El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “B., M. A. y otros s/estafa” (causa n° 15.161/2012) rta. 1/3/2016, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto del juez de la instancia de origen que procesó a los imputados como coautores del delito de defraudación a la propiedad intelectual (art. 71 de la ley 11723). En el caso, los imputados, encargados de una galería de arte, ofrecieron en venta una reproducción de una pintura como si fuese su original, no concretándose la operación por ausencia de compradores en el remate. Los vocales confirmaron la resolución recurrida.

Precisaron que los tipos penales contemplados en la ley 11723 no exigen para su configuración un efectivo detrimento patrimonial, pues carecen de las notas típicas de la estafa o la defraudación, debiéndose analizar la cuestión exclusivamente en torno a la afectación de los derechos de autor o bien de sus causahabientes sobre la obra, conforme las previsiones del artículo 5 de la ley 11723. Agregan que la pretérita venta del original (como hizo en este caso la viuda del autor) no implica la pérdida de potestad sobre ella y la cesión del derecho de reproducción.

Se remite como documento adjunto el fallo de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires dictado en causa nº 71.757 caratulada “Collantes, Hernán Alejandro s/ Recurso de Casación” y su acumulada causa n° 71.759 caratulada “Collantes, Hernán Alejandro s/Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal”, donde se resolvió que el tipo penal del artículo 263 del código de fondo requiere específicamente la calidad funcional de administrador, púes describe la relación del sujeto activo con respecto a los bienes en razón de la singular situación jurídica de estos.
Asimismo se determinó que, se caracteriza como intraneus  al sujeto activo de la figura del artículo 263 del Código Penal, no por la calidad funcional en si misma, sino por el vínculo que ostenta con respecto a los bienes privados equiparados a caudales públicos.
También se sostuvo que el tipo penal del artículo 277 del código de fondo solo requiere para su configuración, saber que se presta una
colaboración a otra persona, ya sea para eludir la acción de la justicia como también para ocultar o asegurar el producto del injusto, no
exigiendo en el sujeto activo, el saber específicamente a quien o a quienes encubre.

El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “F., A. s/procesamiento-insolvencia procesal fraudulenta” (causa n° 43.727/2012) rta. 22/2/2016, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que lo procesó por el delito de insolvencia fraudulenta. En el caso, el imputado fue condenado por un juzgado del trabajo a pagar una indemnización, pero el demandante no pudo hacerse del dinero debido a que el enjuiciado vendió un inmueble que tenía a su sobrina, quien a su vez lo enajenó a un tercero. Los vocales confirmaron el procesamiento.

Precisaron, con cita jurisprudencial, que las probanzas acumuladas permiten confirmar su procesamiento, quedando desvirtuado su descargo en punto a que se habría desprendido del bien para solventar los gastos de una enfermedad que padecía, máxime cuando la enajenación se produjo con posterioridad al inicio del juicio laboral en su contra, en el cual contestó demanda, ofreció prueba y apeló ante la Cámara del Trabajo. Agregaron el delito es de resultado y se perfecciona cuando, además de los actos tendientes a incumplir la obligación, se verifica la existencia de un fallo condenatorio firme que no es acatado, tal como sucedió en este caso traído a juzgamiento.

El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, dictado en la causa “Martínez, Cándida Rosa y otro s./ estafa”, (causa nº 24.018/12, Reg. 816/15) rta.: 22/12/2015, por el cual los vocales, Gustavo A. Bruzzone, Horacio Dias y María Laura Garrigós de Rébori, hicieron lugar al recurso de casación interpuesto, anularon la decisión recurrida y concedieron la suspensión de juicio a prueba solicitada, debiendo el tribunal de la instancia de origen fijar el plazo de prueba y las pautas a las cuales debía sujetarse el imputado.

Gustavo Bruzzone, con remisión a lo expuesto en el fallo emitido en el expediente nº 26065/14, Reg. nº 12/15, rta. 10/4/2015, “Gómez Vera, Pedro” -enviado como Mail de interés nº 5-, reiteró que si bien la posición de la fiscalía frente al caso era determinante de la procedencia del instituto, el órgano jurisdiccional debía realizar el control de legalidad de lo opinado para verificar que no fuera arbitraria, irrazonable o infundada. Que en el caso, el control llevado a cabo por el tribunal había sido aparente. Por un lado, resalto que nada se dijo sobre que la fiscalía no precisó los impedimentos concretos que la suspensión del proceso podría traer aparejados cuando se discutiera en audiencia de debate la responsabilidad de la co-imputada y, por el otro, tampoco se analizó la procedencia de lo expuesto por la fiscalía sobre el impedimento legal para la procedencia del instituto debido a la calidad de funcionario público que revestía el imputado por ser escribano. Sobre la última cuestión, luego de repasar las disposiciones de la ley de Ética de la Función Pública (ley 25.188) y lo señalado porla Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo 306:2030; y B. 488 XL “Badaro”, rta. 10/5/2005, concluyó que los escribanos no revestían la calidad de funcionarios públicos y que por ello la posición de la fiscalía en este aspecto no constituía una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias probadas de la causa, dado que se sustentaba en una interpretación extensiva e in malam partem del art. 77 del Código Penal, cuya definición de funcionario público no alcanzaba a los escribanos públicos, no rigiendo, en consecuencia para el caso la prohibición contenida en el séptimo párrafo del art. 76 bis, CP. En definitiva, voto por hacer lugar al recurso de casación, anular la resolución y conceder la suspensión del proceso a prueba.

Horacio Dias, señaló que al expedirse en el expediente 8784/11, Reg. nº 105/15, rta. 29/5/15, “Otero, María Fernanda”, se pronunció en sentido similar a su colega Bruzzone sobre lo concerniente al concepto de funcionario público, pero siguiendo la postura que tiene sobre ello Edgardo A. Donna (Derecho Penal, Parte Especial, Rubinzal, to. III, p. 27), en cuanto lo caracteriza como aquel quien: 1) Está adscripto a la Administración Pública; 2) Tiene una relación de profesionalidad, en el sentido que cubre un hueco dentro de la administración. Esto es que no colabora desde afuera (a contrario de un escribano); 3) Tiene una remuneración; y 4) Tiene un régimen jurídico propio. Por ello, adhirió a la propuesta de Bruzzone.

Por último, María Laura Garrigós de Rébori, estuvo de acuerdo con lo referido por Bruzzone en su voto y citó lo expuesto oportunamente cuando integrara la Sala V de la CCC en la causa n° 35.903 “Raiano, Ana María”, resuelta el 25/11/08 “…que el escribano de registro es depositario de la fe pública, pero no es funcionario público (…), pues no tiene relación de dependencia con el estado, ya que sólo lo inviste de la facultad de autenticar los documentos confeccionados en su presencia…”.