Esta edición (2014) de la revista Defensa y Justicia, presenta un balance de los resultados obtenidos al cumplirse el primer trimestre de aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre todo, en lo referente al principio de favorabilidad y el caso concreto de las personas privadas de libertad por delitos de drogas. Según la antigua Ley 108, todos los delitos de drogas se castigaban con penas entre los ocho y los 16 años de prisión, mientras que el COIP establece penas proporcionales a la cantidad y tipo de sustancia. Este polémico cambio en la ley penal del Ecuador merece un análisis minucioso de su aplicación, pues denota un cambio sustancial en la visión que tiene el Estado ecuatoriano sobre los delitos de drogas, pensando ahora más en las personas y
menos en la sustancia y favoreciendo una justicia más proporcional. Por eso esta edición presenta diversas miradas sobre el tema, siempre desde una perspectiva de derechos, compartiendo las primeras experiencias de aplicación del principio de favorabilidad y la forma en la que el sistema de justicia comienza a caminar con este nuevo Código Penal. Esta edición de cierre de año, cuenta, además, con una entrevista realizada al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, quien analiza los primeros tres meses de aplicación del COIP y evalúa los resultados obtenidos, durante el 2014, como positivos en la administración de justicia del Ecuador.

Después de 50 años, el sistema actual para el control internacional
de drogas basado en la aplicación de la ley está siendo objeto de
escrutinio sin precedentes debido a su fracaso en cumplir la promesa de
lograr un “mundo libre de drogas” y a lo que la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) califica como “consecuencias
negativas imprevistas” en materia de salud, delincuencia, desarrollo y
derechos humanos. Resulta inaceptable que, a pesar de reconocer estos
impactos negativos, ni las Naciones Unidas ni los gobiernos que integran
este organismo los hayan evaluado de manera significativa para
determinar si dichas consecuencias imprevistas superan a las previstas.
El reporte sobre estos impactos no está incluido en el reporte principal
anual de la UNODC, el Informe Mundial sobre Drogas, y dicha información
no forma parte del debate de alto nivel sobre políticas de drogas.

Este Informe Mundial Alternativo sobre Drogas llena dicho vacío y
completa las evaluaciones de los gobiernos y de las Naciones Unidas,
detallando el rango total de impactos negativos de la “guerra contra las
drogas” y planteando las opciones disponibles para la exploración de
enfoques alternativos que pudieran rendir mejores resultados.

La iniciativa Calcula los Costos, respaldada por más de 100 ONG de
todo el planeta, convoca a los gobiernos y agencias de las Naciones
Unidas a calcular los costos de la guerra contra las drogas y a explorar
las alternativas basadas en la mejor evidencia disponible. Más información en http://www.countthecosts.org/es/informe-mundial-alternativo-sobre-drogas

la 
investigación  describe desde una  perspectiva 
analítica - jurídica  las  finalidades, administración 
y  formas  de  resolver  la  situación 
jurídica  de  los  bienes  afectados en  el
proceso  penal  colombiano    y 
propone  una  guía  de  análisis 
dirigida  a  los  sujetos procesales   e  
intervinientes;   que   permita  
interpretar,   comprender   y  
aplicar   las instituciones  legales  previstas 
para  el  manejo  de  los  bienes; 
según  su  competencia, funciones y ejercicio de sus
derechos.
Mediante
la  identificación  teórica-jurídica   
de  la  naturaleza  y  alcance  de  las
finalidades del bien como evidencia o elemento material probatorio,
como objeto material del ilícito, como medio de reparación, con
fines de comiso o susceptible para iniciar la extinción  de 
dominio,  se  determina  quien  administra 
los  bienes  afectados  ,  como se resuelve, 
cuándo  y  por  quien  de  forma 
definitiva  la  situación  jurídica  de 
aquellos, devolviéndolos,   destruyéndolos  
,   entregándolos   como   medio  
de   reparación   e ndemnización de perjuicios
a la víctima , profiriendo sentencia ordenando el comiso o
declarando la extinción de dominio de los mismos . 

Este
artículo expone la problemática de los antecedentes penales a
efectos de autorizar la residencia de ciudadanos de terceros países
en España. Se critica la denegación automática de la autorización
inicial de residencia por el hecho de tener antecedentes penales y el
uso de los ‘antecedentes policiales’, así como la falta de
criterios públicos para denegar la renovación de la autorización
de residencia. En segundo lugar se aborda la expulsión
administrativa como consecuencia de la condena (que incluye la
expulsión directa cuando la pena privativa de libertad es mayor de
un año y la expulsión indirecta por la no renovación de la
autorización de residencia a causa de los antecedentes penales). Se
finaliza con unas reflexiones sobre las consecuencias de carecer de
la autorización de residencia para el cumplimiento de la pena
privativa de libertad.

Las
concepciones dogmáticas del derecho niegan la posibilidad de
convivencia en un mismo territorio, de sistemas jurídicos diversos,
asegurando que el derecho estatal sea el único válido y a su vez,
tenga carácter omnipresente. Este trabajo, analiza y discute la
vigencia que tiene para las mujeres maya-mam del municipio de
Colotenango, Guatemala, la resolución de sus conflictos en las
instancias jurídicas disponibles a nivel local, en la articulación
de un sistema jurídico positivo e indígena. En particular, interesa
dar cuenta de la forma en que las mujeres han ido abriendo camino, a
través de las barreras ligadas al racismo y sexismo del sistema
jurídico positivo, así como a las
expresiones
patriarcales presentes en los espacios jurídicos comunitarios para
poder enfrentar, denunciar y resolver situaciones cotidianas
asociadas a la violencia de género.