Diversas voces de la sociedad argentina y desde el Estado han expresado, con distinta intensidad y propósito, la inquietud que despierta en la ciudadanía el fenómeno de las drogas. En esa dirección, los signatarios de la declaración contribuyen con un aporte conceptual y propositivo en la materia, afirmando que les "...motiva únicamente la convicción de que es hora de discutir seriamente sobre el tema pues la negación o tergiversación del mismo solo alienta a los que, con una agenda preconcebida basada en el temor, la ignorancia y la ampulosidad, pretenden instaurar una estrategia de guerra...".

Quienes proponen una aproximación represiva como eje del combate contra el narcotráfico y de la política de drogas no han logrado demostrar una reducción real
en la producción ni en el consumo de sustancias hoy controladas. No obstante, las ideas sedimentadas sobre esta temática aumentan los costos políticos para quienes
se proponen modificar el sentido común y las políticas públicas. Los cambios recientes en las legislaciones de Washington y Colorado, en Estados Unidos, así como en Uruguay, muestran otros caminos que es posible seguir, pero también los obstáculos para transitarlos.

La llamada “guerra contra las drogas” desplegada en los últimos 50 años ha tenido un enorme impacto en el funcionamiento de los sistemas de seguridad, de justicia y en las cárceles de América Latina. Pese a los altos niveles de violencia que este combate adquirió en algunas zonas y a sus graves consecuencias, durante muchos años no se lo analizó desde una perspectiva de derechos humanos, ni en los ámbitos locales ni en los internacionales. Este escenario comenzó a cambiar.
En marzo de 2014, por pedido de 17 organizaciones de 11 países de América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia temática regional, la primera sobre este tema en sus 150 períodos de sesión. Esta publicación toma como punto de partida el diagnóstico presentado en esa oportunidad por esas organizaciones.