El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de Capital Federal, de forma unipersonal, hizo lugar al planteo de la defensa y declaró la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó al acusado. Ello en tanto consideró que a los fines de efectuar el cómputo del plazo de prescripción en los supuestos de delitos con penas conjuntas de prisión e inhabilitación, se debe tener en cuenta el término de la pena de prisión -que es la de mayor gravedad- con sujeción al orden de prelación previsto en el art. 5 del Código Penal y al principio de legalidad (art. 18 Constitución Nacional) luego de efectuar un pormenorizado análisis de la jurisprudencia, de la doctrina y de toda la normativa sustantiva aplicable al caso.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones, en fallo dividido, convalidó la decisión de primera instancia que denegaba la producción de medidas probatorias requeridas por el Ministerio Público Fiscal.

El juez Hernán Martín López dijo: Entiendo que no existe agravio que amerite la revisión por parte de este tribunal, pues la producción de medidas de exclusivo resorte jurisdiccional constituye una facultad discrecional del juez que no admite revisión alguna, de acuerdo al artículo 199 del CPPN.
El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Considero que las medidas de prueba peticionadas por el recurrente no están dirigidas a modificar la plataforma fáctica oportunamente atribuida y, por ello, su producción no resulta procedente.

El juez Ignacio Rodríguez Varela, en disidencia, dijo: En tanto esa denegatoria resulta susceptible de generar al Ministerio Público Fiscal un agravio en los términos del artículo 449 del código adjetivo, al estimar que resultan necesarias para poder expedirse a tenor del artículo 347 de ese ordenamiento, corresponde hacer lugar al remedio articulado

RESUMEN:
La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con voto predominante del juez Omar Palermo y de manera unánime, confirmó la condena a 10 años de prisión impuesta a seis penitenciarios que torturaron a una persona privada de la libertad.

La sentencia pone, en primer lugar, de resalto la relevancia constitucional de la violencia institucional en Argentina y Mendoza.
Por otra parte, resuelve un incidente de exclusión probatoria planteado por la defensa, y convalida el ingreso al proceso y la valoración de un celular perteneciente a un integrante del Servicio Penitenciario, así como de los videos que había en el aparato. Explica que, sobre el punto, la defensa no había logrado demostrar una afectación a los derechos que invoca (propiedad, intimidad, defensa).
En particular en relación con el derecho a la intimidad, sostuvo que el derecho del penitenciario cede cuando se trata de videos que registran un delito cometido por funcionarios públicos en un lugar público. No hay afectación del principio de reserva porque no eran acciones privadas y afectaban el orden público (con cita de "Denegri" de la CSJN).
También descartó que la incorporación de videograbaciones afectara el debido proceso, pues todas las partes pudieron desvirtuar esa prueba y hacer los plantos que estimaban pertinentes a lo largo del procedimiento.

En relación con el delito de torturas, sostuvo que no es necesario acreditar lesiones para su consumación: "si bien la eventual acreditación de lesiones físicas o daño psicológico que sean derivación de los actos de torturas podría abonar en
favor de la comprobación de la conducta típica, su inexistencia y/o falta de acreditación no podría entenderse en un supuesto que impida la configuración de delito en el que se encuadraron los hechos acreditados o que de tal circunstancia derive, sin más, su inexistencia".
Tampoco la falta de huellas físicas es esperable en este tipo de delitos (con alusión a consideraciones del Protocolo de Estambul)
En cuanto al principio de congruencia, que también fue puesto en tela de juicio, explicó que en la etapa de sentencia pueden admitirse variaciones insustanciales en la plataforma fáctica que ocurren durante el debate, dado que esa es la etapa de mayor conocimeinto del proceso.

RESUMEN:
El Juzgado Nacional de Ejecución Penal n° 5 a cargo de María Jimena Monsalve dispuso la ejecución domiciliaria de una pena en un caso en que, por aplicación del principio de compensación, tomó en cuenta que el acusado sufrió lesiones gravísimas y la pérdida de un órgano.