RESUMEN:

En el marco de una protesta, un grupo de personas cortó el tránsito de una ruta nacional. Por ese hecho, se inició una investigación por el delito de entorpecimiento de la vía pública. Luego, el fiscal de la etapa de instrucción solicitó el archivo de las actuaciones por considerar que el hecho imputado no constituía un delito. Sin embargo, el tribunal de primera instancia procesó a uno de los manifestantes. La fiscalía y la defensa de la persona impugnaron la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que los hechos imputados eran atípicos y que la actuación del juez era arbitraria, ya que violaba el principio de imparcialidad y el principio de prohibición de actuación de oficio por parte del juez. Por su parte, la defensa argumentó que el juez había excedido sus competencias al continuar el proceso sin el impulso de la fiscalía. La alzada confirmó la decisión del juez de instrucción. Entonces, el fiscal de primera instancia revisó su criterio inicial y consideró que existían elementos para continuar con el proceso. Ante esta nueva postura, la defensa presentó un recurso de casación. Entre otras consideraciones, argumentó que se había violado el principio acusatorio y se había procedido sin un impulso fiscal válido.

Decisión de la CFCP

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, anuló la resolución impugnada y remitió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento (jueces Slokar, Petrone y Barroetaveña).

Argumentos:

1. Principio acusatorio. Garantía de imparcialidad.

“[E]n razón de la posición asumida por el Ministerio Público Fiscal, frente a la inexistencia de controversia entre la acusadora y la defensa, extremo afirmado desde siempre como condición esencial de la imparcialidad (‘terzietà’), no cabe sino atender favorablemente el reclamo”.

2. Libertad de expresión. Protesta. Democracia.

“[R]esulta cuanto menos preocupante el empeño por ampliar el ámbito que históricamente se ha asignado al tipo previsto en el artículo 194 CP, con el propósito de restringir las libertades de reunión, expresión y petición a las autoridades. La interpretación limitada del precepto penal en cuestión constituye, en estas circunstancias, resguardo esencial de nuestro sistema democrático”.

RESUMEN:
El superior tribunal provincial revocó la pena de prisión perpetua como autor del delito de homicidio agravado por ensañamiento y confirmó la condena por el delito de homicidio simple.
La Corte dejó sin efecto la sentencia por entender que el superior tribunal se había basado en una parcial apreciación de las argumentaciones del tribunal apelado para contemplar que hubo ensañamiento en el accionar del acusado.
Consideró que el superior tribunal afirmó que la decisión se había basado en las apreciaciones que realizó el médico forense y solamente a partir de ello había encontrado colmado el aspecto subjetivo pero, sin embargo, del fallo surgía que se había emprendido el examen de cada uno de los testimonios brindados y demás elementos probatorios de relevancia. Y, en esta línea, al abordar específicamente el análisis de la agravante en cuestión, describió las características de las heridas provocadas en vida de la víctima y la de carácter fatal y, a su vez, contrastó la reconstrucción de lo sucedido con la versión que dio el imputado.
Agregó además el Tribunal que la conclusión resultaba de mayor entidad si se atendía a que los antecedentes y circunstancias lo situaban en el contexto de violencia contra la mujer, que el tribunal había dejado sin respuesta.

RESUMEN:
La Corte Suprema declaró la nulidad de varios artículos introducidos en la reforma Constitucional de 2006 de Tucumán. Entre ellas, la que autorizaba la introducción de residuos peligrosos en la provincia, que violentaba el art. 41 de la C.N.

RESUMEN:

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de la Provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad condenar a Luis Alberto Ramos por homicidio agravado por odio a la identidad de género y a la orientación sexual (transhomicidio) según lo previsto en el art. 80 inc. 4 del Código Penal.

En la sentencia se destacaron los pequeños actos, identificados como micro machismos, que resultaron determinantes para acreditar el odio del acusado contra Tehuel. Se concluyó que la relación de amistad entre el autor y la víctima fue aprovechada por Ramos para revelar su odio y matarlo. Se consideró que, a pesar de afirmar que era su amigo, nunca reconoció su identidad. Que se refería a él como “chica/chico”, que “era un desperdicio de mujer” y “le daba bronca que fueses trans”. Se explicó que estas formas de violencia evidenciaron una particular forma de subordinación y perpetuación que acreditó de manera elocuente la vulnerabilidad de la víctima. Se sostuvo que el nivel de odio hacia la identidad se llevó al punto total de invisibilización de Tehuel con la desaparición de su cuerpo. Se destacó que mediante ello se ha prolongado a perpetuidad el sufrimiento por desconocer dónde está y realizar el correspondiente duele por parte de sus familiares.

Este fallo del Juzgado Federal de Pehuajó aborda un caso de tráfico en el que se acusa a varias personas de transportar estupefacientes desde Argentina hacia Chile. Los hechos principales incluyen la interceptación de un autobús en el que viajaban los acusados con drogas ocultas, la captura de comunicaciones telefónicas que evidenciaban la organización delictiva y la coordinación del transporte de drogas, y los allanamientos realizados en los domicilios de los imputados donde se encontraron más pruebas.

Con base en las pruebas recolectadas, como las escuchas telefónicas, testimonios y hallazgos de sustancias ilegales. El tribunal concluye que existen elementos suficientes para procesar a una de las imputadas por transporte de estupefacientes agravado y falsificación de documentos públicos, mientras que a las demás imputadas se les desvincula de la causa al no hallarse pruebas suficientes para mantener las acusaciones, considerando que, si bien estaban involucradas en el transporte de estupefacientes, actuaron bajo coacción y engaño por parte de otros miembros de la organización criminal. Reconoce asi que su participación fue condicionada por amenazas y manipulación debido a su contexto socioeconómico precario, lo que llevó al tribunal a desvincularlas del proceso penal por falta de responsabilidad penal.