El 5 de diciembre de 2024 la provincia de Salta ha sancionado la Ley 8.478 de implementación del Juicio por Jurados en materia penal.
Esta ley establece la competencia del jurado para el juzgamiento de los homicidios agravados (consumados) del art. 80 del Código Penal como así, de aquéllos delitos que sean conexos (art. 1) y en cuanto al ámbito temporal de aplicación, dispone que comprenderá a los hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia y a todas aquellas causas en trámite que aún no tuvieran acusación presentada.
La ley de jurados de Salta contiene todas las previsiones que hacen a la esencia del juicio por jurados clásico y a la vez, tutelan los derechos y garantías convencionales (arts. 8, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos): reglas de admisión y producción de la prueba conforme con un litigio acusatorio y adversarial, audiencia de voir dire, un jurado integrado por 12 personas con paridad de género, instrucciones al jurado, veredicto inmotivado, regla de unanimidad para la obtención del veredicto –aunque prevé la posibilidad de un veredicto mayoritario en determinadas situaciones-, veredicto de no culpabilidad inapelable y recurso contra el veredicto de culpabilidad en garantía del derecho a un recurso amplio de la persona acusada.

Por Analía Reyes

A través de su Resolución 372/2025, el Ministerio de Seguridad Nacional decidió “no habilitar” el funcionamiento de los centros de estudiantes en el ámbito penitenciario federal, a la vez que resolvió “no permitir” la permanencia de las personas privadas de libertad en los centros educativos fuera del horario regular de clases.

Se trata de una resolución contraria al derecho a la educación de los detenidos y frontalmente violatoria de los principios establecidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de idéntica jerarquía y la Ley Nacional de Ejecución, normas que consagran el paradigma de la resocialización que rige en la ejecución de las penas privativas de libertad.

Quienes investigamos el fenómeno de la educación en contextos de encierro y participamos activamente de los numerosos centros universitarios en cárceles a lo largo y ancho del país, somos testigos privilegiados de los numerosos efectos positivos y reconstructivos que la educación genera, no sólo sobre la subjetividad de los detenidos que deciden participar de estos espacios, sino también sobre el espacio carcelario en su totalidad y, en definitiva, sobre la sociedad en su conjunto.

Y es que, frente a la lógica nociva, violenta y degenerativa de la cárcel, que aísla y margina a los detenidos favoreciendo su reincidencia en el delito; por el contrario la educación en contexto de encierro se erige como un espacio alternativo que ofrece nuevas oportunidades existenciales y nuevas opciones vitales, quebrando así el círculo vicioso de la violencia y la delincuencia.

De esta forma, la educación en contexto de encierro no sólo brinda herramientas para alejar a los detenidos del delito, sino que también aporta a la sociedad en su conjunto en materia de prevención del delito, reinserción y seguridad.

Se trata, en definitiva, de espacios sumamente valiosos y de enorme potencialidad, que contribuyen a desplazar las enquistadas prácticas violentas y degenerativas de la cárcel, proponiendo en su reemplazo nuevas formas de relacionamiento no violentas y reconstructivas de la personalidad y de las instituciones.

Es por ello que expresamos nuestro más absoluto rechazo a esta resolución, profundamente convencidos de que el camino para sanar las formas de relacionamiento en nuestras cárceles y en nuestra sociedad será siempre a través de la educación, y nunca en contra de la educación.

Por Facundo Ceballos (Abogado, docente e investigador en centros universitarios en contextos de encierro - Facultad de Derecho UBA).

La Ley 27.786 introduce un marco normativo integral para el abordaje de las organizaciones criminales en Argentina. Pretende fortalecer las herramientas del Estado en materia de investigación y persecución penal. Su objeto es brindar un tratamiento específico a los grupos delictivos definidos como "aquellos conformados por tres o más personas que actúan de manera concertada y prolongada en el tiempo para la comisión de delitos especialmente graves".

El nuevo régimen amplía el alcance de las investigaciones al establecer un sistema de zonas sujetas a investigación especial, permitiendo que el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad coordinen operativos específicos en áreas donde la actividad delictiva tenga un impacto significativo. En estos casos, las causas pueden pasar a la justicia federal, y se conformarán Comisiones Investigadoras Conjuntas con participación de fiscales nacionales y provinciales, así como de las fuerzas de seguridad.

