“-Para que la declaración de reincidencia proceda, el condenado debe haber cumplido en detención –en esa calidad- hasta haber llegado al período de prueba de su condena anterior. El cumplimiento parcial de la condena anterior, que resulta jurídicamente relevante a los fines del art. 50 CP, es aquel en el que el penado ha transitado el tratamiento ideado por el Estado para su resocialización, por lo menos hasta el estadio del período de prueba (voto del juez Bruzzone)

Cita de “Salto”, Reg. 374/2015

-Corresponde dejar sin efecto la decisión recurrida en cuanto mantuvo la declaración de reincidencia del condenado sin analizar el tratamiento penitenciario que se le dispensó en las condenas que le habían sido impuestas, puesto que a tal fin, resulta insuficiente puesto que el pronunciamiento no aborda el camino que el penado ha transitado en el tratamiento progresivo ideado por el Estado para brindar herramientas para su resocialización –en particular, el período de tratamiento propiamente dicho-, sino que se limita a destacar el antecedente condenatorio por el cual el imputado cumplió pena (voto del juez Bruzzone)

Cita de “Salto”, Reg. 374/2015

-Asiste razón a la defensa al cuestionar la decisión de mantener la declaración de reincidencia del condenado, en cuanto postula la insuficiencia de limitarse a destacar el registro de condenas anteriores sin referir, mínimamente, de qué condena se trata o bien, cuál fue la declaración de reincidencia que resolvió mantener, sino que se limitó a mencionar que el imputado “registra condenas anteriores”. Es que la solución veda el control por parte de la asistencia técnica respecto de ese punto dispositivo, ya que resulta imposible conocer los términos de la condena que declaró reincidente al acusado para, posteriormente, declarar la reincidencia (voto del juez Bruzzone)

-A los fines de los términos del art. 50 CP, es necesario que el condenado haya tenido la posibilidad de ingresar en el período de prueba, para lo cual necesita haber cumplido al menos la mitad de la condena –en calidad de condenado- por lo que no pueden computarse a tales fines los plazos en los que estuvo en prisión preventiva (voto de la jueza Llerena)

Cita de “Guerra”, Reg. 483/2018 y “”González”, Reg. 1068/2018

-Resulta imposible el análisis de las existencias contenidas en el art. 50 CP si el tribunal no especificó sobre la base de qué antecedente condenatorio o proceso penal procedió a declarar reincidente al condenado. En definitiva, cualquier análisis respecto del proceso de resocialización para proceder a ello, se trunca al momento en que el tribunal no distingue los presupuestos de los que partió para dictar la reincidencia en el caso (voto de la jueza Llerena)

CFCP revoca denegatoria de prisión domiciliaria y ordena el reenvío al Juzgado de ejecución de origen para realizar un amplio informe socioambiental que permita averiguar cuál es la situación de les hijes del detenido y si se encuentran en estado de abandono. El art. 32, inc. f) de la Ley 24.660 debe interpretarse a partir del principio pro homine y teniendo en cuenta el interés superior de les niñes. Debe valorarse que el acusado pertenece a la Comunidad del Pueblo Wichi, en dificultades económicas y sociales, atravesado por una lógica patriarcal que restringe las oportunidades laborales de su mujer y sitúa a la familia en una situación de precariedad especialmente grave. 

En el caso, personal policial que actuó en respuesta a la actitud elusiva desplegada por las personas a las que observó en la vía pública. Interceptación para identificar a eventuales transeúntes que no constituye una detención en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional, ni una privación de la libertad a la que se refieren los artículos 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque en el marco de un empleo razonable y proporcionado a las circunstancias, se trata en principio de una actividad ordinaria en un policía en función de vigilancia que no implica una injerencia estatal significativa y, por ende, no podría resultar alcanzada por las exigencias del artículo 284 del Código Procesal Penal de la Nación, toda vez que ello redundaría en el cercenamiento del legítimo ejercicio de las fuerzas de seguridad en su rol de prevención general de los delitos. Detención que encuadra en las previsiones del artículo 282 del C.P.P.N. al haberse constatado que quien fuera identificado registraba orden de captura dictada en su contra por informar el juzgado correspondiente que “la misma era de interés y se encontraba vigente”.