La ley de
flagrancia manda. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo  color:#222222">Criminal y Correccional declaró la nulidad del
rechazo de la suspensión del juicio a prueba solicitada por la
defensa de un hombre que cometió un robo.


En los autos "S., P. R. / Suspensión del
proceso a prueba –flagrancia", el fiscal del caso solicitó
la elevación a juicio en orden al delito de robo simple en grado de
tentativa y no se opuso a la suspensión del juicio a prueba solicitada por
la defensa en la audiencia de flagrancia celebrada.



Ante ello, los integrantes del Tribunal, Luis
María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi, señalaron que no es de
aplicación al caso, como lo destacó la defensa en el audiencia, el criterio
utilizado por el juez de grado para el rechazo de la probation, que el
delito imputado

supera los tres años de prisión.



Los jueces explicaron que la jurisprudencia
dictada por la Corte Suprema de Justicia establece que “el criterio
que limita el alcance

del beneficio previsto en el art. 76 bis a los
delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo
máximo no supere los

tres años se funda en una exégesis irrazonable
de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez
que consagra una

interpretación extensiva de la punibilidad que
niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida
preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja
totalmente inoperante.”



Asimismo, los magistrados destacaron que no
pudieron continuar con el análisis del caso porque no obra constancia
alguna que diera cuenta de la citación de la víctima, quien está
perfectamente individualizada para intervenir en las audiencias celebradas,
donde se ventila la posibilidad de suspender el juicio a prueba.



Por todo lo expuesto, los camaristas resolvieron
declarar la nulidad del rechazo de la suspensión del proceso a prueba

El fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, dictado en la causa “Meglioli, Alejandro Sergio s/ homicidio simple”, (causa nº 814/13, Reg. 911/16), rta. el 22/11/2016, por el cual, Mario Magariños, Pablo Jantus y Carlos A. Mahiques, hicieron lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casaron la sentencia y, en consecuencia, absolvieron a Alejandro Sergio Meglioli del hecho materia de imputación, ordenando su inmediata libertad en el proceso (conf. artículo 18 de la Constitución Nacional y artículos 3, 398, segundo párrafo, 470, 473, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

            Mario Magariños explicó que corresponde realizar una revisión amplia, como exigencia derivada del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del hecho histórico fijado en la sentencia de condena, de acuerdo a las pautas de valoración derivadas del estado jurídico de inocencia y de la sana crítica racional, conforme los parámetros establecidos en el precedente “Cajal” (causa nº 31507/14, Reg. 351/15) rta. el 14/8/2015 –remitido como Fallo de interés nº 140 durante el año 2015-. Así, luego del análisis, consideró que el tribunal efectuó una errónea interpretación y aplicación de las normas legales que imponen el método de la sana crítica racional para la valoración probatoria (artículo 398, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación) y la regla del in dubio pro reo (artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación), como derivación directa e inmediata del principio fundamental de inocencia consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo que votó por casar y revocar la sentencia impugnada, sin costas y, de conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código Procesal Penal de la Nación, resolver el caso absolviendo a Meglioli, ordenando su inmediata libertad (conf. artículo 18 de la Constitución Nacional y artículos 3, 398, segundo párrafo, 470 cit., 473, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

            Pablo Jantus, coincidió con el voto de Magariños, remitiéndose a los fundamentos allí expuestos, resaltando que la prueba valorada en la sentencia no permite sostener, con la certeza requerida para fundar un juicio de reproche, que el imputado haya sido el autor del delito que se le atribuye, por lo que corresponde resolver el caso de acuerdo al principio consagrado en el art. 3 del CPP.

            Por último, Carlos A. Mahiques adhirió en lo sustancial al voto de Magariños y a las consideraciones en el mismo sentido realizadas por Jantus.