimo para ser responsable criminal o si, por el contrario,
debería ser disminuida.

Los
actos de tortura representan aquello mismo que los códigos de ética
tienen la empresa de evitar. El gobierno estadounidense, mediante
modificaciones retóricas a lo que constituye tortura, ha propiciado
el uso de técnicas de interrogación abusivas de corte psicológico
con pretextos de seguridad nacional. Hallazgos recientes demuestran
el papel central que han tenido consultores conductuales en las
interrogaciones de la llamada "guerra contra el terrorismo".
Se hace un recuento histórico reciente del desarrollo y la
utilización de estas 
técnicas. Se discute la postura de la
Asociación Americana de Psicologia en relación a la función del/la
psicologo/a en el contexto de seguridad nacional y las criticas que
ha generado en diversos sectores. Se establecen recomendaciones en
torno al compromiso social de los/as psicologos/as y se exhorta a
impedir estas practicas. Se invita a la reflexi6n sobre el deber
del/la psicólogo/a en el contexto de conflictos internacionales y lo
que constituye nuestra función ética primaria, "no hacer
daño".