Frente
al fenómeno de la criminalidad organizada, el sistema de imputación
penal para las personas jurídicas se enfrenta con la necesidad
de 
adecuar
las construcciones teóricas a fin de brindar respuesta a los
desafíos que emergen del alto grado de complejidad y volatilidad que
caracteriza a las sociedades contemporáneas. en las legislaciones
modernas se han ensayado diversas soluciones, tales como el sistema
vicarial “del actuar por otro” o “en lugar de otro”, que
permite transferir a la persona jurídica la responsabilidad o
culpabilidad de su representante; el reconocimiento de un doble
sistema de imputación, entre otros. Creemos que debe avanzarse hacia
un sistema específico de imputación para las personas jurídicas
que atendiendo a sus particularidades coexista con el sistema propio
para las personas físicas.

El
ciberespacio es un ámbito en el que el avance y el desarrollo
tecnológicos, imparables en su velocidad y en su impacto, contrastan
con una situación de relativo impasse desde el punto de vista
jurídico. El derecho se ha ocupado de su regulación mediante una
aproximación sectorial, coyuntural y fragmentaria que difícilmente
puede cubrir sus necesidades de normación. El aumento de la
criminalidad y de la conflictividad cibernética constituye una
prueba evidente y constante de las carencias de esa regulación.La
ordenación jurídica del ciberespacio requiere un planteamiento
global y coherente sobre la base de un análisis previo de esta
realidad y de los condicionantes y presupuestos que impone y que la
diferencian de otros espacios sujetos a regulación. La amenaza
cibernética supone un cambio de paradigma
porque
es diferente, completamente deslocalizada, insuficientemente
apreciada y de naturaleza estructural. La conflictividad
ciberespacial se manifiesta, asimismo, de un modo singular en la
cibercriminalidad, el ciberespionaje, el ciberterrorismo y la
ciberguerra, diferenciándose de sus homólogas no virtuales y
difuminándose los límites entre esas diversas categorías. El
ciberespacio impone, también, la necesidad de abordar ciertos
cambios en los modelos de organización interna e internacional.

Asumiendo
la escasa vocación comunicativa del término crimen organizado, para
describir un ámbito delictual con precisión y extendiendo tal
crítica a su expresión normativa más difundida: la definición de
“grupo delictivo organizado” presente en la convención de las
naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional, el
presente artículo propone una serie de características y
elementos
que
permitan entregar una mayor concreción a tal ámbito delictual.

Hace
varias décadas se viene planteando que la justicia transicional es
un mecanismo para la solución jurídica de los conflictos armados
que sufren las sociedades. A pesar del consenso sobre la utilidad del
instrumento, aparecen controversias insolubles respecto a los
montos 
de
las penas que deben pagar quienes, habiendo estado al margen de la
ley, se someten en forma voluntaria al Estado y al derecho. Este
trabajo muestra cómo, desde una perspectiva histórica, política,
sociológica y jurídica, el quantum de la pena no es algo objetivo,
sino que 
depende
de la voluntad política de las partes que negocian en el marco de un
proceso de paz, teniendo como única limitación los compromisos
internacionales que nacen con el Estatuto de Roma.

Presentación
de la Red Euro-latinoamericana para la Prevención de la Tortura y la
Violencia Institucional (RELAPT). La  alarmante  situación 
de  vulneración  de los derechos  humanos 
dentro  de  los centros de privación de la libertad en
América Latina y Europa, ha estado en la base de las conversaciones 
preliminares  a  la  constitución  de  la 
RELAPT  en  los  años  2012  y  2013
cuando iba a cumplirse el treintagésimo aniversario de la adopción
de la Convención contra la  Tortura  de  las 
Naciones  Unidas  a  finales  de  2014. 
La  Red  se  fundó  desde  el
convencimiento que más que celebrar un hito obviamente histórico
como fue la adopción de semejante instrumento universal, la mejor
forma de recordar su vigencia y renovar los compromisos que emergen
de la misma, debía venir promovido por la necesidad de una
potenciación de sus mandatos y principios como se verá más
adelante. 
La
experiencia de las instituciones estatales, las organizaciones
sociales y los centros académicos de América Latina, por un lado, y
el 
examen
y debate que desde su creación el Observatorio del Sistema Penal y
Derechos Humanos desde la ciudad de Barcelona (OSPDH-UB) ha mantenido
con ellas,por  el  otro, consolidaron  la 
sinergia  para  construir  una  estructura 
internacional  de trabajo, acción  
y
difusión en torno a las realidades de los sistemas de privación de
libertad y de la tortura y la violencia institucional

El
problema presentado en este documento intenta discutir como los
sentimientos de la inseguridad y la violencia de la criminalidad
juvenil pueden llevar a elecciones de la emergencia de la política
criminal que infringe los derechos humanos y si/como este modelo
social esta replicado en la magistratura. Metodológicamente, una
revisión de la literatura, orientado teóricamente por la
criminología critica e investigaciones sobre el perfil de la
judicatura indicara algunas contradicciones. A partir de alli, el
autor trata como el principio de la protección integral puede
detener la creciente sociedad punitiva, como mínimo en la
judicatura.