Delito y moral en el coloquio de los perros

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En
virtud del pensamiento jurídico de la Edad Moderna los conceptos de
delito y pecado estaban interrelacionados. Asimismo, las Novelas
ejemplares, entre otras obras literarias,reflejan la ideología
imperante y concerniente a la necesaria salvaguarda del orden público
y religioso. A la luz del derecho criminal castellano, el principal
propósito de este ensayoes el análisis de los comportamientos
heterodoxos y de los delitos perpetrados por los personajes del
Coloquio de los perros. Algunas prácticas ilícitas contempladas son
el robo, el amancebamiento y la brujería.

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Los Diálogos Imposibles: Acerca de Enlace con Escuelas Públicas

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En 
este  breve  artículo  se  aborda  la 
iniciativa Enlace  con  Escuelas  Públicas de 
la  Escuela  de Derecho  de  la 
Universidad  de  Puerto  Rico.  La  misma 
pretende  diversificar  la  profesión  legal
mediante el ofrecimiento de talleres en los diversos aspectos del
pensar y quehacer jurídicos a estudiantes  de  escuela 
superior  del  sistema  de  educación 
pública  en el  país.  En  particular 
se 
hace
un recuento crítico de la visita del escritor Aníbal Santana Merced
a uno de los talleres de Enlace—enfocado  en  los 
derechos  de  las  personas  confinadas—con 
el  fin  de  detallar  y explorar el carácter
emancipador del taller en tanto propició la articulación de lazos
discursivos y afectivos entre la figura del confinado y el
estudiantado de escuela pública. 

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La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010

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La
lectura de este libro me ha evocado a Foucault cuando decía que sus
trabajos y sus teorías deberían tomarse como unas cajas de
herramientas o como unos lentes, que se usan si permiten ver mejor y
se dejan de lado si enturbian la mirada o perturban el trabajo. Creo
que La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano
1998-2010, es eso: una buena caja de herramientas o unos buenos
lentes, que nos permiten ver algunos fenómenos y despierta algunas
inquietudes.

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Aproximación teórica al texto carcelario

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Trabajo
construido sobre una concepción fenomenológica de la lectura y la
escritura, estructurado a partir de lo que se llamará en el
transcurso de la investigación: textos carcelarios, los cuales han
sido llevados a la escuela generando valiosas respuestas de parte de
los estudiantes. En esencia, diremos que llamamos textos carcelarios
a los escritos, principalmente de carácter literario, producidos por
hombres y mujeres desde el presidio. Para entender el concepto de
texto carcelario realizaremos una contextualización y una
caracterización del mismo y tomaremos algunos ejemplos del corpus
recogido para validar con ellos la propuesta teórica presentada.

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Pobreza y Desigualdad en America Latina: Conceptos, Herramientas y Aplicaciones

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La
pobreza y la desigualdad son problemas sociales centrales en América
Latina. Este libro desarrolla las principales discusiones
conceptuales sobre estos temas, provee un amplio conjunto de
herramientas analíticas, las aplica a datos concretos de encuestas
de hogares y 
ofrece
evidencia para todos los países de América Latina. El documento de
trabajo ofrece el capítulo introductorio, y dos capítulos
adicionales del libro, publicado por Editorial Temas.


Cómo
se mide la pobreza y por qué las mediciones son útiles o
inútiles.Leonardo Gasparini y Walter Sosa Escudero 
03
mayo, 2016

Qué
criterios se utilizan para medir la pobreza y por qué es tan
importante la credibilidad de la estadística pública. Un análisis
de dos especialistas.

En
base a datos oficiales, en 2006 el 26,9% de los argentinos era
considerado pobre y el 8,7%, indigente. Las progresivas
actualizaciones de esas cifras ocupan un lugar central en la agenda
pública, a la luz de la severidad del problema y de la virtual
inexistencia de datos oficiales creíbles desde hace años, los
cuales fueron reemplazados por una variedad de mediciones
alternativas. Naturalmente, existen discrepancias considerables entre
las cifras disponibles, las cuales pueden obedecer a cuestiones tanto
técnicas como conceptuales.

