El fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, dictado en la causa “Bruno, Sebastián y otros s./ habeas corpus”, (causa nº 24.740/15 Reg. nº 93/16) rta. el 17/2/2016, por el cual, por el voto mayoritario de los vocales Eugenio C. Sarrabayrouse y María Laura Garrigós de Rébori, se hizo lugar a los recursos de casación interpuestos, se casó el punto I de la sentencia y se dispuso la continuidad del taller “Cine y Debate” dictado por la “Liga por los Derechos del Hombre” en el Centro Universitario de Devoto. Asimismo se dispuso que se hiciera saber a la autoridad penitenciaria que debía facilitar el ingreso de los docentes que dictan esos talleres por los mismos accesos que los profesores universitarios y el resto de los docentes, y que se autorizó el dictado del taller propuesto por la asociación civil “A Pulmón”, votando Luis N. García en disidencia.

Eugenio Sarrabayrouse, señaló que los accionantes indicaron que la acción de hábeas corpus correctivo de carácter colectivo tenía como objetivo que se dejara sin efecto la acción lesiva provocada a partir de una decisión dela Dirección del Centro Universitario de Devoto, que afectó los derechos a la educación y a una pena resocializadora, al prohibir el ingreso de la “Liga Argentina por los Derechos del Hombre”, cancelar la actividad extracurricular consistente en un taller de cine y debate que ya se venía realizando desde 2013 - la actividad fue desplazada a la capilla del complejo, lugar que no cuenta con las condiciones para su desarrollo-, al no permitir tampoco el dictado de un curso presentado por la Asociación Civil “A Pulmón” consistente en un proyecto de “Derecho Indígena. Historia y Actualidad de los Pueblos Originarios” y al no materializarse la “bajada de alumnos” a numerosos talleres que se dictan en el CUD. El vocal, luego de realizar un detallado análisis de porqué era admisible la acción de habeas corpus planteada, expresó que la Cámara de Apelaciones había rechazado parcialmente las apelaciones intentadas porque consideraron que lo relativo al cambio de lugar de las actividades extracurriculares y la modalidad de acceso de quienes las dictan, no constituían un agravamiento de las condiciones de detención en los términos del art. 3, Ley n° 23.098 y que la cuestión era de neto corte administrativo. Al respecto analizó las explicaciones brindadas por el Director de la CUD y luego hizo un repaso por la normativa que, a su criterio, permitía sostener que las decisiones que adopta la autoridad penitenciara si bien son de neto corte administrativo, en lo que se refiere a la educación en la cárcel, “…podrán ser materia de un recurso de hábeas corpus correctivo en la medida que constituyan un obstáculo o impedimento para que los internos accedan a este derecho tal como ocurre en el presente caso. Si se observa la cuestión desde el prisma de la política pública implementada desde la sanción de las leyes 26.206, 26.695 y el sentido del art. 142, Ley n° 24.660 (punto 2, c) queda claro que el hábeas corpus correctivo planteado es la vía idónea para subsanar situaciones como las aquí examinadas. De esta manera, los colegas de la instancia anterior interpretaron erróneamente las reglas aplicables al caso”, proponiendo por ello hacer lugar al recurso, disponer la continuidad del taller en el Centro Universitario Devoto, permitir el ingreso del personal docente por los mismos lugares que lo hace el personal universitario y autorizar el dictado del taller propuesto por la Asociación Civil “A Pulmón”.

María Laura Garrigós de Rébori, estuvo de acuerdo con las razones y la solución brindada por su colega Sarrabayrouse. Agregó que el cambio en la actitud adoptada por el Servicio Penitenciario Federal en relación con el lugar destinado a cumplimentar actividades culturales y/o educativas, y la facilitación de una forma ágil de ingreso de los encargados de esas actividades, es objeto del remedio que prevé la Ley n° 23.098, solución que se condice con la obligación que el art. 5 de la C.A.D.H. impone al Estado. Que el haber suspendido una actividad cultural, o educativa, o aún haber cambiado la forma en que se impartía, sin que esto último signifique una mejora, se había agravado la condición en que estaban detenidos los beneficiarios. Que la autoridad administrativa, para justificar su proceder, debió haber demostrado que el cambio, si no resultaba beneficioso, era ineludible sobre la base de la imposibilidad de ofrecerlo tal y como era, por lo que votaba por casar la decisión y hacer lugar a lo solicitado por los presentantes.

