El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “M. L. B., G. s/suspensión del juicio a prueba” (causa n° 61.372/2014) rta. 4/10/17, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra la resolución del juez de la instancia de origen que no hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba. Los vocales, por mayoría, confirmaron la resolución.

            Ricardo Matías Pinto explicó que la situación procesal del imputado encuadraba en el cuarto párrafo del artículo 76 bis del C. P. que establece como requisito de procedencia que el fiscal preste conformidad. Que en el caso el representante del Ministerio Público se opuso, si bien mínimamente, de manera fundada. Agregó que no estaba determinado el monto del perjuicio ocasionado ni se conocía con exactitud las reales posibilidades económicas del imputado, situación que impedía evaluar la razonabilidad del monto ofrecido como reparación patrimonial.

            Juan Esteban Cicciaro, sin perjuicio de su opinión en cuanto a que la suspensión del proceso a prueba debe solicitarse una vez que la instrucción está completa y después del auto o decreto de elevación a juicio, adhirió al voto de Pinto.

            Mariano Scotto, en disidencia, consideró que la oposición manifestada por el fiscal fundada en que no se advertía voluntad por parte del imputado en solucionar verdaderamente el conflicto y en que el ofrecimiento efectuado no satisfacía el real perjuicio, no podía ser tenida como válida porque no se ajustaba al objetivo pretendido por la norma. Precisó que el "ofrecimiento" no tiene una finalidad patrimonial y resarcitoria civil porque, en caso de suspenderse el proceso a prueba, aún cuando la víctima no acepte el ofrecimiento, tiene habilitada la acción civil, circunstancia que demostraba que su naturaleza no es indemnizatoria. En definitiva, votó por revocar la resolución para que se evalúe la procedencia del beneficio bajo las reales posibilidades económicas del imputado, debiéndose tener en cuenta la información socioambiental.

Corresponde disponer que dos hermanas denunciadas por amenazar y lesionar a una compañera de grado concurran en horario vespertino a la biblioteca del colegio durante 24 hs semanales hasta la finalización del año escolar para ayudar al personal con las tareas de organización, disposición de libros y sobre todo de aquellos en los cuales se haga referencia al buen comportamiento ciudadano y que cada una de ellas lea el Diario de Ana Frank, hagan un resumen y lo expongan frente a la Sra. Directora y el resto de sus compañeros de aula, toda vez que si bien son no punibles por sus edades y por el delito cometido, que encuadra en los tipos jurídicos del Art. 89 del Código Penal, desarrollaron comportamientos inadecuados frente a una de sus compañeras, por tal motivo, no puede hacerse caso omiso a tal denuncia, siendo obligación de los servidores públicos, del personal docente y administrativo, como así también de los padres y de la sociedad toda, brindar una respuesta eficaz, oportuna y responsable a fin de que reflejen el respeto a la vida, a la integridad de las personas, de su dignidad y sus derechos, rechazando la violencia y todo tipo de agresiones, en adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento.