Ahora bien, conforme los propios postulados de la teoría de la imputación objetiva, dicho riesgo exige en un segundo nivel de imputación, concretamente que dicha conducta supuestamente riesgosa se realice en el resultado. Respecto de este juicio se ha discutido si debe ser efectuado en términos verificables o meramente hipotéticos, en términos de lo primero es claro que en este caso tal aserto no ha podido ser comprobado en la causa de ninguna forma. En términos hipotéticos, haciendo un juicio “ex ante” del comportamiento omisivo imputado, se debe apelar a la fórmula del comportamiento alternativo conforme a derecho (otros hablan de nexo de determinación), suponiendo, reiteramos, en términos hipotéticos, la
realización de la conducta debida.

RESUMEN:
En una causa en que se investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral se suscitó una contienda de competencia entre la justicia provincial y la justicia federal. La Corte expresó que de los testimonios de la víctima y las conclusiones a las que arribaron las especialistas en la materia, se desprendía el engaño en que habría incurrido el denunciante por parte de quien le habría ofrecido un trabajo con una retribución salarial que jamás habría recibido, el sometimiento físico y psicológico al que habría estado expuesto y las malas condiciones de habitación en las que habría permanecido, con abuso de su situación de vulnerabilidad. Concluyó entonces en que, más allá de la significación penal que en definitiva corresponda asignar a los hechos denunciados, confluían una serie de circunstancias que impedían descartar la existencia de conductas en infracción a la ley de sanción y prevención de la trata de personas, por lo que correspondía a la justicia federal conocer en las actuaciones.

SUMARIOS:
- Ante la inobservancia de determinadas cargas o requisitos sean de constitución o de instancia se habrán de generar repercusiones, más o menos intensas, según el caso, ya que el incumplimiento puede acarrear la declaración de inadmisibilidad, tener a la parte por renunciada o desistida, o eventualmente generar la nulidad de alguna actividad desarrollada.
- Quien ostenta la calidad de querellante ha de cumplir las cargas que le corresponden si pretende ejercitar sus derechos válidamente, habiendo regulado el legislador distintos supuestos en que el acusador privado puede apartarse del rol, tanto por renuncia expresa cuanto porque deba inferirse de su propia actividad (o inactividad) el desistimiento de su intervención tácitamente.
- Sin desconocer el alcance o la significación que cabe dar al principio pro actione, entiendo que el caso no debió resolverse en pos del mantenimiento del querellante -que incumpliera la carga de presentar acusación temporáneamente- con base en impedir una merma de derecho a la tutela judicial efectiva
- El derecho a la tutela judicial efectiva no es absoluto, y en tal sentido el legislador se encuentra autorizado para regularlo en nombre de otros derechos o intereses que encuentran protección constitucional, a saber el derecho de defensa y debido proceso legal, a confrontar en definitiva con una acusación propuesta válida y tempestivamente.

RESUMEN:
En un proceso donde se investiga el delito de lesiones en riña dos de sus autores eran menores de edad al momento del hecho, el juez nacional en lo criminal de instrucción en consonancia con el dictamen fiscal declinó su competencia en favor de la justicia en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
La Cámara en un voto unipersonal y con fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño revocó la decisión y mantuvo la causa en la justicia nacional especializada como garantía de un proceso penal adecuado a la protección de los involucrados.