Es
notoria la creciente preocupación de la sociedad respecto a la
violencia de género, lo que ha provocado cambios legislativos
profundos en nuestro marco legislativo. A raíz de la aprobación de
la L.O. 1/2004 de Medidas integrales contra la violencia de género,
se ha transformado el concepto que el legislador posee de la
violencia de género, tratando así mismo de cohonestar una serie de
medidas penales referenciadas. El objeto de este trabajo es poner en
consideración las medidas civiles de protección, introduciendo las
sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo que tratan de
orientar sobre la tendencia que los juzgadores van a seguir en un
futuro para evitar la lacra de la violencia de género que se
encuentra insertada en nuestra sociedad. Las conclusiones, sin
embargo, son optimistas al considerar que la sensibilización dará
sus frutos en un futuro cercano.

El
presente artículo de investigación representa la importancia de dar
aplicación a la Redención de la pena en Colombia, puesto que el
mismo es un Derecho que se configura como la única fuente de
materialización de la resocialización del privado de la libertad,
mediante el ejercicio del trabajo y la educación. Para ello, en una
primera etapa se abordará lo relativo a la función predominante de
la pena privativa de la libertad: la resocialización del autor de la
conducta penal, luego se hará un análisis detallado sobre la
importancia de la aplicación del
Derecho
a la Redención de la pena por cuenta del trabajo y estudio y,
finalmente se demostrará por qué su aplicación constituye una
garantía de los valores y principios en los que se orientan los
estándares nacionales e internacionales, el Sistema Penal Colombiano
y como tal el Estado Social de Derecho.

En
la actualidad el derecho penal como control social formal, se
enfrenta a nuevas realidades como producto de factores globales que
están produciendo formas más complejas de criminalidad y que están
afectando bienes jurídicos muy amplios, es por eso que el derecho
penal ha tenido que auxiliarse de cierta tipología de delitos, que
dogmáticamente han generado un debate sobre la implementación de
nuevas técnicas de tipificación como herramientas auxiliares del
derecho penal, además la nuevas formas de criminalidad se ejecutan a
través de la organización de varios sujetos que a partir de la
legalidad que implica la organización pretenden ocultar la comisión
de muchos delitos. Por tanto la presente investigación tienen como
finalidad explicar el uso de algunas técnicas legislativas
utilizadas para proteger al medio ambiente, así
como
a situaciones relativas a la responsabilidad penal en los delitos
contra el medio ambiente desde la perspectiva de la autoría
corporativa y otros temas de importancia para el derecho penal, en su
relación con el medio ambiente, por lo tanto se puede hablar que
existe una problemática de carácter multidimensional en relación a
la protección jurídico penal del medio ambiente. Algunos de los
factores que se han señalado y que permiten dar paso a esta
investigación, se formularon previo al inicio de la elaboración de
este trabajo de grado, a través del anteproyecto de investigación,
a partir de dicho anteproyecto se establecieron situaciones
problemáticas de carácter multidimensional que por medio de esta
investigación serán abordadas, para efecto de establecer si la
concurrencia de una problemática multidimensional en la protección
jurídico penal del medio ambiente genera dificultad para una
efectiva protección del medio ambiente, o si la utilización de
algunas técnicaslegislativas como la ley penal en blanco y la
tipificación de delitos de peligro provocan dificultad en la
comprensión de los ciudadanos de las normas jurídicas y si además
esto conlleva a la amenaza de principios garantistas de un Estado de
derecho, o si los Estados deben emprender un mayor compromiso para
proteger al medio ambiente. La metodología utilizada en esta
investigación para dar respuesta a los
supuestos
que anteriormente se han señalado se basa en la dogmática jurídica;
es decir ilustrar la problemática de carácter multidimensional a
partir de las teorías y principios que se han adoptado penalmente en
relación al tema de investigación. Finalmente, para ilustrar el
contenido de este trabajo, la investigación está estructurada de la
siguiente forma: Las problemáticas fueron las siguientes: la falta
de claridad en el deslinde entre los ilícitos administrativos y los
ilícitos penales, lo que genera el riesgo de afectar la garantía
Constitucional del Ne Bis In Idem; se destaca el uso de la técnica
legislativa de los delitos de peligro (abstracto y concreto) el uso
de la técnica legislativa de las leyes penales en blanco, lo cual
genera el riesgo de afectación al principio de legalidad y a la
seguridad jurídica porque la normativa administrativa (legal y
reglamentaria) se modifica sin mayor control y con sigilo; en cuarto
lugar el conflicto que se presenta entre la aplicación de la
normativa internacional y la legislación nacional por falta de
conocimiento de los operadores jurídicos del sistema; en quinto
lugar se aborda las tensiones políticas, sociales y económicas que
genera el desarrollo económico respetuoso del medio ambiente; y la
sexta problemática que se plantea es la responsabilidad de las
personas jurídicas en la comisión de delitos contra el medio
ambiente que reclama un cambio de enfoque de las finalidades de la
pena.

En abril de 2016 se llevó a cabo en New York la tercera Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno a la cuestión de las drogas (conocida también como UNGASS 2016). La reunión se realizó como respuesta al llamado de un grupo de países latinoamericanos – Colombia, Guatemala y México – a repensar y reorientar la política de drogas. El mandato dado a la ONU y acordado por los países para esta sesión fue “revisar el progreso logrado hasta el momento y analizar los logros y retos pendientes en el combate a las drogas”. Bajo este marco, el Secretario General de esta organización, Ban Ki-moon instó a los países a tener “un debate amplio y abierto que considerara todas las opciones”.
Si bien la Sesión Especial no trajo consigo grandes sorpresas o cambios paradigmáticos, sí hizo evidente que el consenso en torno al prohibicionismo – en su versión más represiva y dura – se ha debilitado. El acuerdo alcanzado por los países en la UNGASS 2016, sobre temas generales y amplios, incorpora un nuevo lenguaje que se aleja de la denominada “guerra contra las drogas”; además, abre la puerta a la flexibilidad para formular y aplicar políticas de drogas en el ámbito nacional. Desde una perspectiva histórica y desde la orilla de América Latina, estos no son cambios menores y abren el camino para reformas progresivas. El desafío principal para transitar por esta senda es pasar del debate y el discurso a la acción y los cambios concretos.

A través de este documento el Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe (RIAL) se propone hacer un balance de la UNGASS 2016 desde la perspectiva de los países de la región, identificando las lecciones que dejó este proceso y brindando una mirada hacia el futuro, con recomendaciones concretas. El texto que ustedes tienen en sus manos está orientado a la acción, como una apuesta al cambio y la innovación en la política de drogas de los países de la región.