Endurecimiento del sistema penal, retroceso del respecto de los derechos de los prisioneros hacinamiento endémico: la sección argentina del OIP le transmite a Prison Insider su informe anual 2018. Extractos.
EL SISTEMA PENAL ARGENTINO CONTINUÓ durante 2018 su retroceso en materia de derechos humanos, taxativamente garantizados en la Constitución. En el presente informe, veremos el resultado de la política de “mano dura” y la debilidad del Poder Judicial para contener sus efectos.
El hacinamiento, la primera consecuencia de dicha política, es una situación que se da en los centros de detención de todo el país.
En el Registro de Investigaciones Penales por Delitos de Violencia Institucional, RVI, en el primer semestre de 2018 figuran 18 denuncias por hechos ocurridos en centros sanitarios, siete en unidades del servicio federal, una en gendarmería y 33 en comisarías.
El 22 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal condenó a seis agentes de la Prefectura Naval Argentina a penas de entre diez y ocho años de prisión por haber torturado a los jóvenes Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, habitantes de la villa Zavaleta e integrantes del colectivo “La Garganta Poderosa”.
La persistente propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, encontró eco en el actual Gobierno, quien propuso enviar un proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil a sesiones extraordinarias para tratarla durante el pasado mes de febrero de 2019.
Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres desde una perspectiva multidimensional. Esta visión no tiene en cuenta el acceso a determinada canasta de bienes (pobreza monetaria), sino que evalúa las carencias educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua potable y a un entorno seguro. La principal conclusión ─que surge de un estudio de Unicef─ es que el 48 % de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) sufren de al menos una de esas carencias y que en la población total ese porcentaje es del 38%. Es en este contexto que debe analizarse la propuesta del actual Gobierno de reducir la edad de imputabilidad de los menores.
Si bien se realizaron audiencias públicas para evaluar a los candidatos, el año 2018 terminó sin el nombramiento del Defensor del Niño, Niña y Adolescente.
El OIP tomó la decisión de presentar un amparo para que le permita ingresar a los institutos de menores dependientes de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
El 21 de junio se le informó al OIP que la decisión sobre el amparo seria asignada por sorteo a un juzgado. El juzgado que fue seleccionado en el sorteo a su vez se excusó sin dar una decisión al caso. Esto demuestra nuevamente la tendencia del sistema judicial argentino de utilizar el mecanismo de excusa para no dar decisiones a casos que se le presentan. El caso será finalmente revisado por la Suprema Corte, quién deberá resolver la competencia.
En un informe realizado por UNICEF, se confirma que las y los adolescentes privados de libertad constituyen uno “de los colectivos más olvidados y vulnerables del orden social existente”.
Una gran cantidad de ellos no habló nunca ni con el juez ni con el defensor. Asimismo, un estudio titulado "Las voces de las y los adolescentes privados de Libertad en Argentina", que presenta una mirada sobre la situación de los jóvenes menores de 18 años en conflicto con la ley penal en el país, el trabajo, la familia y los maltratos dentro y fuera de los centros son algunos de los temas que revelan que la privación de libertad, es una medida "ineficaz" para lograr la reinserción social. Entre otros datos, el trabajo reveló que el 28% de los menores encarcelados vivió en la calle, y que el 14% lo hizo en "hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales" porque sufrió violencia y maltrato en su casa, abandono, abuso sexual, entre otros.
En las cárceles de Argentina, hay 4943 extranjeros privados de libertad, lo que representa el 6% de la población carcelaria.
El estudio de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) revela que, en 2002, los reclusos extranjeros eran 2183, es decir, menos del 50% de la cifra actual, y el 5% de la población carcelaria.
Los procesos políticos de los últimos 15 años, han aumentado de forma exponencial la cantidad de reclusos en las 301 cárceles del territorio argentino.
Según el informe del Sistema Nacional de Estadística Sobre Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, se pasó de 54 000 internas e internos en 2006 a 85 283 en 2017, aumentando durante el año 2018 en un 87% con respecto a 2017.
El Gobierno desea enviar el nuevo Código Penal a sesiones extraordinarias, a pesar de que aún no ha entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Penal (en adelante CPP). El presidente Mauricio Macri, declaró: “El centro de la reforma es pasar del modelo actual, donde los jueces investigan y deciden, a uno más rápido y oral en el que los fiscales tengan más protagonismo. Le pido a los legisladores que le den a estos temas la importancia que merecen para cuidar a todos los argentinos”.
Sin embargo, es necesario observar detenidamente el derrotero del nuevo CPP. En diciembre de 2014 se sancionó la Ley 27.063, que aprueba el nuevo CPP de la Nación. En diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el decreto 257/15, que suspendió su entrada en vigencia del nuevo CPP. Se asignó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación la responsabilidad de establecer un cronograma de implementación progresiva. Sin embargo, hasta el cierre del presente informe, la Comisión Bicameral seguía sin determinar el cronograma de implementación progresiva.
Para comprender esta situación, es preciso analizar el Decreto 257/15 en el marco de la relación que el Gobierno nacional ha mantenido con la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El presidente Macri solicitó su renuncia cuando asumió la Presidencia. Ante su negativa, el Poder Ejecutivo optó por presentar un proyecto al Congreso para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Este proyecto, criticado por los sectores académicos y políticos, respondió a la intención de retirar facultades a la procuradora. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, sostuvo que: “hay que hacer transformaciones en la ley orgánica para que el procurador no acumule tanto poder como pasa ahora. Es necesario avanzar en la reforma del Ministerio, acumuló mucho poder y es necesario que haya muchos controles”.
Queda claro entonces que hay una puja de poder que subyace en la implementación del nuevo CPP, además de una puja sindical que trae aparejada la reforma. En efecto, el artículo 120 de la Constitución de la Nación (en adelante CN) menciona la independencia del Ministerio Público Fiscal, por lo que el sindicato de empleados judiciales no podría contener a los empleados del Ministerio Público. Esto pone en tela de juicio el modo en que se cuida la carrera y los escalafones de los empleados que pasan a revestir en la nueva modalidad, además de su capacitación. Se puede concluir entonces que el discurso presidencial es falaz e intenta hacer recaer en los legisladores la responsabilidad que le compete, dado que, en gran medida, llevar a buen puerto la reforma depende de la voluntad política del Ejecutivo de turno.
Otra cuestión que lesiona la institucionalidad de los derechos es el papel de los jueces de ejecución penal.
En las provincias en las que existe esta figura, su ejercicio se ve mellado por la escasez de recursos materiales y humanos, y por el notable poder de los Servicios Penitenciarios sobre las resoluciones que competen al juez en cuestión ─lo que ocurre debido al aval político que el Poder Ejecutivo otorga a esta institución, en consonancia con la política de “mano dura”.
Este “disciplinamiento” de los jueces de ejecución penal es el resultado de los casos de juicio político y el escarnio público al que son sometidos cada vez que un delincuente liberado reincide.
A lo largo del informe, veremos este fenómeno que causa bastante preocupación si se toma en cuenta que esta figura fue pensada para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Y la situación descrita anula el fundamento mismo de su existencia.
El Comité de seguimiento de la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes ha sido constituido formalmente. Sin embargo, no tiene sede de funcionamiento y aún no ha sido posible que las ONG defensoras de los derechos de las personas privadas de libertad se inscriban para su registro.
Sigue sin nombrarse el Defensor del Pueblo de la Nación.
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