Durante el lunes 20 y el martes 21 de julio se desarrolló en la Universidad Torcuato Di Tella el Seminario Internacional Políticas de Drogas con la presencia de expositores/as de varios países. El día miércoles 23 fue el cierre de las jornadas. Aquí les acercamos un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de drogas y qué consecuencias generan las estrategias políticas que, en materia de drogas, se resuelva aplicar.
Conocido es ya el método “guerra contra las drogas” y vivimos hoy sus efectos. El paradigma prohibicionista logró únicamente incrementar la militarización y la violencia asociada al narcotráfico, el perfeccionamiento de las organizaciones ilícitas en materia de tráfico de estupefacientes y lavado de activos, la estigmatización, encierro y represión de los grupos más vulnerados, la errada afirmación de los binomios adicto-delincuente y adicto-enfermo, entre otras cuestiones. Todo ello fuerza a tomar conciencia de la realidad y a asumir un papel seguro para modificar el método a pesar de que varios actores del escenario político actual propugnan el incremento de penas como estrategia contra el narcotráfico en una lamentable concepción del derecho penal y en un efímero y disfuncional diagnóstico de la realidad.
Se trata de variar la conceptualización del fenómeno, de asumir los errores y destacar los aciertos. En este sentido, el documento presenta un análisis de los países latinoamericanos, casos de Argentina, Colombia, Honduras, Guatemala, México, entre otros, con un desarrollo exquisito. Deja en claro que los cambios legislativos deben acompañarse con las prácticas operativas que los puedan llevar adelante con eficiencia. Varios países, por ejemplo, han desarrollado legislaciones que despenalizan o descriminalizan la tenencia para consumo pero los márgenes de detenciones no disminuyeron porque los mismos de siempre son encerrados bajo otras categorías delictivas. La actividad de las agencias enmarca las consecuencias de determinada política. Estas estadísticas están disponibles en el documento.
Ahora bien, es imperioso pensar en nuevas propuestas, formular un debate serio sobre la forma de afrontar la realidad de un mundo que ofrece y demanda drogas, articulando trabajo de todos los actores sociales (públicos y privados). El impacto deberá evaluarse en datos empíricos para ajustar -o no, según sea conveniente- esas estrategias. Son muchas las cuestiones que se cubren bajo el rótulo “drogas” o “estupefacientes”, debemos comenzar por desenmarañarlas y aclarar de qué hablamos cuando hablamos de “drogas” y qué tipo de abordaje pretendemos sobre las mismas. Ello es, continuar con la perimida estrategia prohibicionista abstencionista que lleva consigo décadas de fracaso o el impulso de nuevos abordajes que promuevan el respeto por los derechos humanos de los y las consumidores/as de drogas y la regulación estratégica de mercados de sustancias prohibidas.
Esa es la propuesta del documento del CELS, volver al foco del asunto, al planteo de prioridades-objetivos. La lectura de los contenidos permite conocer las consecuencias -negativas- del paradigma “guerra contra las drogas” y los nuevos enfoques propuestos que dejan aspirar un futuro promisorio. El objetivo siempre puesto en el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos, en la evitación del recrudecimiento de la violencia, de la estigmatización de los grupos más vulnerados y del perjuicio a las instituciones democráticas. Una política novedosa que combata más males de los que produzca, construida entre todos y todas y para todos y todas.