Llama
la atención que la magnitud del debate sobre la medición de la
pobreza oculte el enorme esfuerzo conceptual y metodológico que
esconden estas aparentemente simples cifras. Recientemente los
autores de esta nota (junto con Martin Cicowiez) publicaron un
extenso manual en el que se discuten los conceptos y se describen los
detalles técnicos detrás de las principales medidas de bienestar.
Esta breve nota revisa algunos métodos estándar para medir la
pobreza, resaltando el hecho de que su cuantificación requiere un
considerable esfuerzo tanto metodológico como conceptual.

El
enfoque más difundido es el de línea de pobreza, entendida como un
umbral de ingresos que divide a los pobres de los no pobres. Esta
línea surge del costo de una canasta que contiene elementos
alimentarios y no alimentarios. La canasta básica alimentaria se
determina en base a los requisitos calóricos diarios que necesita
una persona, y son establecidos por estudios nutricionales. Estos
requisitos varían de persona a persona, de acuerdo con su nivel de
actividad, género y edad. En la Argentina se considera que un varón
adulto (de entre 30 y 59 años) debería consumir 2.700 calorías
diarias, pero una mujer de la misma edad requiere solamente 2.000.
Para facilitar las comparaciones se estandariza a los individuos de
un mismo hogar, tomando como referencia a los hombres de entre 30 y
59 años. El resto de los individuos del hogar se contabilizan en
términos de este “adulto equivalente”: por ejemplo, las mujeres
entre 30 y 59 (con un requisito de 2.000 calorías) representan un
0,74 del “adulto equivalente” y los niños de 2 años (con un
requisito de 1.360 calorías) representan un 0,5. La familia del
ejemplo anterior suma 2,24 adultos equivalentes.

Estos
requisitos calóricos son traducidos en términos de una canasta que
permita alimentar a las 2,24 personas de esta familia tipo. Hay
infinitas combinaciones de alimentos que pueden generar dicho
requisito calórico, y en la práctica se establece una canasta
compatible con los hábitos locales, en base a la Encuesta de Gastos
de los Hogares, que elabora el INDEC. Finalmente se pone un valor
monetario a esa canasta, para lo cual se utilizan los precios pagados
por las familias, que son actualizados mensualmente mediante
relevamientos del Instituto de Estadística.

La
línea de indigencia es el valor monetario de esa canasta
alimentaria. El valor de la canasta básica total requiere incluir
además una serie de artículos que se entiende que una familia debe
poder consumir para llevar una vida digna. Ante la evidente falta de
consenso, se recurre a la siguiente estrategia simplificadora: se
calcula cuánto mayor (en proporción) es el gasto de consumo total
de una familia de referencia en relación a su gasto en alimentos.
Ese coeficiente, denominado Orshansky, en honor a una economista y
estadística estadounidense, pionera en mediciones de pobreza, se
multiplica por la línea de indigencia para obtener la línea de
pobreza. Si los hogares de referencia tienen un gasto total que es el
doble de su gasto en alimentos, la línea de pobreza será
simplemente el doble de la de indigencia.

Finalmente
las familias cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza son
consideradas “pobres”. Los ingresos de las familias se relevan a
través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Consecuentemente,
la tasa de pobreza es la proporción de hogares pobres en la EPH, y
debe ser entendida como una estimación en base a una muestra
representativa.

Esta
discusión sugiere que posiblemente los disensos entre las mediciones
alternativas sean un reflejo de la falta de acuerdos en la propia
definición de “pobre” y del sinfín de decisiones que involucra
su medición. Un trabajo de Miguel Székely y Nora Lustig muestra que
sólo en base a alterar definiciones y estándares, en América
Latina en los noventa había entre un 12,7% y un 65,8% de hogares
pobres. Es decir, munidos exactamente de los mismos datos, distintos
analistas podrían discrepar considerablemente por el mero hecho de
favorecer distintos conceptos.

