El caso Zambrano-Rodríguez constituye la última desaparición forzada de personas en democracia en la provincia de Mendoza. El 25 de marzo de 2000, José Zambrano y Pablo Rodríguez desaparecieron tras dirigirse a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza. Sus cuerpos fueron hallados meses después. La necropsia confirmó que ambos permanecieron privados de su libertad ilegalmente durante once días antes de ser ejecutados. Antes de la aparición de los cuerpos, el Estado provincial desplegó una estrategia de encubrimiento y estigmatización de los familiares y sus abogados., instalando narrativas de sospecha sobre los jóvenes y versiones contradictorias sobre le paredero de los mismos. Incluso, Stella Maris Loria, madre de Zambrano, fue detenida ilegalmente en condiciones inhumanas, sufriendo graves secuelas físicas. La impunidad se consolidó en 2004 con la absolución de los policías involucrados debido a las irregularidades que se cometierion durante la investigacion judicial. Debido a la falta de justicia, la organización Xumek representó a la familia en el Sistema Interamericano. Durante las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025, el Estado argentino reconoció parcialmente su responsabilidad, aunque funcionarios nacionales persistieron en discursos revictimizantes y negacionistas.
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