El trabajo pone en cuestión la figura de las medidas de seguridad curativas previstas en el art. 12 de la ley de estupefacientes Nº 23737. Estas medidas imponen, junto con la pena correspondiente a la comisión de cualquier delito tipificado en el Código Penal, un tratamiento rehabilitador coactivo para los condenados adictos. El trabajo discute su justificación y analiza la compatibilidad de estas medidas de seguridad con nuestro sistema constitucional y penal liberal, considerando distintas teorías legitimadoras de la intervención estatal

Una adecuada política de drogas debe sustentarse
en datos epidemiológicos que indiquen la
distribución y prevalencia del consumo de sustancias
en una población, así como en el análisis
de las causas y las consecuencias sociales de su
comercio, desde la producción hasta el consumo.
También debe sustentarse en hallazgos neurocientíficos
que expliquen los efectos de las sustancias
psicoactivas en el cerebro y en el comportamiento
de los consumidores. Sin embargo,
la información epidemiológica y científica generada
en México está muy fragmentada y no permite
un diagnóstico claro sobre el fenómeno de las
drogas, en particular en los problemas de salud
que éstas representan. Además, los neurocientíficos en México y América Latina frecuentemente
difunden sus hallazgos en medios especializados,
cuya lectura y difusión dificulta su comprensión
y uso en las ciencias sociales que discuten las políticas
públicas.