En este trabajo se hace un análisis político-criminal de los delitos contra el orden económico y financiero en el Anteproyecto de Código Penal, agrupados en un mismo Título, con el fin de evitar la dispersión en leyes especiales que atenta contra la exigencia de la codificación y a su vez impacta de manera negativa en la organicidad y lógica interna del ordenamiento jurídico penal, así como en la proporcionalidad de las penas.

mso-bidi-font-family:Sylfaen">Esta investigación académica buscó determinar la
pena máxima que se le puede aplicar a una persona de 16 o 17 años de edad
condenada por un delito en la República Argentina. Ello como consecuencia de la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a este
país por aplicar prisión o reclusión perpetua.

mso-bidi-font-family:Sylfaen">Se estudió la relación entre la pena que
establece el artículo 4 del Decreto-Ley 22278, y los principios de
culpabilidad, proporcionalidad, y prisión como último recurso y por el plazo
más breve que proceda de la Convención de los Derechos del Niño.

mso-bidi-font-family:Sylfaen">La metodología utilizada incluye un exhaustivo
relevamiento bibliográfico de la legislación, doctrina y jurisprudencia, tanto
nacional como internacional, vigente y no vigente. Se realizó trabajo de campo
mediante el sistema de entrevista semi-estructurada a diferentes magistrados
del poder judicial. El principal método de demostración utilizado ha sido el
control de constitucionalidad y convencionalidad.

mso-bidi-font-family:Sylfaen">Se concluyó que la reducción a la tentativa
resulta insuficiente para cumplir los estándares internacionales del derecho
penal juvenil. Asimismo, se determinó que la pena máxima no debe superar una
oscilación entre los 7 y 8 años de privación de la libertad.