“Es admisible el agravio introducido en el recurso de casación que cuestiona la decisión por parte tribunal de mérito, adoptada en el marco del trámite de un juicio abreviado, de imponer al condenado la realización de un tratamiento psicológico, que no formó parte del acuerdo suscripto entre las partes, puesto que –sin abrir juicio sobre el fondo y desde una perspectiva estrictamente formal- el remedio articulado se dirige contra una sentencia definitiva en los términos del art. 457 CPPN, la parte recurrente se encuentre legitimada para impugnarla (art. 431 bis, punto 6º, CPN), sus planteos se enmarcan dentro de motivo previsto por el art. 456, inc. 1º, CPPN y se ha cumplido el requisito de fundamentación requerido por el art. 463 del citado código procesal (voto del juez Morin al que adhirió la jueza Llerena)
El dictado de una sentencia de condena a partir de un acuerdo de partes, en lugar de una que sea resultado de un debate oral y público, representa una circunstancia relevante y sustantiva que, indefectiblemente, impacta en los estándares de admisibilidad del recurso y, por ende, también en los alcances de la revisión. Así, no puede soslayarse que la sentencia condenatoria que encuentra motivo en el procedimiento establecido en el artículo 431 bis CPPN no es fruto de un caso o controversia entre una parte acusadora y la defensa, sino, todo lo contrario, un pronunciamiento que si bien debe contar con la fundamentación adecuada, así como también debe ser producto de un previo escrutinio del acuerdo arribado por las partes, pone fin a una etapa del proceso como consecuencia de la adopción de un resultado respecto del cual ambas partes han prestado su conformidad. De tal forma, el contradictorio y la controversia que reina en un debate, aportan al proceso, naturalmente, una riqueza argumental que, indefectiblemente, se refleja en los términos de la sentencia que debe dar respuesta a todos y cada uno de los puntos relevantes y conducentes introducidos por las partes. Tal circunstancia se encuentra ausente cuando se procede de acuerdo a lo establecido en el artículo 431 CPPN, razón por la cual, en esos casos, no puede reclamarse a la sentencia los mismos estándares que en los casos en que se opta por la realización del juicio oral y público (voto del juez Morin al que adhirió la jueza Llerena).
La ausencia de contradictorio y la controversia que reina en un debate en el caso de la sentencia a la que se arriba con motivo de un acuerdo a los establecido en el art. 431 CPPN, conlleva la necesaria y concordante adaptación de la tarea del escrutinio formal de los recursos de casación contra las condenas que son el resultado de un acuerdo de partes, así como también respecto a los estándares de revisión, pues no puede soslayarse que todo argumento sometido a estudio de esta instancia casatoria, nunca pudo haber sido previamente puesto a consideración del tribunal de juicio, el que debe dictar una sentencia fundada, pero que no representa un instrumento que dirime un conflicto entre intereses antagónicos. Lo contrario, desvirtuaría el rol revisor de la cámara de casación, que se convertiría en un segundo tribunal de juicio sin debate que debe dirimir agravios que son introducidos por primera vez ante esta instancia casatoria. Por ello, se debe exigir que el recurso de casación se funde debidamente, y en el marco de los supuestos previstos en el art. 456 CPPN, un caso de defecto de fundamentación, arbitrariedad o alguna otra cuestión federal en los términos de la doctrina de “Di Nunzio” (Fallos: 320:1108) (voto del juez Morin al que adhirió la jueza Llerena)
Corresponde rechazar el recurso de queja por casación denegada deducido contra la sentencia condenatoria dictada mediante el trámite de juicio abreviado, si el agravio de la defensa en punto a que se había verificado una arbitraria valoración de la prueba, no se encuentra debidamente fundado para demostrar su procedencia. Ello es así, pues la defensa no emprende un examen crítico y puntual de los términos de ese capítulo y, en particular, no demuestra que los fundamentos expuestos en la sentencia de condena en relación con ese punto sean aparentes o insuficientes, en tanto el esfuerzo concreto de demostración es tanto más exigible frente a un dispositivo dictado a raíz de la conformidad prestada por el imputado, con la asistencia de su defensa, que al prestarla conocía la pretensión de la fiscalía en punto a la materialidad del hecho, la responsabilidad del imputado, la calificación legal aplicada y la pena a imponer (voto del juez Morin al que adhirió la jueza Llerena).
Toda vez que los términos en que viene planteada la cuestión exigen, de modo ineludible, el examen y consideración de la lógica jurídica que informa al marco legal en función del cual fue dictada la sentencia de condena que la defensa cuestiona por arbitraria, esto es, el procedimiento establecido en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, conforme ley 24.825, corresponde declarar la inconstitucionalidad de tales disposiciones toda vez que lo allí establecido quebranta lo dispuesto en los artículos 1, 18 y 118 de la Constitución Nacional razón por la cual corresponde declarar la nulidad de todos los actos procesales celebrados como consecuencia de la normativa declarada ilegítima, en particular la propuesta de juicio abreviado y la sentencia de condena (voto del juez Magariños).
Con cita de los precedentes “Osorio Sosa, Apolonio”, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 23, resuelta el 23 de diciembre de 1997 y “Barragán”, CCC 48.341/2013/TO2/CNC1, Sala de Turno, Reg. nro. 157/2015, resuelta el 15 de junio de 2015 –voto del juez Magariños-
“Ramos, Luis Edgardo”, CNCCC 30747/2015/TO1/1/RH1, Sala de Turno, Reg. nro. 1902/2018, resuelta el 13 de diciembre de 2018”
