El
objetivo de este artículo es crear un mapa crítico sobre algunas
formaciones discursivas  (foucault, 1968/1991) acerca de la
encarcelación masiva que han surgido en los últimos años en torno
a la crisis penal estadounidense y ofrecer algunas ideas alternativas
para una agenda radical-reformista  contra la encarcelación
masiva.
El
trabajo plantea cinco tesis breves sobre el tema. La primera se
pronuncia contra las decisiones tecnocráticas y por repolitizar la
encarcelación masiva. La segunda sostiene que la lucha contra la
encarcelación masiva es una lucha contra la desigualdad social. La
tercera plantea que la lucha contra el estado penal es una lucha
contra la privatización. La cuarta mantiene que no se pondrá fin al
estado penal sin una reforma policial radical. Y la quinta y última
afirma que la lucha por la descarcelación es una lucha contra la
transcarcelación. El hilo común entre las cinco tesis presentadas
en este artículo es un intento por ilustrar la ambivalencia
estructural del discurso tradicional de reforma penal que se 
ha  desarrollado  en  los  últimos  años, 
a  raíz  de  la  crisis  carcelaria 
de  Estados  Unidos.

A
pesar de la existencia de abundante literatura sobre justicia
restaurativa,  el potencial de  tal  paradigma 
respecto  a    la  violencia 
grupal 
callejera ha  permanecido  largamente inexplorado.   
Las  implicancias  financieras,  políticas  y 
sociales  que  los  recientes disturbios  han 
ocasionado  en  los  distintos  gobiernos 
alrededor  del  mundo,   generan  un nuevo 
debate  sobre  la  idoneidad  de  las 
prácticas  restaurativas para  aliviar   
el sobrecargado y costoso sistema de justicia penal.  El
presente artículo emplea el método de  estudio  de 
casos, para  investigar  ejemplos  en  India, 
Grecia,  Canadá  e  Inglaterra, lugares donde la
justicia restaurativa es considerada en el tratamiento de los
disturbios.  Así se  identifican  temas  claves
,a  la  vez  que  se plantean recomendaciones, y
- como nuevas políticas -se proponen prácticas e investigaciones en
esta área gris de la justicia restaurativa. 

En
abril sumaron 10521 los privados y las privadas de libertad, 206 más
que en marzo. El 61 por ciento no tiene condena firme. En mujeres, el
porcentaje sube a 69 por ciento y en los jóvenes orilla el 80. La
Procuvin consignó también un apartado sobre las personas detenidas
en cárceles provinciales a disposición de jueces federales.

La
Procuvin realizó más de cien inspecciones a lugares de encierro
desde 2013.

Documentos:
Reporte de información población penal - abril
2016:http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/Reporte-de-informaci%C3%B3n-Poblaci%C3%B3n-penal-Abril-2016.pdf

Las
cárceles federales de todo el país encierran a 10.521 personas, de
las cuales un 39 por ciento recibieron condena que está firme y el
restante 61 por ciento está detenido preventivamente, variable que
respecto de las mujeres asciende al 69% y que en los jóvenes alcanza
el 79,8. Los datos, actualizados a abril, corresponden al informe
mensual que realiza la Procuraduría de Violencia Institucional
(Procuvin) con la información remitida por el Servicio Penitenciario
Federal. Los datos fueron procesados por el Área de Registro y Base
de Datos de la Procuvin, a cargo de la socióloga Ana Laura
López.

La
Procuraduría, que está a cargo del fiscal general Miguel Palazzani,
indicó que durante abril se registró un "importante aumento de
la cantidad de personas alojadas en dependencias del SPF respecto del
mes anterior", con la incorporación a la población penal de
206 personas más.

El
crecimiento de la cantidad de personas encarceladas con prisión
preventiva respecto de las condenadas viene en ascenso desde 2006,
cuando ambas variables registraban 45 y 55 por ciento,
respectivamente. En 2007, la ecuación cambió: los presos y las
presas sin condena llegaron al 56 por ciento. Y en 2014 llegaron al
60.

La
Procuvin señaló que esto significa que "para abril de 2016 un
total de 6.415 personas se encuentran privadas de libertad sin
condena firme en diferentes establecimientos penitenciarios
federales", 75 personas más respecto del mes anterior.

De
este modo, "se registra una pronunciada suba intermensual de la
cantidad de personas encarceladas sin condena firme", incremento
que "acompaña la tendencia registrada durante el primer
trimestre", indicó la Procuvin. Y, en efecto, la evolución
trimestral de esa variable es la siguiente: en enero 6277, febrero
6311, marzo 6340 y abril 6415.

