La
principal finalidad que persigue este método  alternativo 
de  justicia  es  la  de  alcanzar   
la solución  más  justa  posible  a  un 
conflicto  originado por la comisión de un delito, que, según
los defensores   de   este   proceso,  
es   la   reparación del  
daño 
causado  a  la  víctima,  elevar 
los  niveles  de  satisfacción  de  la 
misma,  estimular  al  ofensor  a  pensar
acerca  de  los  efectos  del  delito 
que  ha  cometido,  y reducir  los  niveles 
de  reincidencia,  en  lugar  del castigo 
del  autor  del  hecho,  como  sucede 
en el vigente sistema de justicia penal. Pero la opción del
legislador  por  incluir  en  un 
ordenamiento  jurídico determinado la posibilidad de que la
comisión de un acto  delictivo  se  derive  a 
un  proceso  mediador  no está  exento  de 
dudas  e  incertidumbres.  Aunque la mediación 
penal  se  ha  aplicado  con  éxito 
en  multitud  de  países  durante  más 
de  dos  décadas,  y  sigue siendo  objeto 
de  un  gran  caudal  literario,  tanto 
a nivel  teórico  como  estadístico,  lo 
que  parece  cierto es   que  
estamos   ante   una   institución  
o   fórmula alternativa de justicia todavía inacabada
que, aunque no  en  todos  los  casos, 
plantea  problemas  de  índole 
procesal 
de  gran  calado,  especialmente  en 
relación con  el  riesgo  de  abandono  de 
los  derechos  fundamentales  de  naturaleza 
procesal  del  imputado,  pero también  en 
relación  con  la  seguridad  de  la 
víctima.En el estudio realizado en este trabajo se analiza si la
opción – en caso de aceptarla - por la mediación penal ha 
de  verse  como  una  alternativa  real 
al  sistema  de justicia  vigente,  o  si 
se  trata  de  una  rama  de  la
justicia que puede surgir en un momento determinado  de 
un  tronco  común  (el  proceso  penal) 
a  los efectos  de  dar  una  solución 
más  justa  y  eficaz  al conflicto  
planteado,   teniendo   presente   el  
interés público   en   dicha  
solución,   y   no   sólo – aunque
también -de las partes involucradas en el mismo.

En
el artículo se analiza la desobediencia civil feminista como hija de
la democracia. A la luz del análisis de las distintas
interpretaciones de los derechos naturales, se sigue la trayectoria
que ha tenido el “derecho al propio cuerpo”, desde el Sufragismo
y su época hasta el mundo global. En el momento actual, el derecho
al propio cuerpo es defendido desde posiciones enfrentadas como son
Femen y el Feminismo Islámico. 

Uno
de los procedimientos de legitimación de las prácticas opresivas
consiste en reducir a los individuos subordinados a la categoría de
mero cuerpo.  Tanto la conceptualización de las mujeres como la
de  los animales no humanos ha tenido lugar en el marco de los
dualismos Cultura/Naturaleza, Mente/Cuerpo y Sujeto/Objeto. Su
adscripción al elemento devaluado de los opuestos ha expresado y
legitimado su condición de  blanco privilegiado del deseo y de
la violencia simultáneamente. El objeto de deseo, convertido en
carne, despierta amor y odio, 
anhelo de posesión y de
aniquilación.  Para intentar una  mejor comprensión de
este fenómeno, este estudio analiza el entramado conceptual que
subyace al deseo en la cultura patriarcal.

El fallo emanado por la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, único en su especie, pone en jaque un "tema tabú" que ha tenido diversos coletazos en los últimos años pero que ninguno tuvo la suficiente fuerza para colocarlo en un plano protagónico de la agenda política, que permita llevar adelante una reforma a aquellas normas penales que castigan la tenencia de estupefaciente para consumo personal o que le prohíben a los médicos, prescribirla con fines terapéuticos.