Internet
y las redes sociales constituyen un medio idóneo en términos de
oportunidad criminal. La ausencia de  responsables  de 
los  contenidos  que  se  introducen  o 
de  las  actividades  que  se  puedan 
realizar  en  ese entorno,  el  relativo 
anonimato  del 
usuario  y  el modelo 
de  privacidad  que se  está  imponiendo –
sobre  todo entre los jóvenes –facilita y potencia los
comportamientos criminales en el entorno virtual. A lo anterior se
unen las dificultades de persecución penal, propias de un sistema
jurídico qu
e reacciona con lentitud en un escenario que le es
ajeno y prácticamente desconocido. Entre ellas, la falta de
experiencia social y jurídica en este  ámbito;  el 
cambio  de  paradigma  jurídico  que 
supone  aplicar  las  normas  vigentes  a 
una  población  e incluso  a 
un 
territorio  indeterminado,  globalizado;  los 
tiempos  de  reacción  desde  que 
aparecen  estas conductas  hasta  que  son 
finalmente  perseguidas; la  disgregación  normativa 
existente;  los  paraísos tecnológicos;  o  la 
difícil  adecuación  del  derecho  de 
prueba,  por  citar los  más  relevantes. 
Por  todo  lo  dicho, tras analizar los riesgos y las
dificultades señaladas, y partiendo siempre de una valoración
positiva de estos avances  tecnológicos,  se 
proponen  algunas  medidas  que,  entiendo, 
pueden  servir  para  reducir  la  aludida
oportunidad  criminal  que  amenaza,  sobre 
todo,  a  los  menores  de  edad,  por 
ser  los  usuarios  habituales  de 
internet.
Con ello se pretende provocar el debate sobre cuestiones clave como
son el anonimato en internet y el valor del consentimiento otorgado
por un menor de edad a través de estos canales de comunicación. 

El
abordaje del tema es producto de la búsqueda de sistematizaciones
de
las prácticas de los psicólogos en cárceles y la integración de
normativa
ética deontológica de la profesión, para el análisis
critico de las normas de la
Ejecución de Penas Privativas de la
libertad, en particular en la Provincia de
Santa Fe.
La
psicología, en ese contexto, entra en tensión con
“normatividades”
del campo penal, y en particular se producen
‘colisiones normativas’ entre los
mandatos éticos que rigen
la actividad profesional y un conjunto de
legislaciones que se
yuxtaponen.
Pero en ese terreno de intervenciones, para encontrar
las herramientas
que resuelvan las colisiones normativas, es
necesaria la reflexión
interdisciplinaria con los juristas. Estas
podrán dar nuevas perspectivas a la
psicología respecto del
campo del derecho como un territorio de intersecciones
y
producciones interdisciplinarias, para lo cual es crucial la
investigación de
normativa nacional y supranacional.
Palabras
clave: Derechos Humanos, ética, Psicología, cárcel. 

Los
componentes ideológicos, políticos y culturales del positivismo en
argentina atraviesan no solo la historia de las instituciones
políticas de la nación sino que han dejado marcas profundas en las
prácticas de la psicología en las cárceles. Esos orígenes de la
psicología en argentina se sostienen en una discursividad lógica
alejada de la protección de derechos y en colisión con la normativa
jurídica que regula y orienta nuestra práctica profesional.
Esa
herencia de los orígenes de la criminología positivista en la
argentina trasvasó los valores morales de la nación emergente al
desarrollo de la psicología que germinaba desde la cárcel como
disciplina académica.
Nombres y funciones de equipos
profesionales en la pena, donde se enclavan psicólogas y psicólogos,
y el derrotero de sus cambios, nos permites rastrear la lógica de
aperturas o cierres de políticas públicas en materia de derechos. A
la vez, en esos nombres podremos apreciar el valor de la impronta
ideológica y las concepciones de la criminología positivista,
etiológica y peligrosista, que producen en los profesionales y en
particular de la práctica de la psicología una dilemática respecto
de las implicancias ético-político en la función forense y
jurídica en relación a la protección de los derechos humanos.

