RESUMEN:
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco elaboró y aprobó mediante la Resolución 9/2022 el Protocolo de Contingencia para el restablecimiento gradual y progresivo de los servicios y sistemas, y para determinar los lineamientos de trabajo del Poder Judicial a partir del 1ero. de febrero de 2022. En el mismo, además de brindar directrices en relación a los servicios que podrán utilizarse, los que no, y la forma; se instruye al Centro de Estudios Judiciales a efectos que lleve adelante las capacitaciones necesarias del personal judicial y auxiliares de justicia en la materia.
Este Protocolo se dictó en el marco de las medidas adoptadas por el Poder Judicial de Chacho en virtud del ataque de software malicioso (del tipo ransomware) sufrido en el mes de enero de 2022 donde se afectaron los servidores de dicho Poder del Estado, como así también las funcionalidades y servicios brindados por el Poder Judicial.
De acuerdo con lo que indica el Anexo, el Protocolo regirá desde el 1ero. de febrero de 2022 y menguará en su vigencia y aplicación a medida que los servicios y sistemas del Poder Judicial sean restablecidos. Durante ese lapso de tiempo, se encomienda la utilización del expediente judicial mixto.

Sumario:

I.- Intervención socioeducativa, medida socioeducativa y finalidad socioeducativa; II.- Aportes de la justicia restaurativa a la intervención socioeducativa. Algunas precisiones conceptuales; III.- Prácticas restaurativas con adolescentes. La especificidad del abordaje restaurativo con adolescentes en el ámbito penal; IV.- Bibliografía

Resumen:

La extensión de prácticas restaurativas en el sistema penal adolescente ha generado un campo novedoso de prácticas y teorías que conviven con las ya existentes. En esta suerte de diálogo de prácticas preexistentes con las restaurativas, es común encontrar ciertas confusiones o tensiones entre conceptos que, si bien pueden tener puntos de contacto, no resultan fácilmente homologables. En este sentido, en ocasiones puede oírse cómo se homologan las prácticas restaurativas a las medidas socioeducativas; cómo se asimila la justicia restaurativa a la restitución de derechos; o cómo se confunde el rol de los operadores en las intervenciones socioeducativas con el de los operadores en los procesos restaurativos. Este documento tiene como finalidad recorrer esos ejes de tensión para promover la reflexión sobre la especificidad del abordaje restaurativo, sus aportes y complementariedades con el abordaje socioeducativo. Esta propuesta de análisis surge del diálogo e intercambio entre sus redactores, trabajadores del sistema penal y referentes de justicia restaurativa.

SUMARIO:

El Ministro Ricardo Lewandowski, en reciente decisión, de fecha 17 de enero de 2022, y en autos de Petición registrados bajo el nº. 10.139/DF, determinó la inadmisibilidad de una querella penal interpuesta contra un senador de la República, debido a que el autor de la acción no efectuó el debido pago de las costas procesales respectivas, trámite que, como es conocida, y por regla general, es necesaria para la recepción de la pieza acusatoria de carácter privado. En el caso analizado por el relator, como la supuesta irregularidad procesal ya no podía ser subsanada, pues los hechos que motivaron la denuncia penal ya habían ocurrido hace más de seis meses, se declaró extinta la punibilidad, reconociéndose la decadencia en relación con el derecho ofrecer la pieza acusatoria, en los términos de los artículos 103 y 107, IV (segunda parte), ambos del Código Penal, además del artículo 38 del Código Procesal Penal.

SUMARIO:
El artículo analiza, a partir de la sentencia V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua de la CorteIDH, el deber motivación de las resoluciones judiciales en materia de hechos y su alcance a partir de las análisis de las concepciones persuasivas y racionales de la prueba.

Cita sugerida: Quaestio facti. Revista internacional sobre razonamiento probatorio, ISSN-e 2604-6202, Nº. 1, 2020, págs. 359-382 Idioma: español
Publicado originalmente en: https://revistes.udg.edu/quaestio-facti/article/view/22381

Sumario: I.- Software privativo y software libre; II.-El derecho al acceso a la información pública; III.- Código abierto como garantía del derecho a la información; IV.- Apéndice bibliográfico.

Resumen: El presente trabajo aborda las problemáticas inherentes al uso de tecnologías por parte de los organismos públicos en su intermediación con la ciudadanía. A estos fines, abordará el encuadramiento legal del software, para luego enfocar sus esfuerzos en sustentar la tesitura de que las consecuencias derivadas del derecho a la información pública, así como de los principios internacionales en materia de transparencia y no discriminación, conforman un deber jurídico para la compra de software de código abierto por parte del Estado.

Este texto trata del análisis de una decisión de la Corte Suprema de Brasil sobre el derecho a una duración razonable de la investigación penal.

El entorno digital es uno de los espacios vitales en los cuales la perspectiva de género debe ser resguardada ya que este es un medio construcción de discursos legitimantes de la violencia de género o bien un ámbito de de-construcción de nociones patriarcales. En este sentido, la Convención de Belem do Para se erige como instrumento que establece que la violencia tiene una manifestación simbólica.

RESUMEN:
La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) presentó su informe de gestión 2021, en el que analiza su intervención en la asistencia a fiscales de todo el país, su labor autónoma en la investigación y su rol como organismo especializado en el diseño de la persecución penal en la materia en conjunto con otras agencias del Estado.
Al cierre de 2021, se encontraban activas en la PROCUNAR 599 intervenciones, entre colaboraciones (295), investigaciones preliminares (124), causas delegadas (56) e investigaciones autónomas (124). Entre aquellas investigaciones que se judicializaron y permanecieron en la órbita del fuero federal o nacional, la procuraduría continuó interviniendo en el 75% de los casos, con distintos grados de participación.
La PROCUNAR actúa colaborando actualmente con más de 100 fiscalías con competencia en estos delitos en todo el país.

Al cumplirse 10 años de la reforma del tipo penal mediante la ley 26683, les compartimos una nota de opinión del Dr. Hernán Blanco donde analiza profunda y detalladamente el tipo penal de lavado de dinero del art. 303 del Código.