El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “S. V., L. O. s/concesión de excarcelación” (causa n° 78.522/14) rta. 16/4/2015, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra la resolución de la juez de la instancia de origen que concedió al imputado la excarcelación. En el caso, se le imputa un homicidio agravado, en grado de tentativa, en concurso ideal con un homicidio culposo, toda vez que, con intención de matar a una mujer, efectuó dos detonaciones con un arma de fuego, frente a quince personas aproximadamente, causando el deceso de una menor de edad. Los vocales, por mayoría, revocaron la resolución.

Precisó Ricardo Matías Pinto (a cuyo voto adhirió el Rodolfo Pociello Argerich –Presidente de la Cámara-), que mas allá de que el imputado no registre antecedentes condenatorios y tenga un buen concepto vecinal, en el caso existían los peligros procesales del artículo 319 CPPN que imponen revocar su soltura pues, como alegó el fiscal, la severidad de la pena en abstracto y la circunstancia de que no dudó en disparar contra la víctima aún en presencia de un agente de prefectura, indican su desapego a la autoridad y permiten inferir que de ser sancionado no se someterá voluntariamente al proceso, a lo que debía agregarse que existía también un peligro de entorpecimiento de la investigación pues la tía de la menor fallecida denunció haber sido amenazada por el imputado quien había vuelto al lugar en donde sucedieron los hechos, pese a haberse comprometido a residir en otra ciudad. Agregó que el tiempo transcurrido en detención no se exhibía desproporcionado en relación a la pena prevista en expectativa para los delitos que se le atribuían. En su voto, Rodolfo Pociello Argerich (Presidente de la Cámara) compartió el voto de Pinto, refiriendo que existían en el caso justamente los dos motivos por los cuales podía mantenerse la privación de la libertad, el riesgo de entorpecimiento y la posibilidad de fuga. Que si bien sostuvo en reiteradas oportunidades que en casos en donde el imputado ya se encuentra en libertad, el efecto no suspensivo del recurso interpuesto otorga cierto grado de abstracción a la discusión sobre el riesgo de elusión, lo cierto era que, en el caso puntual, había pautas indicativas de un peligro de entorpecimiento que ameritaban revocar la resolución cuestionada.

En disidencia, Mauro A. Divito, voto por confirmar la excarcelación concedida porque entendía que no había peligro de fuga, por encontrarse ya el imputado en libertad y porque estaba cumpliendo regularmente con su obligación de comparecencia periódica ante el juzgado. Que además se había identificado correctamente, no tenía antecedentes penales, no registraba rebeldías y había aportado un nuevo domicilio en el que estaba residiendo. Agregó que había sido sobreseída la denuncia en su contra por supuestas presiones a una testigo -pese a que tal sobreseimiento no se encontraba firme aún- y que ello diluía el supuesto riesgo de entorpecimiento invocado por la fiscalía.

Fuente; Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca, CCC.

Fuente: Infojus http://www.infojus.gob.ar/violencia-genero-confirman-condena-tentativa-…

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “A., F. s/nulidad” (causa n° 520062850/2012) rta. 2/6/2015, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra la resolución del juez de la instancia de origen que rechazó el planteo de nulidad presentado respecto del reconocimiento fotográfico llevado a cabo durante una declaración testimonial tomada en la fiscalía en la cual se accedió por internet a Facebook. En el caso, el damnificado denunció que a partir de la patente de la motocicleta que intervino en el hecho, averiguó los datos de su titular y lo buscó en Facebook, reconociendo así a su agresor en el sujeto que se observaba en las fotografías del perfil, ante lo cual, el fiscal le recibió un nuevo testimonio y durante la declaración se procedió a acceder a la página para obtener las imágenes. Los vocales confirmaron el rechazo de la nulidad, con costas.

Precisaron que tanto la jurisprudencia como la doctrina han considerado válidos los reconocimientos impropios integrativos de las declaraciones testimoniales, ya que ellos resultan actos informativos encaminados a consolidar el presupuesto y a valorar la credibilidad de aquel elemento de prueba. Que el reconocimiento impropio a través del cual se invita a la víctima para que indique si se encuentra o no la persona por ella mencionada no debe confundirse con la prueba de reconocimiento, ya que se trata de una simple manifestación informal de conocimiento. Que por eso la medida se diferencia de la prevista en el artículo 274 del CPPN, ya que es una simple manifestación informal de conocimiento a la cual no se le aplican las reglas contenidas en su artículo 270 y siguientes. Finalmente concluyen que no hay afectación a las garantías constitucionales y confirman la resolución, destacando inclusive que la mera circunstancia de que el juez haya dejado sin efecto el reconocimiento en rueda de personas ordenado por el fiscal, en modo alguno ha afectado la validez del acto atacado ni los derechos del imputado.

Fuente: Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca - CCC.

Intimidación pública. Amenaza de bomba. Declara inadmisible el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, confirma el sobreseimiento, en orden al supuesto delito de intimidación pública, dispuesto en favor de una joven a quien se le imputó haber alertado falsamente, mediante un llamado telefónico, sobre la existencia de un artefacto explosivo dentro de la escuela pública a la cual concurría como alumna. Considera que el referido llamado sólo se trató de un mero aviso que no tuvo la capacidad de generar los efectos descriptos en el tipo penal pretendido. En ese sentido entiende que carece de sustento jurídico pretender profundizar la investigación cuando siquiera resulta posible afirmar que el llamado en cuestión tuviera la capacidad material de perturbar la seguridad común en los términos previstos por el art. 211 del Código Penal.