Iniciamos
nuestro artículo con una aproximación al concepto de parricidio
reconociendo sus antecedentes y los principales aspectos sobre los
cuales se ha circunscrito. Posteriormente presentamos de manera
crítica las diversas perspectivas sobre el abordaje de este crimen.
Se reflexiona sobre las disciplinas que han proclamado abordar el
carácter subjetivo de este fenómeno y presentamos las dificultades
que no han podido sobrellevar, así como las consecuencias
provenientes de esta imposibilidad. Se plantea al psicoanálisis como
una forma inédita de aproximarse al estudio subjetivo y estructural
del parricidio tanto en teoría como en práctica, considerando la
tesis freudiana de que “La muerte del padre” es el crimen
principal que funda la humanidad y al sujeto. Se propone el análisis
de los primeros escritos de Freud que lo llevan a proponer esta
tesis.

Autores: Alejandro Diaco, Marisa Sadi, Silvana Weller, Dirección de Sida y ETS, Componente Personas en Contexto de Encierro

La
publicación, realizada en alianza con ALER y GESEC, quiere darle
visibilidad al tema y ofrecer información relevante a fin de apoyar
a las/os profesionales de comunicación en la cobertura de los
derechos humanos, y del derecho humano a la educación en particular,
en el interior de las cárceles

Como
parte de la iniciativa Ampliando Voces: Caminos de Libertad, la
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en
alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
(ALER) y el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC)
da a conocer Contextos de Encierro, Contextos de Derechos, una guía
para periodistas, comunicadoras y comunicadores que tiene el objetivo
de darle visibilidad al tema del cumplimiento de los derechos humanos
en contextos de encierro, presentando información relevante que
sirva de apoyo a las/os profesionales de comunicación en la
cobertura de los derechos humanos, y del derecho humano a la
educación en particular, en el interior de las cárceles de América
Latina y el Caribe.

La
necesidad de realizar esta guía nace de una realidad en que la
mayoría de las personas privadas de libertad no gozan plenamente de
sus derechos a la educación, trabajo, salud, vivienda y otros. En el
interior de las cárceles, la realización de sus derechos se
encuentra con enormes obstáculos, porque suelen ser encarados como
“beneficios” o “privilegios” a alcanzarse mediante un buen
comportamiento. “En realidad, el marco jurídico internacional es
claro: el Estado debe garantizar y promover el goce efectivo de todos
los derechos humanos a todas las personas en contextos de encierro,
ya que en teoría estas personas sólo están privadas de su libertad
ambulatoria, es decir, la de ir y venir (libre tránsito)”, afirma
la publicación. También merece atención el hecho de que la mayoría
de las personas privadas de libertad en nuestra región no fue
siquiera juzgada.

Las
y los realizadoras/es de esta guía consideran que, en los casos de
violación de derechos, los medios juegan un papel vital. Desde las
plataformas impresas, como las virtuales y audiovisuales, las y los
periodistas informan a las personas sobre los derechos humanos,
generan conocimiento sobre las violaciones de los mismos e incentivan
debates públicos sobre el papel de los gobiernos, de los sistemas
legales, de la sociedad civil, del sector privado y de los mecanismos
internacionales de protección de los derechos humanos.

Como
contribución a este trabajo fundamental, la guía presenta
información sobre los principales mecanismos de derechos humanos
internacionales y regionales que garantizan los derechos humanos de
las personas en contextos de encierro, inclusive el derecho a la
educación; informaciones sobre los sistemas carcelarios y el perfil
de las personas privadas de libertad en América Latina y el Caribe;
consideraciones sobre tópicos centrales, dilemas de cobertura y
puntos sensibles en torno al tema; y sugerencias sobre cómo producir
piezas periodísticas (artículos, gráficos, audiovisuales,
radiales, etc.) desde una perspectiva de derechos humanos, que
respete a las personas privadas de libertad.

La
guía también contiene un apartado específico acerca del tema de la
discriminación, que discute tres dimensiones fundamentales:
adolescentes en conflicto con la ley penal – asunto que requiere
que las personas profesionales de la comunicación tengan
sensibilidad en el tema de los derechos de la niñez y adolescencia
–; mujeres en contextos de encierro, personas indígenas y afro
descendientes privadas de libertad. La intención es llamar la
atención sobre las conexiones entre identidad, género, raza, etnia
y condición social, y la permanencia de desigualdades estructurales
que culminan en el encierro. Para finalizar, se hace un recorrido
sobre temas y fuentes que pueden interesar a las y los periodistas y
comunicadoras/es.