Este
trabajo presenta un modelo de simulación, basado en dinámica de
sistemas (DS), para la predicción de la población en el año 2025
en el Centro de Atención Especializado (CAE) para menores
infractores privados de la libertad “Escuela de Trabajo El
Redentor”, perteneciente a 
la Congregación de Religiosos
Terciarios Capuchinos Provincia San José. El modelo incorpora tasas
de crecimiento y decrecimiento, variables y parámetros como
traslados, reincidencias, incremento de la delincuencia en menores de
edad, entre otros. Con el desarrollo de este trabajo 
se
concluye que el incremento en las tasas de criminalidad conllevará a
la saturación del Centro de Atención Especializado, por lo cual se
hace necesaria la ampliación de la infraestructura física para
permitir garantizar un adecuado proceso de rehabilitación a los
menores y evitar futuras conflagraciones.

El
presente artículo traza un abordaje de toda la historia y evlución
de las cárceles masculinas y femeninas, con foco en lo femenino,con
respecto a los ajustes estructurales para adaptarse a la ley, 
demuestra que los problemas experimentados por las mujeres están
surgiendo a partir de un pasado problemático, dado que no se han
construido con la intención de confinar a las mujeres sino a los
hombres. Se analiza   la realidad de las mujeres en los
sistemas penitenciarios, abordando todos los derechos que están
restringidas, que ahora no sólo afecta a ellas, sino también a sus
hijos, desde los recién nacidos que necesitan acostumbrarse a la
rutina existente en las prisiones, experimentando todos los déficits
existentes. 

Este 
artículo fue escrito con la finalidad de recorrer la actual realidad
del sistema carcelario brasieño, los principales problemas del mismo
y los desafíos existentes para mantenerlo, presentando también
posibles soluciones alternativas para reducir la reincidencia de los
delitos incitando al aumento de la resocialización del preso. 

La
violencia y la delincuencia juvenil es uno de los principales
problemas que afecta a todo el continente. El objetivo de este
artículo es responder a las preguntas: ¿cómo intervenir en los
problemas de violencia y delincuencia juvenil? Para ello, este
artículo define los problemas de violencia y delincuencia juvenil.
Para ello, este art´iculo define los problemas de violencia y
delincuencia juvenil, presenta algunas estrategias de intervención
basadas en el enfoque punitivo y cuestiona su efectividad. Finalmente
presenta el enfoque de la salud pública basado en la prevención de
la violencia y delincuencia juvenil y desarrolla los factores de
riesgo y protección.

La 
presente  investigación  se  desarrolla 
respecto  de  los  medios  de prueba, en
particular los medios de prueba tecnológicos que la ley prevé, para
probar ciertas conductas antijurídicas en juicio. Dichas conductas
se refieren a la discriminación, particularmente en los juicios
referidos al Bullying y Grooming.En  concreto  se 
analizan  las  condiciones  de  legitimidad 
del  uso  de  esta clase  de  pruebas 
para  probar  las  acciones  u  omisiones 
antijurídicas  que  se refieren, al igual que el valor
probatorio y la impugnación de los mismos, en los distintos  
procedimientos   en   que   ésta  
clase   de   conductas   podrían  
ser perseguidas y eventualmente sancionadas

La
política criminal, como toda política pública —y con mayor razón
aún por lidiar con el empleo de medios violentos—, debe ceñirse a
estrictos estándares de diseño, ejecución y evaluación. Ello
significa, entre otras cosas, mirarla desde la perspectiva de los
derechos humanos. Este “enfoque de derechos” ha generado el
desarrollo de estándares que, en materia de políticas sociales, se
han transformado en herramientas tangibles de evaluación de los
avances realizados y que pueden trasladarse, sin mayor esfuerzo, a la
política criminal. En el presente trabajo se procurar caracterizar a
la política criminal en tanto política pública —indicando su
ubicación en este campo, relación con otras políticas, fines
generales y medios específicos—, analizar esa especial política
pública a través del prisma del “enfoque de derechos”,
considerar las implicancias particulares que los estándares de este
enfoque tienen para la política criminal y establecer cuáles son
los límites al poder penal que estos estándares imponen.