En
la población femenina, que es el 7,2 por ciento del total de
personas detenidas, el porcentaje de personas encerradas sin condena
firme asciende al 69 por ciento. En los últimos datos proporcionados
por el SPF a la Procuvin, fue incluido entre las mujeres el colectivo
trans y se desconoce actualmente la cantidad exacta de integrantes de
ambos grupos.

En
todo el SPF hay 16 mujeres que transitan el encierro embarazadas.
Catorce de ellas están en el Complejo Penitenciario de Ezeiza,
mientras que las restantes se alojan en la cárcel del Noroeste, en
Salta. En tanto, suman 39 los niños y las niñas que viven en el
encierro junto a sus madres.

La
situación de los jóvenes adultos es particular. La cantidad de
detenidos registra un incremento del 7 por ciento intermensual. Y en
cuanto a su situación procesal ascieden al 79,8 por ciento quienes
no tienen condena firme.

Radiografía
de un sistema

El
SPF está compuesto por 28 cárceles, 1 anexo y 10 alcaidías
distribuidas en todo el territorio nacional. En sólo tres de esos
complejos se aloja más de la mitad de las 10521 personas detenidas:
los complejos penitenciarios I (Ezeiza) y II (Marcos Paz) y de Devoto
concentran a 5.389 personas.

En
las cárceles de este sistema se alojan detenidos a disposición de
jueces federales (4083), nacionales (5761) y provinciales
(677).

Pero
hay detenidos del sistema federal que también están alojados en
cárceles provinciales y, por lo tanto, no se encuentran en el
cálculo de los 10521 que pueblan las cárceles del SPF.

Con
el objeto de incorporar a ese grupo en este último informe, la
Procuvin solicitó la colaboración de los fiscales coordinadores de
distrito, que recabaron la información en su jurisdicción de los
detenidos en penales provinciales a disposición de jueces
federales.

Ese
relevamiento permitió conocer que los servicios penitenciarios de
Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires
encierran, en total, 1885 detenidos y detenidas. De esta forma, la
cantidad de personas presas de los sistemas federal y nacional (de la
Capital Federal) llegan a una suma que ronda los 11729 personas. Ese
número es una aproximación, dado que para este relevamiento sólo
se sumaron las provincias que alojan la mayor cantidad de detenidos a
disposición del fuero federal en cárceles provinciales y da cuenta
de la necesidad de creación de un registro único de detenidos
propuesto por la Procuvin.

El
resultado de 11729 se alcanza a partir de sumar a las 10521 personas
que pasan sus días actualmente en cárceles federales con las que lo
hacen en cárceles provinciales a disposición de jueces federales y
nacionales (1885), y de restarle la de los detenidos y detenidas que
dependen de jueces provinciales alojados en cárceles federales
(677).
Ministerio
Público Fiscal
Procuración
General de la Nación
Av.
de Mayo 760 C.A.B.A.
+54
11 4338 4300

Durante
los últimos años en Ecuador, ha comenzado a hablarse de la
“justicia indígena”.  Los  medios  de 
comunicación,  en  la  mayor  parte  de 
casos  por  su desconocimiento, hablaron de “linchamientos”
y “ajusticiamientos”, como si se tratara de un acto de salvajismo
primitivo que atenta los Derechos Humanos. La  
resolución   de   conflictos   en  
la   Justicia   indígena,   tiene  
instancias   y procedimientos   que  
conducen,   a   la   reconstrucción  
individual   y   colectiva   de  
la comunidad.  Los  procedimientos  de  la 
justicia  indígena,  los  castigos  y  los 
rituales  de sanación  son  reconstructivos, 
lo  que  muestra  el  ir  más  allá, 
respecto  a  la  justicia ordinaria  de 
occidente,  que  termina  en  la  cárcel, 
o  máximo  en  una  experiencia  de
rehabilitación. 

La
libertad de reunión es un derecho fundamental que envuelve
colisiones que repercuten directamente en la comunidad. No puede ser
establecida ninguna relacion de prevalencia sobre las libertades o
sobre las de libertad de reunión que   no se basa en una
comprensión adecuada del texto y el contexto brasileño y dar a
conocer como la síntesis de la libertad de la libertad individual y
la libertad política, concebida como una libertad protegida. La
libertad de movimiento, la salud, la intimidad y la privacidad están
los derechos que están en colisión, aunque hay derechos de
convergencia y competencia a la libertad de reunión. Sujetos a la
identificación de los elementos que conforman una relación de
precedencia condicional. El sellado de la reunión en sí, porque su
objetivo se justifica sólo cuando sea manifiestamente contraria al
orden constitucional de los derechos fundamentales, concebida  
como   libertad  protegida.