Este
trabajo científico inspecciona el nuevo paradigma de Estado,
ordenamiento jurídico del Ecuador, sistema jurídico denominado
constitucionalización del sistema penal desde la  promulgación 
de  la  Constitución  de  Montecristi,  y 
contrastarlo  frente  al  rol  de  los
jueces de garantías penales que se está aplicando en las audiencias
por flagrancias en la realidad  jurídico - penal  en 
Ecuador  y  determinar  la  interpretación 
extensiva  de  la  ley penal y debido proceso lo cual
evidencia su transgresión y de ahí recomend
ar la sanción por
parte del Consejo de la Judicatura.   

Esta
ponencia aborda las  especificidades inherentes a la estructura
económica, política y social que impregnan al  complejo
judicial 
en Argentina. Considerando por un lado, un proceso
de profundos  cambios en las estructuras  sociales, que se
vienen  manifestando
-con mayor intensidad - desde la última
década del siglo XX; y, por el otro, una reforma del  
Código   Procesal   Penal   de  
la   Provincia   de   Buenos  
Aires que rescata el reconocimiento   de   las  
garantías individuales   de   los  
justiciables,   se 
indagan las implicancias de
tales procesos en el fuero penal del Departamento Judicial de Lomas
de Zamora  a  partir  de la 
perspectiva 
de  los  agentes  judiciales. Cabe  destacar 
que dicho Departamento  es  el  que  reúne 
la  mayor  cantidad  de  pobla-       
ción  y  el  que  cuenta  con  la
mayor cantidad de órganos judiciales en la provincia de Buenos Aires
. 
A  partir  un  diseño  metodológico 
cualitativo  centrado  en  entrevistas  en 
profundidad a magistrados  y funcionarios del fuero penal 
y penal juvenil, la ponencia toma en cuenta cómo los agentes
judiciales conciben las pujas que existen entre, por un lado, la
nueva 
lógica  racional-legal  del  proceso 
de  reforma  penal  y  el  sistema 
anterior y,  por  el  otro, los  profundos 
cambios  en  las
estructuras  sociales,  así 
como  también  qué acciones desarrollan para resolverlas
o minimizarlas. 

El
texto se ocupa del uso de la videovigilancia (captación de imágenes)
en el proceso penal español que, pese a fallidas reformas, no cuenta
con previsión expresa pero sí con reconocimiento jurisprudencial.
Sobre su uso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en decisiones
acogidas por los tribunales españoles, insiste en que las
intromisiones en la vida privada deben estar previstas en la ley y
han de ser necesarias para prevenir el delito, pero deben tener
fundamento en el derecho interno. Además, el autor efectúa
distinciones cualitativas entre la captación de la imagen y del
sonido; y, al ocuparse de la ley orgánica cuatro de 1997, señala
que aún en lugares públicos caben manifestaciones de la intimidad
de las personas que pueden ser afectadas de “forma directa y
grave”, por lo cual no se pueden utilizar 
videocámaras
para tomar imágenes ni sonidos, salvo que medie autorización
judicial. 

Actualmente
al revisar la normativa jurídica de nuestro país podemos evidenciar
que  en  la  Constitución  de  la 
República  del  Ecuador  no  se 
especifica  el  alcance que  tiene  la 
Jurisdicción  Indígena, y  al  ser 
independiente  la  administración de justicia 
otorgada  por  nuestra  Constitución  a 
estos  grupos  comunitarios  hemos notado que los
castigos infringidos por los líderes de las comunidades indígenas
violentan   los   Derechos   Humanos  
de   los   procesados   dando  
paso   a   la tergiversación de las sanciones
establecidas por los miembros de las comunidades lo que es tema a
tratar dentro de esta tesis, y se llega a evidenciar la no aplicación
de los derechos
y principios constitucionales, razón  por 
la  cual  la  investigación evidencia la afectación
de los Derechos Humanos. Al momento
de visualizar dicho problema,
es  necesario investigarlo para  poder cumplir  con 
el  principal  objetivo  de  la 
Constitución,  el  cual  es  el  respeto 
a  los Derechos  Humanos,  además de precautelar los
principios  constitucionales que son inviolables pero que por
diferentes   circunstancias estos   se  
han visto perjudicados en nuestro cantón, y que gracias a la 
creación  de  las  Fiscalías  de 
asuntos 
indígenas  se ha tratado de evitar  la  violaciones 
de  tales  Derechos  y  la afectación del
sistema de justicia. La presente
investigación está enfocada al
planteamiento de una propuesta que se ve encaminado en la creación
de un Acuerdo de Compromiso en la  Comunidad de  Illagua 
Chico  Parroquia  de  Quisapincha  el 
Cantón  Ambato  en  lo  referente al
procedimiento  de  aplicación  de  Justicia 
Indígena, puesto  que dentro nuestra normativa  no se ha 
especificado  lo  que se debe  hacer o de qué manera
se va a sancionar al
miembro que cometa una infracción dentro y
fuera de la Comunidad, por  lo  que  dentro  de 
la  aplicación  de  Justicia  Indígena 
en  dicha  comunidad  ha vulnerado los Derechos
Humanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador,
y con esta Acta de Compromiso se pretende regular la aplicación de
Justicia Indígena dentro de esta comunidad.

