José Jorge Alperovich fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades (hechos 1, 3 y 5), los últimos dos cometidos en grado de tentativa, y otros seis sucesos de violencia sexual agravados por haber sido con acceso carnal por vía vaginal, anal y oral, al haber introducido partes de su cuerpo, su pene por las tres vías y sus dedos en la primera de ellas (hechos 2, 4, 6, 7, 8 y 9), en todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de
dependencia, de poder y de autoridad, todos estos en concurso real
entre sí, a la pena de dieciséis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos en cualquier ámbito público. En consecuencia, se ordenó su detención.
El tribunal destacó la contundencia de la prueba reunida en su contra, entre las cuales las conversaciones en diferentes chats de redes sociales y numerosa prueba testifical. Se desestimó que el caso se haya tratado como un "castigo a la impunidad del poder", en su lugar se fundamentó que se ha compatibilizado la perspectiva de género y el derecho de defensa del imputado. Destacó también que en casos de violencia sexual, la investigación debe intentar evitar al máximo la revictimización, tal como se indicó en la Sentencia de la Corte IDH del 30 de agosto de 2010, entre muchas otras sentencias internacionales citadas.

SUMARIO:
Fallo condenatorio por la comisión de los delitos de distribución de material de abuso y explotación sexual infantil calificada por ser cometida contra una víctima menor de 13 años y tenencia simple de imágenes de abuso y explotación sexual infantil calificada por ser las víctimas menores de 13 años (art. 128 1° párrafo en función del 5° párrafo y 2º párrafo en función del 5º párrafo del CP).

RESUMEN:
La Cámara Federal de Casación Penal modificó la calificación del delito de tentativa de homicidio en ocasión de robo eliminando la agravante por su comisión con arma de fuego prevista en el art. 41 bis del Código Penal y declaró la nulidad de la declaración de reincidencia dictada.
Ante el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal la Corte dejó sin efecto el pronunciamiento.
Con respecto a la norma mencionada, por mayoría, consideró que el fallo apelado excedió el límite de interpretación posible ya que la desvirtuó y volvió inoperante. Señaló que el fundamento referido a que “una interpretación conforme al fin de la norma que funda la agravante impone en estos casos una interpretación restrictiva porque el empleo de un instrumento mortal para causar la muerte no puede agravar el homicidio” era absolutamente dogmático al desconocer que el legislador sí efectuó esa valoración al dictar esta norma -cuya validez no fue descalificada constitucionalmente-, siendo que, además, no se condice con una interpretación sistemática de las demás previsiones que integran el cuerpo penal y que prevén agravantes según los medios empleados para la comisión de distintos delitos. Agregó que teniendo en cuenta la clara letra de la ley y lo que surge de los antecedentes parlamentarios se concluye que el tribunal no pudo afirmar válidamente que el modo de producción de la muerte no sea una pauta relevante para fundar un mayor grado de punición.
Y con respecto a la nulidad de la declaración de reincidencia también cuestionada, el Tribunal, por mayoría, remitió a su precedente “Arévalo” (Fallos: 337:637), donde resolvió que el instituto de la reincidencia es constitucional y que se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito.

SUMARIO:
En el caso, se apeló el sobreseimiento de Corach, quien había sido imputado de ocultar fraudulentamente bienes durante su matrimonio para evitar su distribución en el divorcio. El juzgado de primera instancia aplicó la excusa absolutoria del artículo 185, inciso 1° del Código Penal, sobre la base de la relación conyugal y, en consecuencia, dictó su sobreseimiento.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional anuló el fallo, argumentando que la excusa absolutoria no puede ser aplicada sin antes verificar la existencia del hecho y la participación del imputado. Además, el tribunal destacó la necesidad de considerar el contexto de violencia de género patrimonial y los compromisos internacionales del Estado argentino en la protección de los derechos de las mujeres, concluyendo que la aplicación automática de la excusa absolutoria en estos casos podría restringir el acceso de las mujeres a una tutela judicial efectiva.