La norma introduce medidas procesales extraordinarias, tales como la posibilidad de detener personas hasta por 48 horas por averiguación de delitos relacionados con el crimen organizado, con una extensión de hasta 15 días en casos de alta complejidad. Asimismo, la ley habilita la inmovilización de activos de origen presuntamente ilícito, la interceptación de comunicaciones bajo estrictas condiciones y la ampliación de las facultades de allanamiento en áreas vinculadas a investigaciones en curso.

El Código Penal también se ve reformado con la incorporación de dos nuevos tipos penales que agravan las penas para quienes formen parte de una organización delictiva estructurada. Se prevén sanciones de hasta 20 años de prisión para quienes colaboren con estas asociaciones ilícitas, y se introduce un régimen aún más severo para aquellas que empleen la violencia, amenacen a la población o busquen el control territorial.

Por último, la norma establece la figura del decomiso anticipado, permitiendo la confiscación de bienes sin necesidad de una condena firme, cuando existan sospechas fundadas sobre su origen ilícito. De este modo, la ley se erige como un instrumento clave en la lucha contra el crimen organizado, dotando al Estado de facultades expeditivas para intervenir en contextos de alta conflictividad delictiva.

El Cuerpo Médico Forense, bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha aprobado un innovador protocolo para la realización de autopsias mínimamente invasivas. Este avance responde a la necesidad de compatibilizar la función pericial con el respeto por las convicciones religiosas que consideran la manipulación del cadáver una forma de profanación. La iniciativa, impulsada por el director médico de la Morgue Judicial, Santiago Maffia Bizzozero, y formalizada mediante resolución administrativa firmada por el decano Leonardo Ghioldi el 30 de enero, introduce un enfoque que concilia las exigencias judiciales con el respeto a la diversidad cultural y religiosa.

El método, ya aplicado en autopsias de personas fallecidas por COVID-19, se basa en un conocimiento preciso de la anatomía regional y topográfica, permitiendo la inspección dirigida de las áreas relevantes sin necesidad de intervenciones extensivas. La técnica incluye un examen externo completo y la visualización interna de órganos clave, con la posibilidad de tomar muestras para estudios histopatológicos cuando sea necesario. Su implementación resulta particularmente útil en contextos donde la causa de muerte no requiere una exploración exhaustiva del cuerpo, así como en aquellos casos en que la práctica de una autopsia convencional es objetada por razones de fe.

La aprobación de este protocolo responde a una demanda creciente de comunidades religiosas como la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y el Centro Islámico de la República Argentina, con quienes se han mantenido reuniones para garantizar que los procedimientos forenses no vulneren sus creencias. Su aplicación, sin embargo, sigue sujeta a la evaluación del órgano jurisdiccional interviniente, que deberá autorizar su uso en cada caso concreto.

Además de su dimensión cultural y religiosa, esta modalidad aporta beneficios en términos de bioseguridad, minimizando el riesgo de exposición a enfermedades infectocontagiosas para los profesionales intervinientes. De este modo, el nuevo protocolo no solo fortalece el servicio de justicia, sino que también consagra un modelo forense más respetuoso de los derechos fundamentales, la diversidad cultural y la protección de los operadores judiciales.

El Ministerio de Justicia de la Nación emitió una resolución que establece la plena entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en nuevas jurisdicciones del país. En su fundamentación, se menciona la Ley 27.150 y sus modificaciones, junto con el Decreto de Necesidad y Urgencia 188/24, como parte del marco normativo que impulsa la reforma procesal. También se destaca que la coexistencia de múltiples regímenes procesales en el ámbito federal ha generado dificultades normativas y operativas que afectan el funcionamiento del sistema judicial. Como respuesta a esta situación, el Ministerio de Justicia explica que ha avanzado con la implementación del nuevo código de manera progresiva desde 2024, introduciéndolo en diversas jurisdicciones como Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y Bahía Blanca.

Con el objetivo de continuar este proceso de transición hacia un modelo acusatorio, la resolución establece que el Código Procesal Penal Federal entrará en plena vigencia en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico a partir del 11 de agosto de ese año. Posteriormente, el 1 de diciembre, el nuevo régimen procesal alcanzará la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

La medida refleja la intención del Ministerio de Justicia de avanzar en el proceso de implementación del nuevo código, con el fin de garantizar una mayor eficiencia y uniformidad en la administración de justicia penal federal; y ratifica un compromiso en la consolidación del nuevo paradigma procesal.