La finalidad de este trabajo es exponer algunas cifras y las opiniones de especialistas para ampliar el enfoque o la mirada que tenemos en la Argentina sobre los delitos de carácter sexual que se comenten a través de Internet, y que tienen a los menores de edad como sus principales víctimas. El uso de Internet y las redes sociales provocaron una enorme transformación social, afectando -en especial- a los más vulnerables: los niños y los adolescentes. La victimización de los menores mediante las TICs se convierte en un problema de gran magnitud, cuyas dimensiones y alcances se ignoran -todavía- en nuestro país. Internet permite que los delincuentes y acosadores sexuales puedan relacionarse con muchísimos niños, adoptando identidades falsas y posibilitando que los sujetos activos de estos delitos cuenten con menores chances de ser descubiertos que en el mundo real; lo que dificulta la persecución de estos delincuentes por parte del Estado argentino. También se tratan las posibles mejoras que la existencia de estadísticas oficiales sobre el tema implicarían para la prevención, investigación y persecución de la pornografía infantil y del grooming en nuestro país. 

Alcanzar el Buen Vivir no es posible sin
solucionar los problemas de  line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">exclusión social que requieren de la expansión
de las libertades de grupos históricamente marginados, como lo son
las personas privadas de libertad, muchas de las cuales antes de cometer actos
delictivos vivieron en un entorno de violencia y pobreza,
situación que en la cárcel punitiva concebida como una institución
de castigo y denigración, se intensifica, acentuando conductas antisociales que crean
círculos viciosos cuya ruptura se logra, entre otras cosas,
proporcionándoles nuevos funcionamientos y capacidades,por lo cual la
educación inclusiva en igual calidad que la ofertada en la vida libre
pero con diseños curriculares y metodológicos específicos que
garanticen la transferencia efectiva de conocimientos hacia
este grupo, es clave, constituyéndose en el ejercicio de un derecho
humano que dignifica a la vez que rehabilita, siendo la educación
superior la de mayor impacto transformador. Ecuador inició un primer
pilotaje otorgando becas a un grupo de presos para acceder a
estudios universitarios en contexto de encierro, plan que debe superar
diversos obstáculos requiriendo de la coordinación
interinstitucional y del compromiso dela sociedad para que rinda los resultados
deseados, contribuyendo a convertir a las prisiones en verdaderos Centros
de Rehabilitación Social y al Sistema de Rehabilitación Social en
un promotor de los derechos humanos y el Bien Vivir.

autor: Francisco Torres
Hernández

El objetivo del presente artículo es analizar la
relación entre el font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">

desarrollo de las organizaciones sociales que
trabajaron con la

infancia pobre y la situación del movimiento
obrero organizado entre

1983 y 2001.Movimiento obrero Estudiamos el
período a partir de una

revisión bibliográfica y de material
periodístico que ponemos en

relación con entrevistas realizadas a distintos
protagonistas y

material audiovisual producido por ellos y
Organizaciones sociales sus

instituciones. Como resultado, ubicamos una
articulación entre

organizaciones y sindicatos que

fortaleció ambas luchas y profundizó su
legitimidad, ensanchando el

propio concepto de clase y de infancia

El decreto Nº 103/2017 crea la “Comisión para la Reforma del Código Penal de
la Nación” conforme “la necesidad de
lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal,
abordando las modificaciones necesarias”. La norma afirma que “resulta imprescindible que la normativa
punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano
internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de
los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la
corrupción”.

Transcurridos veintiocho años
desde la sanción de la Ley 23.737, plazo en el cual dicha norma no ha recibido
modificaciones sustanciales que modifiquen su estructura, y habiendo ocurrido
en el mundo y en nuestro país una variedad de sucesos políticos y jurídicos
relacionados con la cuestión, están dadas sin duda las condiciones para un
análisis de en qué medida los objetivos de dicha norma se cumplieron, qué
modificaciones requiere y cuál es su sentido en la actualidad.

En el presente texto, el autor intenta resumir los argumentos mediante los cuales se demanda un cambio
legislativo dirigido al respeto de los derechos de los consumidores de
sustancias prohibidas y la coherencia de un sistema que se presenta como
anacrónico y desproporcionado en el presente contexto nacional e internacional.