En España, cuando un menor de entre 14 y 17 años
de edad es imputado 107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">

por  un  delito,  o 
este  resulta  probado,  el  Juez  de  Menores

competente  puede  imponer, 
en  función  de  la  gravedad  y  de  las

 circunstancias  personales del menor,
una medida de privación de

libertad que consiste en el internamiento en
Centro, tal y como marca

la Ley 5/2000, de 12 de enero, de
Responsabilidad Penal de los

Menores, así como sus sucesivas reformas 
a  lo  largo  de  la  última

 década.  Esta  Ley 
tiene  como  principio  inspirador  de

referencia  el  superior 
interés  del  menor  de  edad  sobre

cualquier  otro  interés 
concurrente.  Asimismo,  establece  con

claridad  que  se  deben 
aplicar  sobre  los  menores  programas

fundamentalmente  educativos que fomenten
el sentido de la

responsabilidad y el respeto por

los derechos y libertades de los otros.

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minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">La amnistía o indulto entendida desde el punto de vista del
Estatuto

de Roma de la Corte Penal Internacional en el marco jurídico
para la

paz en Colombia, debe contemplar las situaciones que han
venido

enmarcando el conflicto armado, donde se ha sometido a la
población a

prácticas como el asesinato, el secuestro, el traslado
forzoso de

población, la desaparición forzada de personas, el
desplazamiento

forzado, el ataque generalizado contra la población civil, el
terror,

la destrucción de bienes y servicios, etc.; con un desarrollo

histórico particular. En este sentido, el tema de interés de
este

artículo se enfoca en responder al cuestionamiento, ¿existe la

posibilidad de contemplar la amnistía desde el punto de vista
del

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el marco
jurídico

para la paz en Colombia? Teniendo en cuenta la posible salida
pacífica

del conflicto a través del acuerdo de paz. En este sentido en
el

presente artículo se pretende determinar la posibilidad de
contemplar

la amnistía desde el punto de vista del Estatuto de Roma de
la Corte

Penal Internacional en el marco jurídico para la paz en Colombia,

cuáles son los mecanismos que Colombia debe seguir para que
las

sanciones penales impuestas con base en un eventual acuerdo
de paz

entre gobierno y guerrilla de las Farc puedan satisfacer los

requerimientos que impone la Corte Penal Internacional frente
a la

persecución y castigo de los crímenes de lesa humanidad, de
guerra y

el genocidio. Es importante analizar si el castigo debe ser
flexible,

severo u olvidado (amnistía e indulto), es decir, es estudiar
qué tan

positivo puede ser tanto para las personas involucradas o no

involucradas en el conflicto adjudicar la amnistía en el
acuerdo de

paz realizado entre el Gobierno y las Farc.

En el presente trabajo se estudia si existe
evidencia empírica que line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
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mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

apoye que el Plan Colombia (PC) y la Política de Seguridad
Democrática

(PSD)

tuvieron un impacto en la tasa de crecimiento real del PIB de
la

economía colombiana entre 2000 y 2011. Para racionalizar esta
creencia

se propone un marco conceptual que utiliza un modelo
macroeconómico de

la Demanda Agregada y de la Oferta Agregada y sostiene que
incluso en

ausencia del PC y del PSD, la economía colombiana habría
experimentado

la aceleración del crecimiento de su PIB real, argumentando
que,

durante los años de interés, la aceleración de la economía

mundialaumentó las exportaciones netas de pequeñas economías
abiertas

como Colombia. De la misma manera se realiza una prueba
estadística

para verificar cualquier cambio estructural durante el periodo

analizado y con esto observar si hubo un cambio estructural
probado

por la PC y PSD

La conformidad y la tolerancia respecto a los
estereotipos y los font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
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prejuicios han contribuido a desensibilizar a
una sociedad que busca

en “los otros” la justificación de sus propios
problemas. Los rumores

y el discurso de odio estimulan una intolerancia
que termina

desembocando, en muchas ocasiones, en actos
discriminatorios o en

delitos de odio. La gravedad de estos hechos
viene determinada porque

la discriminación

transgrede principios como la igualdad ante la
ley, la igualdad de

trato o la igualdad de oportunidades, mientras
que los delitos de odio

atacan al principio de dignidad, es decir, al valor
de la persona como

tal, y a la universalidad de los derechos
humanos y los principios que

estos contienen. Frente a estos delitos la
sociedad ha comenzado a

reaccionar mediante la creación de asociaciones
que a veces se agrupan

en redes para optimizar los recursos económicos,
sociales y jurídicos.

También las instituciones son conscientes de la
necesidad de actuar

rápidamente para preservar la integridad de las
víctimas que a menudo

se enfrentan a la doble circunstancia de ser
simultáneamente

“víctimas de riesgo” y “víctimas especialmente
vulnerables”. A nivel

social e institucional, los principales temas
pendientes para combatir

esta lacra son: sensibilización, concienciación
y formación.

El paradigma de la Política Criminal del
Enemigo, es un subsistema de line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

exclusión en la inclusión al despersonalizar a
un sujeto, y de

inclusión en la exclusión al incluirle en el
catálogo de riesgos y

peligros de la sociedad. El Derecho, como deber
ser que puede ser o noméxi

ser, no puede prohibir el riesgo, antes bien el
Derecho Penal del

Enemigo se constituye en el riesgo para los
Derechos Fundamentales a

partir de la prevención general positiva que le
fundamenta, así la

ideología de la enemistad sigue abriendo brecha
en nuestro Derecho, a

partir de una norma que, vía la justificación de
la prevención general

y especial de los delitos, genera la exclusión parcial
de la calidad

de persona a un sujeto para incluirle en un
catálogo de riesgos y

peligros sociales que legitiman un Estado
Policial en donde se reducen

los derechos fundamentales de los gobernados.