En
1977 se promulgó la ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en
Estados Unidos como consecuencia del surgimiento de una política
legislativa con incidencia extraterritorial. Esta normativa tiene
como principal objeto la penalización de actos de corrupción
cometidos fuera de Estados Unidos por personas naturales o jurídicas
que posean vínculos directos con este país. Como consecuencia de la
globalización de mercados y la creciente interdependencia comercial
entre naciones, la aplicación de la ley FCPA ha degenerado en
ejercicios arbitrarios de la potestad jurisdiccional extraterritorial
de Estados Unidos. A lo largo del artículo se analizará la
naturaleza normativa de la ley, la jurisprudencia que se ha
desarrollado y el marco punitivo que plantea. Observaremos casos
donde el Departamento de Justicia y la 
Comisión
de Bolsa y Valores de Estados Unidos ejercen jurisdicción en razón
de que determinados actos de corrupción –aunque fuesen perpetrados
materialmente fuera  de  Estados  Unidos-  se 
consumaron  a  través  de  cuentas  de 
correo  electrónico cuyos servidores se hallaban basados en
Estados Unidos. De este análisis se desprenderán observaciones
referentes a la adecuación de la definición doctrinaria 
de
jurisdicción en relación al ámbito de aplicación de la ley FCPA.
Finalmente, el artículo ofrecerá un breve análisis sobre las
posibles implicaciones de la ley en cuestión dentro del marco
jurídico ecuatoriano. 

Este
artículo presenta la primera parte de una investigación más amplia
sobre el control social y territorial de la Mara Salvatrucha en la
colonia San José del Pino y la comunidad San Rafael, ambas del
municipio de Santa Tecla. En un estudio de caso en el marco de una
Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de
Ámsterdam, se han mapeado los efectos de las políticas preventivas
de seguridad pública 
en
la zona, con énfasis en la estrategia “Santa Tecla Municipio Libre
de Violencia” (MLV). El artículo analiza los efectos del proceso
de pacificación, generado a partir de 2012 con la implementación de
la filosofía de policía comunitaria y la estrategia MLV, para el
tejido social y el sostenimiento local en las comunidades
mencionadas. También se evalúa la recuperación de la gobernanza
local después de décadas de ausencia estatal en la zona. Como
resultado de las nuevas políticas de seguridad pública, los índices
de delincuencia han bajado, el temor ha disminuido, el sostenimiento
local ha mejorado, y valores y redes sociales están reestablecidas.
Sin embargo, es necesario crear una 
política
de seguridad pública que le dé sostenimiento a mediano y largo
plazo a las demandas y necesidades del sector, independientemente de
quién gobierne el municipio; este esfuerzo no puede detenerse si se
quieren resultados positivos.

Este
artículo se enmarca en los debates contemporáneos sobre las teorías
de la justicia, que tienen lugar en el campo de la filosofía
política y la filosofía del derecho. El núcleo de la exposición
estriba en oponer al modelo más generalmente aceptado de la
justicia 
transicional,
el modelo de la justicia restaurativa como un modelo de justicia de
vertiente comunitarista, en el que los vínculos comunitarios son
considerados más fundamentales que la concepción predominante del
individualismo defendida por la tradición liberal. La oposición de
estos dos modelos de justicia materializa, por tanto, el debate entre
liberalismo y comunitarismo en el ámbito jurídico, en la medida en
que hace corresponder a tales corrientes los conceptos de justicia
referidos. Asimismo, esta reflexión aborda las nociones mencionadas
en función de la administración y el acceso a la justicia en
escenarios de conflicto como el de Colombia, que exigen como
respuesta la puesta en práctica de mecanismos de alternatividad
penal o de justicia en estado de excepción. Oponiendo tales modelos,
este artículo plantea que la justicia restaurativa, a diferencia de
la justicia transicional, posee un marcado carácter comunitarista,
fundado en los lazos de amistad y fraternidad, constituyéndose, al
mismo tiempo, en garante del comportamiento futuro del ofensor y su
no reincidencia en la acción delictiva y, por supuesto, en la
reivindicación y el reconocimiento de los derechos de la víctima.
La justicia transicional, en cambio, ostenta un carácter liberal de
corte utilitarista, basado en la negociación entre los victimarios y
el orden estatal, con miras a terminar el conflicto, a pesar de la
vulneración del lazo comunitario. Adoptando esta perspectiva, el
presente artículo sitúa la discusión en el diálogo
interdisciplinar de la filosofía con el derecho, reivindicando el
componente de la reparación de las víctimas, pero también la
reintegración social del ofensor, como el objeto principal de la
restauración de la vida comunitaria, lo cual exige facultar a los
actores sociales en una práctica de la justicia en cuanto bien
común, liberado de la sola intervención estatal, con el fin de
hacer posibles otras instancias para resolver las contradicciones
inherentes a la vida social.

