La
Trata de Personas, actualmente también llamada “la esclavitud
moderna”, es una cadena de  acciones delictivas que convierten
a una persona en objeto de explotación.  Este delito implica la
violencia ejercida en lo más profundo de una persona: la identidad,
pues a base 
de
amenazas y agresiones físicas, sus víctimas van perdiendo la
libertad, la dignidad y la voluntad.  La comisión de la Trata
de Personas implica una red compleja de responsables que va desde la
persona que recluta a las víctimas, las mantiene cautivas, hasta
quien hace uso de 
sus 
servicios.  Generalmente  son  organizaciones 
criminales  quienes  llevan  a  cabo  las
conductas de este delito; sin embargo, es común que sea la misma
familia la que venda o someta a la víctima a distintas formas de
explotación.  La oferta  y la demanda  de seres 
humanos  como mercancía  es  un conflicto social 
de interés  internacional  que  transparenta 
la  existencia  de  Estados  con  altos 
grados  de 
impunidad 
e  insensibilidad.  La  Trata  de  Personas 
está  vinculada  a  la  migración,  a 
la pobreza  y  a  la  delincuencia,  y 
se  dispara  en  sociedades  en  las 
que  la  violencia  y  la marginación forman
parte de la cotidianidad.  México es  un país  de
origen, tránsito  y destino de víctimas  de Trata; 
el  15% de las personas  víctimas  en  nuestro 
país  son  extranjeras,  principalmente 
centroamericanas.  Se sabe que hay mexicanos en esta situación
alrededor de todo el mundo. Según datos de la Comisión 
Nacional  de  Derechos  Humanos,  éste  es 
el  segundo  negocio  ilícito  más redituable, 
debajo  del  narcotráfico  y  por  encima 
de  la  venta  de  armas.  De  las 
distintas formas  de  explotación,  la 
principal  es  la  sexual,  seguida  de 
la  laboral  y  otras  como  la mendicidad, 
el  trasiego  de  drogas  y  la 
extracción  de  órganos.  A  partir  de 
cifras  de  la Procuraduría General de la República y las
procuradurías y fiscalías locales, se conoce que el 40% de las
víctimas de este delito son menores de edad y que 83% del total son
mujeres.

Toda 
ley  o  conjunto  de  leyes  emiten 
un  discurso  mediante  el  cual,  por 
un  lado,  las instituciones regulan las acciones de los
individuos y, por otro, incorporan la realidad social a  sus 
sistemas. En   la  tipificación  de  las 
conductas,  en  las  medidas  de 
prevención  y protección, en la mención de posibles
involucrados y en las construcciones de víctima y victimario  
se  inscriben  los  actos  epistemológico, 
deóntico  y  valorativo  del  discurso
legislativo. En materia de Trata de Personas parecería que las ley
es  atienden el problema poniendo mayor atención a las víctimas
que al victimario, pues dejando de lado la misión de combatir la 
aparición  del  victimario  y  las 
condiciones  que  originan  el  delito,  se 
enfoca predominantemente  a proponer comisiones  y
programas de sensibilización a favor de la víctima.  

Partiendo
de la idea de que si no se voltea hacia el responsable del delito
poco se está combatiendo la raíz de esta problemática, el
propósito de esta investigación fue analizar la figura  de 
la víctima   y  del victimario   dentro 
de  los  textos  legislativos  mexicanos 
para encontrar precisamente  cuáles son  los  actos 
que realiza el  discurso  de  las leyes  en 
esta materia y cómo se relacionan con las condiciones sociales que
vulneran algunos sectores de nuestro país. Para ello se conformó un
corpus y se diseñó un esquema de etiquetado que permitiera la
extracción de datos cualitativos y cuantitativos sobre los términos
con que se nombra y hace referencia a las 
víctimas
y victimarios. En una primera etapa se utilizó el programa 
computacional  UAM-Corpus  Tool  y, 
posteriormente,  los  resultados  fueron analizados 
a  partir  de  diversas  teorías  de 
Análisis  de  Discurso  que  observan  el
funcionamiento  discursivo,  de  las  micro 
y  macroproposiciones  en  sus  micro  y
macroestructuras, vinculadas a ciertas condiciones sociales.  

