El presente trabajo pretende recorrer la situación del cannabis en distintos países de Latinoamérica y el Caribe a partir de tres ejes: la situación jurídica del cannabis y sus consecuencias, la existencia y proliferación de movimientos cannábicos, y el reciente desarrollo de la regulación del cannabis medicinal. Para ello, además de utilizarse distintas fuentes secundarias se consultó a especialistas de los países.

En
el 2006 un nuevo concepto se comienza a instalar en la semántica de
la sociedad chilena, un conteo constante de asesinatos de mujeres
visibiliza un problema social: el femicidio. De esta manera,
organizaciones feministas y organismos supranacionales con enfoque de
derechos han puesto sus esfuerzos en tematizar el femicidio y
demandar la intervención estatal en políticas de prevención. En
este contexto, en el 2007 en Chile se propone la moción que tipifica
el femicidio como figura legal. Este artículo, basado en una
investigación empírica, intenta indagar en la semantización del
femicidio en Chile, considerando la trayectoria hacia su
promulgación. Así mismo, será expuesta la proble-
mática del
femicidio como resultado de la violencia de género en el contexto de
una sociedad patriarcal, para finalmente, en este escenario, captar
cómo se semantizó el concepto, en su calidad de ley, en la
población.

La
violencia de género es un problema social que ha acompañado al
hombre desde épocas remotas. Actualmente muchas son las estrategias
implementadas por los países para tratar de mitigarla y brindarle a
las féminas el lugar que les corresponde en cuanto a equidad de
género e igualdad de derechos. Pese a ello, en el municipio Santiago
de Cuba este problema se encuentra latente, evidenciado a partir de
la sistematicidad con que mujeres, jóvenes, adolescentes, parejas y
la familia en general acuden a la Casa de Orientación a la Mujer y
la Familia (COMF) en busca de ayuda. En tal sentido, el presente
trabajo tiene como objetivo caracterizar la violencia de género en
féminas
santiagueras y visibilizar la estrategia de intervención
implementada para minimizar esta realidad. La investigación se
sustenta en la triangulación de datos cualitativos y cuantitativos
como estrategia metodológica implementada.

Durante
los primeros años del 2000 los medios de comunicación prestaron
especial atención a la realidad de los  menores 
marroquíes  que  inmigraban  solos.  Fueron 
unos  años  de  auge  de  este 
fenómeno  tanto desde  el punto  de  vista 
cuantitativo -por  la  cantidad  de  menores 
que  llegaron  en  estas  condiciones-, 
como  por  los estudios  jurídicos  y 
sociales  que  proliferaron  entonces,dando  a 
conocer  esta  realidad  y  alertando  de 
los riesgos  de  exclusión  de  estos 
menores  si  el  sistema  de  protección 
y  la  política  de  extranjería  no 
se  hacían cargo  de  la  situación  de 
forma  adecuada  y  conforme  a  los 
derechos  del  menor.  Una  década 
después  nos encontramos con  jóvenes  marroquíes 
en  prisión que  inmigraron  a España  solos 
siendo  menores  de  edad  que  fueron 
tutelados  por  un sistema  de  protección 
español.  Con  este trabajo se  pretende 
visibilizar  la realidad  de  los  menores 
inmigrantes  que  llegan  a  prisión, 
conocer  sus  trayectorias  de  vida  y 
explorar  a través de sus miradas posibles factores de riesgo
específicos en este colectivo.

Los
conflictos más  representativos  a    lo 
largo  de la  historia y  las   graves   
violaciones de derechos    humanos     
que      los      han 
acompañado,  son  la      prueba 
más  contundente del    porqué   es,
y    ha sido    necesaria, la
implementación de    procesos de justicia
transicional  en diversos escenarios.Sobre elparticular,Colombia
es el único país en Latinoamérica que mantiene   
viva la esencia    “endémica”  de 
un    conflicto armado, y aún    los
diálogos de    paz en La Habana,Cuba,existen retos
pendientes en la concreción de la justicia   
transicional.      

Como
parte de su vastísima jurisprudencia sobre las obligaciones
positivas del Estado, que imponen a este garantizar  a 
sus  ciudadanos  el  disfrute  efectivo  de 
los derechos  reconocidos  en  el  Convenio 
Europeo  de Derechos Humanos de 1950, desde hace años el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene desarrollando una serie de
deberes estatales referidos al ejercicio del ius puniendi,
construidos no desde la tradicional óptica de la garantía de los
derechos del reo, sino desde la protección debida a las potenciales
o actuales víctimas del delito:  deberes  de 
criminalización  de las  violaciones  más 
graves de  los  derechos  convencionales,  de
investigación y enjuiciamiento y
de su sanción efectiva con
penas suficientes, a los que se une, en un plano diferente, el deber
de prevención y evitación fáctica de 
delitos. El trabajo
da cuenta de esta doctrina y pone de relieve  sus 
ambigüedades  y  riesgos,  así  como  su 
en  algunos  extremos  difícil  compatibilidad 
con  la jurisprudencia del TC español.