Finalmente, Luis M. García entendió que si bien la resolución recurrida involucraba diversas cuestiones federales, disentía con la solución que proponían sus colegas porque ni la vía de habeas corpus provista por los arts. 3 de la Ley 23.098 ni la vía de habeas corpus que ofrece el art. 142 de la Ley 24.660, fueron concebidas para el objeto que perseguían los recurrentes. Que si bien con la entrada en vigencia de la Ley 23.098, se había extendido el objeto de la vía del habeas corpus con la introducción del llamado habeas corpus “correctivo”, ello no había habilitado a recurrir a la acción como acción de protección o garantía de cualquier derecho legal o constitucional de las personas detenidas. Que lo sucedido no trajo aparejadas consecuencias que puedan ser entendidas como una mortificación, o un trato cruel, inhumano o degradante para los detenidos, o una afectación de su dignidad, que habilite recurrir a la vía del habeas corpus correctivo del art. 3, inc. 2, de la Ley 23.098, tal como fue definido el alcance por la Corte Suprema en la jurisprudencia que enumeró en su voto, por lo que propuso, en disidencia, que se declarara inadmisible el recurso de casación.

La Corte Suprema de Justicia declaró nulo todo lo actuado con posterioridad a la presentación en queja “in pauperis “ de un condenado a prisión perpetua, debido a que la Defensora Oficial que participó en el trámite no ejerció debidamente su tarea.

Con las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti , Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el Máximo Tribunal arribó a la conclusión de que en autos “Pace, César Armando y otros s/ homicidio calificado" no se garantizó el derecho de defensa en juicio del afectado, que fue condenado a prisión perpetua al ser declarado coautor del delito de homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de armas y en poblado y en banda.

La “falla” en el trámite se dio luego de que la Suprema Corte de Mendoza -Alzada del Tribunal que dictó la condena- confirmara la sentencia y denegara posteriormente el recurso extraordinario presentado. 

Ante esa decisión, el propio condenado presentó una queja “in pauperis” que llegó a la Corte Suprema, que ordenó remitir a la Corte mendocina el expediente para que”arbitrara los medios necesarios para que en esa jurisdicción se fundara técnicamente dicha presentación”.

la causa regresó a la Corte provincial, que realizó luego el trámite de designación de una Defensora Oficial, que sería la encargada de fundar la presentación del condenado. La defensora, al fundar el recurso, se remitió a los términos consignados en la queja “in pauperis”. Esto último fue, a criterio del Máximo Tribunal federal, la causa de la nulidad de lo actuado con posterioridad a la remisión del expediente.

“Si bien no es obligación de la asistencia técnica del imputado fundar pretensiones de su defendido que no aparezcan, a su entender, mínimamente viables, ello no la releva de realizar un estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas para ser canalizadas por las vías procesales pertinentes, máxime porque se trata de una obligación que la sociedad puso a su cargo”, advirtieron los supremos, en relación a la tarea encomendada a al defensora.

Para los magistrados, entonces, esa función no fue acabadamente cumplida por la Defensora Oficial, pues consideraron que ésta “simplemente remitió a las argumentaciones desarrolladas por su pupilo, sin aportar otros fundamentos fácticos ni normativos”. Ello importaba, para la Corte, “un inadmisible menoscabo de la garantía de la defensa en juicio del imputado, que dio paso a la nulidad decretada.

La Cámara Nacional Electoral resolvió revocar una sentencia de grado y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los incisos “e”, “f” y “g” del artículo 3º del Código Electoral Nacional y de los artículos 12 y 19 inciso 2° del Código Penal de la Nación.

