Una Revolución Silenciosa: políticas en práctica para la descriminalización de las drogas en todo el mundo” [A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe – título original en inglés] es el primer informe en apoyo de la campaña “Drogas: Es Hora de Contar con una Mejor Legislación” [Drugs - It’s Time for Better Laws] de Release.

Este texto muestra cómo a pesar de ser cuestionadas desde América Latina las
políticas de drogas actuales y de haber sido avanzadas algunas reformas en los últimos años,
esas iniciativas no parecen haber cambiado la estrategia de seguir utilizando la herramienta
penal como principal respuesta estatal para afrontar los temas vinculados a las drogas. La
investigación realizada por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), indica que actualmente se sigue enviando a prisión a cada
vez más personas por delitos de drogas, quienes suelen representar una significativa proporción
de la población penitenciaria.

América Latina viene cumpliendo un papel preponderante en el debate mundial hacia el logro de enfoques alternativos y renovados en las políticas de drogas y ha promovido la visión crítica frente a los resultados y el impacto negativo derivados del actual Sistema de Fiscalización y Control de Drogas Ilícitas, cuyo enfoque punitivo fue inspirado en las convenciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas desde 1961. El compromiso de lograr “un mundo libre de drogas” signado por los países en la Declaración de 1998 y ratificado en 2009, resultó no sólo irreal sino altamente contraproducente.

Los países de la región caracterizados en su mayoría por debilidad institucional, limitación de recursos financieros, altas tasas de desigualdad, inequidad y exclusión social, violencia y corrupción, se han visto obligados a ajustar sus políticas de acuerdo con los mandatos de las Naciones Unidas.

El resultado de esto ha sido el escalamiento de la violencia; la vulneración de los derechos humanos de los eslabones más débiles de la cadena del tráfico ilícito de drogas: personas que usan drogas, mujeres, cultivadores, afro-descendientes y otras minorías étnicas; el gasto desproporcionado en acciones para el control de la oferta; la sobrecarga de los sistemas carcelarios; la desatención de las personas que usan drogas, con el consecuente impacto en la salud, la calidad de vida y el bienestar; así como el estigma y la discriminación de quienes se ven involucrados, por diferentes motivos, en los mercados ilícitos de drogas.

Tras la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagéna en 2012, la OEA recibió el mandato por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno, de producir un informe analítico acerca de las tendencias actuales, las mejores prácticas, los desafíos de política y la definición de escenarios en los que se proyectan resultados a futuro. Esto como resultado del reconocimiento del “problema” de las drogas como uno de los retos más importantes que afronta el hemisferio, el impacto en la salud pública y el costo que ha significado, en particular en términos de violencia asociada. A juicio de los Jefes de Estado aunque el enfoque actual ha producido algunos resultados, no ha sido exitoso.

Se acelera el ritmo de los preparativos para la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas, que se celebrará en Nueva York del 19 al 21 de abril de 2016. Tras varios meses de discusiones sobre cuestiones de procedimiento, la atención se centra ahora en negociar el contenido de un “documento sobre resultados que sea breve, sustantivo, conciso y orientado hacia la acción, y que consista en una serie de recomendaciones operativas”, a aprobarse por la Asamblea General en abril del próximo año.

El 12 de junio, en la reunión entre períodos de sesiones de la CND, se pidió a los países y a los grupos regionales presentar hasta el 11 de setiembre sus ideas preliminares sobre qué podría incluirse en dicho Documento sobre Resultados. El 24 de junio, los EE.UU. fueron el primer país en responder a este pedido mediante el “Documento oficioso: La UNGASS sobre Drogas” (y, en particular, mediante una amplia difusión de este documento para recoger comentarios). La Unión Europea (UE) ya había presentado en el Debate Temático de Alto Nivel de la Asamblea General, realizado el 7 de mayo en Nueva York, una serie de 20 recomendaciones para el Documento sobre Resultados de la UNGASS, en tanto que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) acordó una “visión común” inicial para la UNGASS durante su reunión ministerial celebrada los días 21 y 22 de mayo en Quito.

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) –red constituida por más de 140 ONG de todo el mundo– ha venido siguiendo de cerca los preparativos para la UNGASS, y ya presentó recomendaciones sobre temas fundamentales que comprenden todo el abanico de políticas sobre drogas a considerar durante los debates de la UNGASS. Para informar aún más este proceso, la presente Nota de incidencia política ofrece recomendaciones específicas del Consorcio respecto a la estructura y contenido del Documento sobre Resultados, e incluye algunas reflexiones sobre las posturas adoptadas hasta ahora por la UE, la CELAC y los EE.UU.

El panorama global de las políticas de drogas está experimentando unos importantes cambios que están determinando los preparativos para la UNGASS 2016, orientándose hacia unas respuestas más humanas y proporcionadas basadas en los principios de los derechos humanos, la salud y el desarrollo. Pero son pocos los países que están dispuestos a admitir abiertamente la existencia de deficiencias estructurales con respecto a la coherencia de todo el sistema de la ONU, la arquitectura institucional y el marco jurídico de los tratados. A pesar de las crecientes grietas que están apareciendo en el consenso de Viena y las contravenciones de los tratados en el campo de las políticas de cannabis, poner en tela de juicio los principios básicos del sistema internacional de control de drogas sigue siendo, en general, un tabú político.

La aplicación de la ley de drogas en América Latina opera en un contexto de fragilidad institucional en el que la ‘guerra contra las drogas’ ha fracasado en gran medida en su objetivo de reducir la oferta y la demanda, a la vez que ha generado nuevos problemas y notables daños colaterales. La modernización de la aplicación de las leyes de drogas puede ser una fuerza para impulsar el cambio del sistema de justicia penal y, quizá, mostrar el camino para reparar un sistema que no funciona. El ‘desafío de los cuatro puntos débiles’ (premisas erróneas, objetivos e indicadores equivocados, instituciones débiles, y peores resultados) esboza los cuatro grandes desafíos para modernizar la aplicación de las leyes de drogas en la región.