Este artículo intentará dar cuenta de la realización de seminarios sobre uso medicinal de cannabis en diversas ciudades del país entre 2015 y 2017, como también de audiencias en el Congreso de la Nación en las que se debatió la regulación de dicha sustancia, a partir de un análisis de cuño etnográfico. Este tema forma parte de una tesis en proceso de escritura que trata del activismo cannábico en Argentina de un modo más amplio, en la que se relatará cómo las agrupaciones constituidas por usuarios medicinales y sus familiares comenzaron a actuar con asociaciones cannábicas que se habían formado en años anteriores, como también con especialistas –abogados, médicos, científicos- y funcionarios públicos. Parte del trabajo de campo consistió en acompañar los eventos organizados por esa red de actores, cuya labor se centraba en la difusión de información basada en evidencia científica y en experiencias personales. Aquí se propone desplegar ciertas articulaciones que se produjeron en –y a partir- de esas instancias de reunión, destacando su capacidad productiva de relaciones sociales y enfoques específicos sobre el cannabis.  

El objetivo de este trabajo es analizar las exigencias
constitucionales y convencionales respecto de la duración de los
procesos penales. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable se
encuentra expresamente reconocido en los tratados de derechos humanos
con jerarquía constitucional y, de forma implícita, en la
Constitución Nacional. Se ha recurrido a la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y de tribunales nacionales
para delimitar los alcances y requisitos de este derecho y evaluar
las diversas soluciones que pueden adoptarse cuando se verifica una
afectación al mismo.