El
análisis de estas dos figuras aborda el estudio y la discusión del
aspecto discursivo de la ley, herramienta imprescindible para la
sanción y erradicación del delito, en materia de una problemática
social internacional como es la Trata de Personas

La
violencia de género, en ocasiones, se identifica con la violencia
machista en parejas en las que existe o ha existido un vínculo
afectivo sentimental. En efecto, se trata de violencia de género de
tipo afectivo. Sin embargo, ni la violencia afectiva o familiar puede
identificarse con la violencia de género, ni ésta puede reducirse a
la enmarcada en relaciones afectivas. Es imprescindible abordar la
violencia desde la perspectiva de género para encontrar respuestas
acertadas. La regulación de este tipo de violencia desde un derecho
penal "de género" abre el debate acerca de la
constitucionalidad del tratamiento penal diferenciado entre mujeres y
hombres.

Comparación
entre el sistema de penas restrictivas de derechos propuesto en el
proyecto de Ley del Nuevo Código Penal con el sistema disciplinario
en el Código Penal en vigor. La finalidad de la comparación es
verificar en caso que el proyecto de Ley sea promulgado como el Nuevo
Código Penal, cuáles son los avances y los retrocesos de esa
proposición legislativa en relación a la consolidación u a la
evolución del sistema de penas restrictivas de derechos en el Código
Penal. Las propuestas legislativas no conseguirían superar los
graves problemas referentes a la ejecución de la pena. Las
propuestas legislativas no podrías superar los graves problemas
relacionados con la ejecución de la pena . Además, el proyecto de
ley reforzaría, en lo que respecta a las sanciones pecuniarias, el
intento del Estado para recaudar fondos por el delito, 
configurando un franco  desprecio por la victima. También se
encontró que la lei promovería un  mayor encarcelamiento,
creando nuevas situaciones de conversión de la pena restrictiva de
derechos en pena privativa de la libertad, ya sea eliminando la
hipótesis de sustitución de pena privativa de libertad por pena
restrictiva de derechos.

En
el presente trabajo se busca desarrollar un análisis sobre la
inclusión de los egresados del sistema carcelario en el mercado
formal de trabajo, a partir de la experiencia de Minas Gerais en la
ejecución del proyecto Regreso. El Proyecto Regreso tiene como
objetivo  la inclusión del egresado del sistema carcelario en
el mercado formal de trabajo. Tal estudio procura comprender los
obstáculos y desafíos de esa inclusión social a partir de la
investigación bibliográfico, el análisis teórico y de la
perspectiva histórica sobre el trabajo y los derechos previstos en
la Ley de Ejecución de la Pena, Constitución Feral, Consolidación
de las Leyes de Trabajo y Legislaciones estaduales. A continuación
se verifican algunos efectos de la exclusión social de los egresados
del sistema carcelarios, impregnando una linea tenue entre la
punición, los obejtivo sde la pena y los derechos garantidos a los
egresados del sistema carcelario. Factores estos que se presentan en
el contexto capitalista y globalizado, en el cual interactúan la
lógica de una sociedad capitalista y la observancia de la ciudadanía
y dignidad del egresado del sistema carcelario en su condición de
sujeto titular de derechos. 

Este
trabajo pretende analizar la prisión preventiva, considerando 
sus hipótesis de aplicación, la legislación brasileña como
también los argumentos utilizados por el Supremo Tribunal Federal y
por el Superior Tribunal de Justicia al juzgar pedidos de revocación
de decreto de la prisión preventinva, frente a los derechos y
garantías fundamentales asegurados por la Constitución Federal. El
análisis será centrado en el argumento de la necesidad de garantía
del orden público, en lo que se refiere al riesgo de reiteración
delictivia, en las hipótesis de peligrosidad del agente - revelada
por el modus operandi de la conducta -, acusado con las acciones
penales en curso y, en el caso del delito de tráfico de drogas, la
elevada cantidad de droga incautada. La definición teórica de la
prisión preventiva, no considerada como punición, también es
analizada en contraposición con la realidad enfrentada por los
acusados en la cárcel, en los ámbitos físico, temporal y social,
como una anticipación de la pena a aquellos sometidos a la prisión
preventiva.

El
auto y la sentencia del Tribunal Constitucional que se reseñan y
comentan resultan relevantes porque plantean un conflicto entre el
principio de seguridad jurídica, de un lado, y el derecho a una
debida motivación, el principio de no interdicción de la
arbitrariedad, y el bien jurídico de la lucha contra la corrupción,
de otro.