En México, la transición del sistema inquisitivo
a uno de corte 107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">

acusatorio oral posibilitó la reconfiguración de las
prácticas de los

operadores jurídicos. Recientemente se llevó a cabo una
profunda

reforma normativa en la fase de ejecución encaminada a
alinearla los

principios que rigen el enjuiciamiento penal. Si bien es
previsible

que en dicha fase se reconfiguren las prácticas de los
operadores,

todo apunta a que tendrán que superarse distintas prácticas a
partir

del cambio, originadas en esquemas propios de la cultura
judicial de

los funcionarios que aplicarán la reforma. El elemento
central de la

reforma de justicia de 2008 es tener un sistema que pretende
ser más

garantista durante todo el proceso jurídico y posteriormente
en la

supervisión de la pena. En el sistema inquisitivo velar por
los

derechos humanos de los involucrados en el proceso no era
prioridad.

El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta ley dicta
todas

las normas que deben salvaguardar los derechos humanos de las
personas

que han sido sentenciadas. En el presente artículo se abordan
las

percepciones de los operadores jurídicos en la transición del
sistema

de justicia a partir de entrevistas realizadas en el Juzgado
de

Primera Instancia en Cuernavaca, Morelos en el 2014. Pero,
así como el

nuevo sistema tiene bondades que tocan tanto al imputado como
a la

víctima, nos preguntamos de qué manera la cultura judicial de
los

funcionarios que aplicarán la reforma en materia de ejecución
podría

interferir en la protección de los derechos humanos de las
personas

privadas de la libertad y sus familias

Se analiza la aplicación de las instituciones
del tercer grado y  de line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

la  libertad  condicional  a 
infractores  extranjeros,  tras  la

reforma operada en el art. 89 del Código Penal español por la
LO

1/2015, para poner de manifiesto que nos encontramos ante una

modificación que utiliza ambas herramientas como vías de
acceso a la

expulsión de infractores extranjeros, en lugar  de 
como  vías  útiles

 para  su  reinserción.

Para  ello,  se  parte  del 
estudio  del  declive  que  ha  sufrido

la  reinserción  social  en  España 
a  raíz  de  diversas  medidas

legales  que  el  El medio abierto en España
como vía de acceso a una

expulsión tras la reforma de la LO 1/2015 legislador ha venido

adoptando, principalmente desde el año 2003,  así 
como  del  análisis

 e  interpretación  de  sentencias de la
Audiencia Provincial

española, en aras de conocer los criterios  que 
siguen  al  aplicar

la  libertad  condicional  y  el 
tercer  grado  a  los  condenados

extranjeros.  Se  llegó  a  la 
conclusión  de que se trata de medidas

que no son proclives a la reinserción social de los
infractores

extranjeros, puesto que, en vez de utilizarse para
reinsertarlos en la

sociedad, se emplean para practicar su expulsión.