El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “A., D. A. s/ procesamiento” (causa 55279/2015) rta.: 18/2/2016, donde la Salainterviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que lo procesó por lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo en concurso ideal con amenazas. En el caso se le imputó haberse apersonado en el departamento de la damnificada y, luego de una discusión, haberla agredido provocándole un corte en la oreja, además de haberla amenazado con que le iba a romper la boca de una trompada. Los vocales confirmaron el procesamiento.

Precisaron que, con arreglo a las reglas de la sana crítica, cuyo concepto explicaron, no existía razón para dudar de los dichos de la víctima, los cuales constituían una prueba trascendental a la luz de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” y de lo normado en el artículo 16 de la ley 26485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales”. Que el informe interdisciplinario del expediente revelaba que la víctima se encuentra en una situación de alto riesgo y que al momento del examen presentaba una herida contusa en la oreja izquierda, todo lo cual, agregaron, conformaba un plexo probatorio suficiente para acreditar el hecho y desvirtuar el descargo del imputado.

La entrada en vigencia del nuevo Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba trajo consigo un cambio fundamental en los nuevos procedimientos de faltas: la obligatoriedad de que el imputado cuente con un abogado defensor. Pero será difícil implementar ese cambio en toda la provincia. 

Es que no todos los Juzgados de Paz Legos en los que a partir de ahora tramitarán las causas, están en condiciones "de asegurar la designación de un defensor al imputado conforme lo establece el artículo 20 de la citada norma en cuanto dispone que en caso que el imputado careciera de abogado defensor de su confianza es deber de la autoridad de juzgamiento la designación de uno de oficio o, en su caso, un asesor ad-hoc".

Ante esta perspectiva, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en uso de sus facultades reglamentarias, dictó el Acuerdo n° 1340 Serie "A" por el cual declara que de  manera transitoria "y hasta tanto se arbitren las medidas y los contactos institucionales pertinentes", los Juzgados de Paz "que no tengan posibilidades de designar un abogado defensor" en los términos del artículo 20 del Código de Convivencia Ciudadana, deberán, una vez instruido el sumario contravencional, citar al imputado "y en caso de que éste manifestare que no cuenta con abogado defensor, inmediatamente deberá remitir el sumario al Juzgado más próximo que asegure el cumplimiento de tal previsión".

El acuerdo, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se encuentra firmado por los jueces Domingo Sesín, Luis Enrique Rubio, Carlos Francisco García Allocco, y Sebastián López Peña, y reconoce que "las disposiciones del Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, N° 10326, buscan optimizar las garantías del procedimiento referido a las infracciones tipificadas por éste, poniendo en cabeza de Funcionarios del Poder Judicial el control de la instrucción y su juzgamiento".

Los magistrados recuerdan además  que aquellos Juzgados de Paz "que no cuenten con un Secretario de Actuaciones a los efectos de dar cumplimiento a las previsiones de la ley" podrán actuar "con dos testigos del lugar, conforme las previsiones del art. 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N° 8435".

La resolución original se refiere a los centros socioeducativos comprendidos en el Complejo Esperanza, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Córdoba. Respondía al hábeas corpus correctivo interpuesto por legisladores provinciales en favor de los jóvenes allí internados. En la nueva resoluciíón se dan por satisfechas las cargas impuestas al Gobierno de la Provincia para garantizar la calidad del servicio en dichos centros, particularmente con la incorporación de educadores especializados para l atención del plantel en la vida cotidiana.