La sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso “Bulacio vs. Argentina” amplió el deber de
investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos –que tienen los
Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– hacia otros
delitos graves, pero técnicamente comunes, privando a los tribunales nacionales
de la facultad de adoptar límites a la persecución penal, cuando su uso pueda
generar impunidad.La aplicación irreflexiva de dicha sentencia por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el caso “Esposito Miguel Ángel”,
provocó numerosas críticas de la doctrina penal por otorgarle un carácter
absoluto a dicho deber, y por entender que esto vulneraría otros derechos
fundamentales como el debido proceso legal y el de defensa.

La presencia de los pueblos indígenas en la
región implica diversidad, que se hace visible a través de sus idiomas, sus
organizaciones sociales heterogéneas y sus costumbres. Sin embargo, poco de
esta realidad se refleja en la práctica del derecho. La situación jurídica de
los Pueblos Qom y en particular de los menores de estas comunidades derivada de
la situación de vulnerabilidad y desprotección en que se mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:#222222;
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encuentran, representa el objeto de estudio del
presente trabajo, mediante el cual se pretende llegar a una aproximación a los
factores determinantes que propenden a la existencia de una franja poblacional
objeto de criminalización