Resumen:
Las 
estadísticas  en  materia  de  criminalidad 
en  Colombia  denotan  una  alta 
participación  e incremento  de  adolescentes 
y  jóvenes  en  escenarios  delincuenciales.
Esta  situación pone  en evidencia un problema público
que aún no ha sido abordado de manera estratégica en el país. La
manera tradicional de  intervención ha sido  mediante
acciones  punitivas,  de  control  policial, o
prevención situacional del delito. Una visión desde la prevención
social se ha presentado de forma fragmentada y  con 
recursos  precarios .  Durante  el  2013  y 
el  2014  en  cabeza  del  Ministerio 
de Justicia  y del Departamento Nacional de  Planeación,
se elaboró una política  en prevención del delito en jóvenes
, basada en un enfoque sistémico y desde una perspectiva de
derechos, en la que el modelo ecológico multicausal y la concepción
de riesgo, fue fundamental a la hora de proponer estrategias basadas
en evidencia, interdisciplinarias, interinstitucional es, focalizadas
y evaluables. Bajo este marco, la ponencia presenta el proceso de
elaboración de la política y las condiciones complejas  de 
implementación  en  un  clima  político -
institucional  cuyo  contexto en  materia  de
prevención es adverso.

La 
delincuencia  juvenil  es  un  problema 
mundial.  Complejo  y  delicado  pues  en 
él  priman niveles de pobreza, desempleo, narcotráfico,
desintegración familiar, etc.; más aún, al tratarse de  un 
grupo  vulnerable  al  que  se  le  han
negado  derechos  esenciales,  aspectos  a 
los  que  se suman  falta  de  apoyo 
estatal e  incomprensión  educativa,  caracterizada
mayoritariamente,  por 
un
énfasis academicista y competitivo que ha borrado de sus procesos el
sentido comunitario y el desarrollo integral.Ecuador, 
atraviesa  un  grave  período  de 
violencia  social.  Bandas  y  pandillas 
crean  angustia social.  Se  piensa  en  la 
represión  antes  que  en  la  acción 
preventiva  o  rehabilitadora;  pero,  la
respuesta  no  está en  las  cárceles, 
sino  en  programas  y  proyectos  de 
participación interactiva, con los que el Estado efectivizará la
cristalización del anhelado Buen Vivir.

Los 
resultados  obtenidos,  dan  cuenta  del 
altísimo  nivel  perceptivo  de  inseguridad. 
De  las cartillas  aplicadas,  el  100%  de 
encuestados  considera  que  vivimos 
inseguridad  y  angustia social.  Esta 
investigación,  responde  a  un  llamado 
urgente  para  contribuir  a  frenar  esta
pandem ia. La minería levantada en la ciudad de Cuenca,  ha
permitido elaborar un modelo de aplicación  efectivo, 
complementado  con  un  Documento  de 
Análisis  crítico,  que  ayudará  a
efectivizar la inserción laboral con el que se incorporará la
prevención del estado ecuatoriano respecto de la delincuencia
juvenil y el buen vivir