La causa se dio en los autos “Procuración Penitenciaria de la Nación y otro c/Estado Nacional - Ministerio del Interior y Transporte s/amparo -Acción de Amparo Colectivo”, donde se promovió una acción de amparo “contra el Estado Nacional - Ministerio del Interior y Transporte - Dirección Nacional Electoral (…) en favor de todas las personas condenadas, detenidas, con domicilio electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se las incorpore a los padrones correspondientes a todas las futuras elecciones, en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos”.

De este modo, los amparistas solicitaron “la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3º incisos ‘e’, ‘f’ y ‘g’ del Código Electoral Nacional y de los artículos 12 y 19 inciso 2º del Código Penal de la Nación”.

La jueza de primera instancia decidió “no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada” por entender que “la inhabilitación electoral de aquellos ciudadanos que fueron condenados por su juez natural, en el marco de un proceso penal, en el que se observaron todas las garantías del debido proceso, resulta una restricción razonable al ejercicio del derecho al sufragio activo (…)”.

No obstante, la Cámara sostuvo que “el ejercicio de las potestades de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía de la razonabilidad que supone que tales actos deberán satisfacer un fin público, responder a circunstancias justificantes, guardar proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido y carecer de iniquidad manifiesta”.

Para los magistrados, “se observa que el Estado Nacional no ha explicado cuál es la finalidad que persigue al prohibir en forma genérica el voto de las personas condenadas”, y agregaron: “No se conoce cuál sería el fin público que se intenta satisfacer con dicha medida, por lo que está ausente el primer requisito que la Constitución y los tratados internacionales de su jerarquía exigen para la privación de un derecho esencial como el de votar”.

“Esta ausencia total de justificación aparece incluso corroborada con el argumento que el representante del Estado expresa en esta causa, acerca de que existen en el Congreso de la Nación varios proyectos de ley que proponen derogar el sistema de pena de inhabilitación en materia electoral”, añadió el fallo.

Los jueces manifestaron que “aun así –y sin perjuicio de que resulta factible que en ciertos casos el legislador pueda considerar justificada la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación - cabe hacer notar que las disposiciones cuestionadas imponen restricciones genéricas y de carácter automático, que no guardan relación con la situación penal del condenado”.

Sobre este punto, los camaristas concluyeron que “se trata de inhabilitaciones aplicables por la sola condición de ser condenado o sancionado, sin mérito de los hechos y circunstancias de cada caso, con lo cual adquieren un carácter represivo adicional a la sanción penal impuesta”.

Otro fallo a favor del voto de las personas condenadas

Recientemente, el Juzgado Federal de Río Gallegos declaró “la inconstitucionalidad del artículo 3°, inciso e del Código Nacional Electoral y la no aplicabilidad del artículo 12° del Código Penal de la Nación, que prescriben la imposibilidad de sufragio a personas privadas de su libertad con sentencias firmes”.

Así, el magistrado refirió que “la situación configurada en la legislación vigente impone una afectación de los derechos políticos de los condenados, sometiéndolos a una privación absoluta en el ejercicio pleno de esos derechos (…) la suspensión de los derechos electorales debe ser analizada en cada caso en particular teniendo en consideración las circunstancias particulares del mismo. Ello es así, por cuanto, si bien no se trata de derechos absolutos, y por ello pueden estar sujetos a restricciones, éstas deben estar justificadas específicamente”.

El juez consignó que “las penas que nuestro ordenamiento jurídico imponen, tienen por finalidad la recomposición del mandato normativo quebrado, más no una anulación de la persona en su condición humana”, y añadió: “El condenado, privado de su libertad puede tener restricciones a la libertad, inhabilitaciones especiales, restricciones sobre su persona fundadas en su protección, restricciones a su patrimonio, pero no pierde todos sus otros derechos y libertades”.

“La pena accesoria impuesta por el artículo 12° del Código Penal de la Nación, en orden al ejercicio de ciertos derechos civiles -como lo es el derecho de voto-, atenta contra la dignidad del ser humano, afectando su condición de hombre (…), concluyó.