Desde Santa Fe

Miguel Lifschitz despachó ayer a la Legislatura un primer paquete de leyes que proponen "cambios y correcciones" a la reforma judicial. Se trata de ocho proyectos, pero el núcleo duro lo integran tres que reforman el Código Procesal Penal: uno, apunta a evitar "el uso disvalioso" del juicio abreviado -según palabras del ministro de Justicia, Ricardo Silberstein-; el segundo, exige más "rigor" para conceder la "prisión preventiva" y el tercero, es una ley de decomiso, entre las primeras del país, que propone incautar los bienes del crimen organizado. Un efecto del caso Los Monos. Los otros, pretenden mejorar la mediación, facilitar el acceso de los ciudadanos al sistema judicial, simplificar los procesos penales y civiles y acortar los tiempos" del trámite.

El gobernador admitió que "en los últimos años la justicia se ha convertido en un tema político y de la agenda social de enorme repercusión", consideró que el hecho era "bueno y positivo" y por lo tanto, merecía "una respuesta acorde de los tres poderes del Estado". "Ese es el objetivo de la reforma -agregó Silberstein-, facilitarle a la gente el acceso a la justicia". "No hay provincia ni país posible sin una justicia independiente y para todos", afirmó el ministro.

Lifschitz dijo que los "cambios y correcciones" a la reforma judicial era el resultado de un "trabajo de varios meses" con los operadores judiciales y el "fruto" de una "tarea colaborativa" entre poderes. Y anunció que la reforma del Consejo de la Magistratura -que también se había anunciado- recién la enviará a la Legislatura la próxima semana porque aún "faltan algunos ajustes que estamos conversando" con jueces y abogados.

Silberstein se encargó de enumerar los "cambios":

Juicio abreviado. La reforma "establece una mayor rigurosidad en el procedimiento cuando se trata de delitos de determinada importancia", dijo el ministro de Justicia. Y explicó que en el caso de "penas mayores a 6 y 8 años exigirán y necesitarán la conformidad", no sólo del fiscal regional, sino también del fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal. "El juicio abreviado no es un instituto disvalioso, pero no se debe utilizar disvaliosamente. De manera que debe haber una mayor rigurosidad en el uso del mismo para evitar algunas situaciones de público conocimiento", agregó. Quedó claro que se refería al caso de Los Monos.

Prisión preventiva. "Los jueces van a tener una mayor posibilidad de dictarla, manteniendo los mismos presupuestos, pero solo con los recaudos de dos de ellos", explicó Silberstein. "O sea, con verosimilitud del derecho y peligro de fuga o la proporcionalidad del delito, podrán eventualmente dictar la prisión preventiva. Se mantiene obviamente el criterio de rigurosidad y de tutela al imputado, pero se le da mayores facultades a los jueces en este sentido".

Ley de decomiso. "Santa Fe será una de las primeras provincias en la Argentina" que puede tener una ley para "confiscar los bienes utilizados para la comisión de un delito o los adquiridos con los frutos de un delito", dijo Silberstein. "Incluso, se propone decomisar bienes, aún sin que existiera una condena firme, si los delincuentes está prófugos o hubieran confesado que provienen de un delito. Los jueces van a poder dar respuestas, no sólo con la privación de la libertad de los imputados, sino también con el decomiso de los bienes adquiridos a través de un delito", agregó.

Qué se investiga. "El nuevo Código establece que puedan no investigarse determinados delitos por cuestiones de oportunidad o asuntos nimios. En este caso, se establecen criterios de mayor rigurosidad para desestimar los delitos (que no se investigarán) por criterios de oportunidad".

Flagrancia. La reforma obligará a la Policía a detener a los imputados en los casos de flagrancia. Ahora tienen la posibilidad de detenerlos, pero con el "cambio" tendrán la "obligación" de hacerlo, precisó el ministro.

Mediación. Es buena para "disminuir la conflictividad", pero "no puede ser una limitación para el acceso a la justicia", dijo Silberstein. Y explicó que uno de los cambios es que el mediador tendrá su retribución según los resultados, "si no hay trabajo, no recibirá retribución". Y el otro, es la incorporación de la "oferta razonable", que calificó como una "figura novedosa en la Argentina, el Poder Judicial es público, gratuito e independiente, pero no debe haber abusos. Cuando no hay una oferta razonable, no tiene sentido que se haga un desgaste jurisdiccional", entonces, quien "no aceptó una oferta razonable y concurrió al Poder Judicial, va a cargar con las costas por haber hecho un uso indebido de ese poder".

Declaratoria de pobreza. "Es un instituto que permite el acceso a la justicia de las personas más vulnerables. Se simplifica el procedimiento que "en los Tribunales Colegiados de Rosario puede llegar a bajar la conflictividad en 1.500 causas al año. Esto es para dimensionar la importancia de este cambio", agregó.

Plazos de caducidad. Los acorta para que "la justicia sea más rápida, de manera tal que obliga a los profesionales a poder incoar los procesos ya no una vez al año, sino que el procedimiento se va a acortar a seis meses. Esto también es una respuesta para que haya una justicia más rápida, que no sólo es obligación de los jueces sino también de los abogados".