Consecuentemente,
las mediciones de la pobreza son tan confiables como el tipo de
acuerdo conceptual y metodológico adoptado. El Estado cumple un rol
crucial en esta tarea. La ausencia de información oficial no puede
ser resuelta por el sector privado, que se halla en condiciones de
realizar estimaciones alternativas, pero no de lograr un acuerdo
social, quizás el principal rol de la estadística
pública.

Naturalmente
el enfoque de líneas no está exento de críticas. Amartya Sen
(Nobel en Economía en 1998) enfatiza que el bienestar es
esencialmente multidimensional, y que no puede ser apropiadamente
captado por una sola variable, como el enfoque de líneas que
focaliza en el ingreso exclusivamente.

El
uso del ingreso debe ser entendido como una aproximación. Es mucho
más fácil de captar que otras nociones, quizás conceptualmente más
apropiadas (como el consumo o la felicidad), se mide en una sola
unidad (pesos) y es comparable entre personas y en el tiempo. ¿Cuán
apropiadamente representa el ingreso la naturaleza multidimensional
del bienestar? En un estudio junto con Mariana Marchionni y Sergio
Olivieri (en base a datos de la encuesta mundial de Gallup) los
autores encuentran que si bien el bienestar es efectivamente
multidimensional como pregona Sen, el ingreso lo representa
razonablemente bien.

Angus
Deaton, flamante premio Nobel en Economía, afirma que “las líneas
de pobreza son construcciones tan políticas como científicas”,
sugiriendo que la prevalencia de medidas usuales -como los índices
de precios para medir la inflación, el método de líneas de pobreza
o el coeficiente de Gini para medir la desigualdad- resulta de
resolver un difícil compromiso que sopesa sus debilidades y
fortalezas conceptuales, operativas y comunicacionales.

En
lo que respecta a la medición de la pobreza, lo mejor atenta contra
lo bueno. No existen mediciones de pobreza buenas o malas, tan solo
útiles o inútiles. El Estado cumple un rol fundamental en
garantizar acuerdos técnicos y sociales que permitan pasar
rápidamente de medir la pobreza a adoptar políticas que mejoren el
bienestar de los que menos tienen.

*Leonardo
Gasparini es director del Centro de Estudios Distributivos Laborales
y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata, e
investigador del CONICET.

Walter
Sosa Escudero es profesor de la Universidad de San Andrés (UdeSA),
investigador del CONICET y del CEDLAS.  

Son
autores de Pobreza y Desigualdad en América Latina: Conceptos,
Herramientas y Aplicaciones, Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2013, en
coautoría con Martin Cicowiez.

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Violencia Institucional. Informe de gestión. En tres años, la Procuvin llevó a cabo 100 inspecciones a centros de encierro

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Desde
marzo de 2013, cuando fue creada, a marzo de este año, la
Procuraduría de Violencia Institucional inspeccionó en cien
oportunidades cárceles, comisarías, institutos y otras
dependencias, donde detectó graves vulneraciones a los derechos
humanos y accionó para subsanarlas, prevenirlas y reprimirlas.

En
tres años de funcionamiento, la Procuraduría de Violencia
Institucional (Procuvin) concretó 100 inspecciones a centros de
encierro de todo el país, tanto para tareas de monitoreo y control
como en la concreción de medidas judiciales, según consigna en un
informe de gestión que se puede descargar al pie de esta nota. "Este
organismo procuró afirmar su presencia en lugares de encierro a fin
de efectuar una tarea preventiva así como reactiva en la
intervención frente a las vulneraciones de los derechos humanos de
las personas detenidas", expresa.

Casi
el 70 por ciento de las inspecciones se llevaron a cabo en cárceles
del Servicio Penitenciario Federal, cinco en las del Servicio
Penitenciario Bonaerense y doce en penales de Mendoza, Catamarca,
Santa Fe, San Juan y Chaco.

