El
siguiente artículo es parte de una investigación teórica y
constituye una propuesta analítica para el examen crítico de la
racionalidad securitaria de las prácticas de gobierno neoliberales.
Provisto de una red conceptual alojada en las derivas reflexivas de
la gubernamentalidad y el biopoder, se problematiza la oposición
democracia – excepción interrogando la racionalidad política de
las prácticas de gobierno puestas en juego con el advenimiento de
esta última. Se caracteriza así la emergencia de tecnologías
securitarias de gobierno fundadas en el cálculo de riesgos, las que
determinan formas diferenciales y socialmente estratificadas de
control sobre las poblaciones según el modelo de gestión de la
empresa, articulando una red heterogénea de prácticas orientadas a
la protección de la vida al mismo tiempo que a su disolución o
abandono.

Bajo
la justificación de una sensación de inseguridad, los municipios
dedos de las comunas más ricas de Chile, implementaron un
controversial dispositivo de vigilancia de globos aerostáticos con
cámaras de última generación. Ideado originalmente para la guerra
y el control fronterizo, los municipios buscaban enfrentar la “guerra
contra la delincuencia” y gestionar el espacio público más
eficientemente. De inmediato estos globos generaron rechazo por la
invasión a la privacidad y sobrevigilancia que podrían implicar en
la ciudad. Este artículo aborda empíricamente los distintos
discursos desplegados por los actores involucrados en la
controversia, las operaciones de mantenciónde este sistema de
vigilancia, así como también las maneras en que las personas
conviven cotidianamente con él. Por medio del análisis de estas
dinámicas, el artículo muestra como esta tecnología foránea
adquiere una particular visión sobre la ciudad que depende de
entidades y fuerzas no siempre consideradas en los discursos
públicos.

A
partir de información descriptiva y de la revisión de referencias
bibliográficas se analizan las condiciones en que se producen los
flujos migratorios contemporáneos, y las consecuencias que enfrentan
los migrantes a la luz del fortalecimiento de las políticas de
control fronterizo. Se exponen las paradojas y tensiones políticas
derivadas de estas políticas de control que impulsan los principales
países desarrollados receptores. A partir de ello se realiza un
análisis comparado con las políticas fronterizas de los Estados
receptores de migrantes durante la primera mitad del siglo XX. El
artículo concluye con la tesis de que la reacción contemporánea
del Estado frente a las migraciones es una respuesta a la demanda de
las sociedades nacionales. La respuesta Estatal contribuiría a su
vez a reproducir y alimentar el malestar y el desprecio social por
los migrantes, lo que redundaría en una crisis de los derechos
humanos como el fundamento que las democracias occidentales se han
buscado dar desde la segunda mitad del siglo XX. 

Desde
una aproximación inductiva a partir del análisis crítico del
discurso, el artículo se propone mostrar la persistencia de la idea
de seguridad en el modo en que el Estado chileno ha pensado la
migración internacional en las últimas cuatro décadas (entre 1975
y 2014), a través de cuatro textos normativos que se consideran
cristalizaciones de ese pensamiento de Estado sobre este proceso
social: el decreto ley N° 1.094, de 1975 y aún vigente; el proyecto
N° 2891 de 1993; el instructivo presidencial sobre Política
Nacional Migratoria de 2008 y el Proyecto de Ley de Migración y
Extranjería Nº 8970-06, presentado en 2013. Además de mostrar cómo
esta idea de seguridad actúa como hilo conductor, también se busca
explicar la forma en que este significante se ha ido transformando a
lo largo de este período, transitando desde el paradigma de la
Doctrina de la Seguridad Nacional al de la gobernabilidad migratoria.

El
presente artículo tiene como objetivo comprender la forma en que se
configuró la relación entre seguridad e inmigración durante las
primeras décadas del siglo XX en Argentina. De esta manera, el texto
busca contribuir a rellenar la brecha que existe entre el temprano
interés que el Estado argentino ha demostrado en relación al
delito, la seguridad y la inmigración, y la escasa indagación
específica sobre estos temas que existe en los estudios migratorios
de Argentina. Esto se llevará adelante a través del análisis de
diferentes documentos estatales, en particular leyes, decretos,
fallos judiciales y de la revisión de un conjunto de textos que han
abordado diferentes aspectos de la relación entre Estado e
inmigración durante el período seleccionado. El abordaje teórico
articula el trabajo de Abdelmalek Sayad junto con los desarrollos en
relación al vínculo entre seguridad y migración hechos por los
estudios críticos de la seguridad.

La
garantía del hábeas corpus despliega, con total humildad, razones
para la permanente expansión de la libertad o bien para su contínuo
resguardo. Su bajo perfil, sin embargo, es confundido con
indiferencia en orden a su compromiso con la causa de la ciencia del
derecho; ello se explica, por un lado, debido a la generalizada
creencia que su reconocimiento expreso como derecho positivo -en los
más altos niveles normativos-, es anticuerpo suficiente para puestas
en peligro o atentados directos contra la autonomía personal a
manos
del Estado y, por el otro, lógicamente anclado en el predio
precedente, en una suerte de desubicación contemporánea frente a un
punto de partida de contención teorético (y en desuso del abuso)
del poder político, al que no obstante se le exigen soluciones con
mayor intervención fáctica (y menos frenos) en las relaciones
sociales, aunque necesariamente adecuadas al orden anterior.
Corresponde exponer la disconformidad con los pies en claves propias
a la ciencia jurídica, sin hacer a un lado lo pragmático, método
dual que se aplicará sobre la excursión que sigue, a la que se
invita.

El
presente artículo tuvo por finalidad realizar un examen del Ius
Cogens en la tipificación de trata de personas, cuyas trasgresión
opera como delito de lesa humanidad prescrito en el Estatuto de Roma
inserto en el derecho penal internacional en la esfera de la
delincuencia organizada. En este sentido la investigación planteó
como análisis el derecho internacional humanitario desde la óptica
de los tratados y convenios que ha suscrito y ratificado Ecuador.
Para su elaboración, se hizo uso del tipo de investigación
documental,con un diseño bibliográfico, en un nivel argumental, lo
que favoreció precisar conceptos y establecer criterios. Buena parte
del estudio hubo que fundamentarse en el análisis doctrinal dado lo
limitado de su información a los efectos de patentizar la
trascendencia e importancia de la constitución, los tratados y
convenios internacionales que rigen la materia. Como principal
conclusión, se esgrimió que el Ecuador se encuentra frágil como
para hacer respetar los derechos que poseen los ciudadanos y aunque
en la Constitución (2008), se haya otorgado más deberes de
protección de los derechos al Estado, los entes encargados de hacer
cumplir no son instituciones autónomas en sus decisiones
emancipadas
unas de otras. Para ello se recomienda que el Ecuador deba velar por
el respeto de los Derechos Humanos como garantía de la vigencia de
los derechos constitucionales y del acceso a la justicia, de
conformidad con la disposiciones de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, suscrita por el Ecuador el 22 de noviembre de 1869
y ratificada su adhesión el 12 de agosto de 1977 y entrado en vigor
el
18 de julio de 1978, de conformidad con el artículo 74.2 de la
convención.