Con
eje en asegurar el acceso a la justicia y disminuir los niveles de
impunidad en los ámbitos de encierro, también fueron inspeccionadas
siete dependencias de Gendarmería, cuatro institutos dependientes de
la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF),
tres comisarías provinciales y un centro psiquiátrico privado.

Las
inspecciones tuvieron como fin el monitoreo de las condiciones de
detención y el cumplimiento de medidas judiciales. Durante los
monitoreos se llevaron a cabo entrevistas a personas detenidas y
recepción de pedidos y de necesidades, observación de documentación
de condiciones de detención e intervenciones urgentes en situaciones
de inminente afectación de derechos o integridad psicofísica de las
personas.

En
tanto, el cumplimiento de medidas judiciales incluyó el contacto
personal con detenidos y detenidas, la recepción de denuncias
penales, la realización de peritajes o la concreción de medidas
probatorias y controles en el marco de habeas corpus en curso.

El
67 por ciento de los establecimientos inspeccionados por la Procuvin
tiene población masculina, lo cual -explica el informe- "es
congruente con la distribución del universo carcelario, que aloja
principalmente a personas de ese género". Los lugares más
inspeccionados fueron los complejos federales de Devoto, Ezeiza y
Marcos Paz.

La
Procuvin, creada por la procuradora general de la Nación, Alejandra
Gils Carbó, mediante la resolución PGN 455/13, del 13 de marzo de
2013, está actualmente a cargo del fiscal general Miguel Palazzani y
en los dos primeros años fue conducida por su colega Abel
Córdoba.

El
carácter preventivo

En
las 100 inspecciones Procuvin intervino con 34 funcionarios y
funcionarias de diferentes disciplinas que forman parte de su plantel
y con 198 miembros de otros organismos, tanto judiciales y del
Ministerio Público, como de control (ong, comités, procuraciones
penitenciarias), periciales y de la Dirección de Comunicación
Institucional de la Procuracion General. "Ocho de cada diez
inspecciones fueron realizadas conjuntamente con miembros de otras
instituciones", destaca el informe.

"Es
necesario que todos los operadores judiciales dedicados al derecho
penal conozcan en forma directa y permanente la realidad de los
espacios de encierro y puedan dimensionar las características del
tránsito de una persona por el archipiélago carcelario",
señala la Procuvin en sus recomendaciones, y explica al respecto que
"la práctica judicial de inspecciones regulares a los espacios
de detención promueve no sólo la detección de delitos y la
consecuente reacción institucional frente a violaciones a los
derechos humanos, sino que también implica una actividad de fuerte
carácter de prevención general respecto de la potencial comisión
de tales hechos".

Y,
en ese sentido, pone de relieve que "el monitoreo debe superar
la mera observación de los espacios de encierro" y que debe
"acompañarse con la intervención, la respuesta a las víctimas
y el seguimiento de los casos y la producción de información
consistente que abone al debate en la materia".

Las
acciones

La
Procuvin informa que en las cien inspecciones realizadas "se
verificaron una multiplicidad de situaciones que configuran graves
violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su
libertad" y que frente a ello se llevaron a cabo diferentes
medidas, impulsadas de acuerdo a la evaluación de cada caso.

En
efecto, se realizaron informes a los jueces, defensores y fiscales a
cuya disposición se encuentran las personas detenidas y
entrevistadas; se interpusieron habeas corpus individuales y
colectivos; se formularon denuncias penales; se participó en mesas
de trabajo junto a múltiples agencias estatales; se instó a la
cesación inmediata de situaciones inhumanas y degradantes,
proveyendo agua y alimentos, atención médica, vestimenta y acceso a
la justicia; se promovió y concretó la clausura de pabellones
durante inspecciones realizadas conjuntamente con funcionarios
judiciales; y se logró la relocalización inmediata de detenidos en
dependencias acordes a los estándares de derechos humanos.

El
informe de la Procuvin también se detiene en las actividades
concretadas en lo que va de 2016: en estos meses la Procuraduría
realizó 21 inspecciones, todas ellas en seis unidades penales
federales y en una de la provincia de Buenos Aires.

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