En
el Ecuador no se legaliza en el Art. 150 del Código Orgánico
Integral Penal COIP el aborto voluntario no punible en caso de una
violación incestuosa,obligándole el Estado a la víctima a
continuar un embarazo muchas veces no deseado, por haber sido
realizado mediante la violencia.
El presente trabajo de grado, fue
realizado mediante una observación previa y directa a la realidad
del alto índice de morbilidad de las mujeres producto delaborto; por
estar expuestas a condiciones inseguras, con graves riesgos para su
salud y su vida. Una de las principales causas de muerte de las
adolescentes es el resultado de la violencia sexual.Se desea aportar
con soluciones al problema legal que viven las mujeres violadas
incestuosamente por ser consideradas un grupo con doble
vulnerabilidad, en las que se limitan principios establecidos
en
los Tratados y Convenios Internacionales, suscritos y ratificados por
el Ecuador, como en la Constitución, al no permitirles la libertad
de decisión de continuar o no con el embarazo. Se han empleado
métodos empíricos, como la observación científica, el análisis
documental, la validación de expertos, y los métodos teóricos,
como el histórico - lógico, analítico - sintético, inductivo -
deductivo y jurídico.
Este estudio guarda relación con la línea
del Derecho Constitucional - Penal, en el que se consagra el Derecho
de Libertad a la mujer, garantizado en el Art. 66 numeral 10 de la
Constitución de la República del Ecuador. Se pretende establecer
una propuesta, para que los Asambleístas consideren la posibilidad
de incorporar la despenalización del aborto voluntario en el Art.
150 del COIP por violación incestuosa, logrando alternativas de
solución a este grave problema de violencia de género y morbilidad. 

Con 
la  presente  argumentación  jurídica,  sobre 
la  aplicación  de  las  penas  en 
los  delitos  de narcotráfico  en  relación 
con  los  delitos  de hidrocarburos,  se 
permitirá  que  se  apliquen principios
constitucionales como lo son la proporcionalidad y la ponderación,
facilitando de esta forma la tutela imparcial y expedita en la
administración de justicia.Dentro del primer capítulo se realiza
análisis sobre diferentes temáticas, partiendo del ámbito
doctrinario  y  jurisprudencial,    siendo 
el  marco  teórico  el  punto  de 
partida  para  armar  mi argumentación jurídica que
propongo. Dentro del marco metodológico se utilizan diferentes
técnicas  e  instrumentos
de  investigación 
que  han  permitido  resaltar  la 
problemática  del presente trabajo, esto es que las penas
establecidas en el artículo 265 del COIP, en lo referente a las
zonas fronterizas son excesivas, ya que no se toma en cuenta el bien
jurídico protegido y  tampoco  el  valor 
económico  en  el  cual  se  está 
afectando  al  estado,  concluyendo  que
transportar veinte dólares de combustible a la vecina 
República
de Colombia , es un delito y es sancionado drásticamente con una
pena que va desde los 5 a 7 años de prisión, a diferencia de
transportar 20 dólares  de sustancias estupefacientes, tipo
penal en el  cual  ya existe una tabla ,  con 
el  presente  trabajo  en  aplicación  del 
principio  de  proporcionalidad  argumentaré que es
necesaria la existencia de una tabla, tal como se lo ha hecho en
otros tipos penales. 
Dentro  de  este 
capítulo,  se  ha  realizado  las 
encuestas,  entrevistas,  que  han  permitido
visualizar más a profundidad el tema objeto de estudio. Dentro 
del  marco  propositivo,  se  ha 
establecido  la  necesidad  de  incorporar una 
tabla  para todos los delitos referentes a hidrocarburos, la
cual se tomara en cuenta el valor económico del  producto
hidrocarburífero y  se  establecerá  una 
escala  en  forma  proporcional  para  la
aplicación de la pena. 

En
el Ecuador algunas de las causas que originan este problema social
son la pérdida de los valores  morales,  la 
influencia  de  los  programas  y noticias 
violentas  que  transmiten  los medios de
comunicación, el abandono familiar y sobre todo la pobreza.
Con
el paso de los años  se fue considerando  crear leyes 
y sobre todo instituciones que se encarguen  de  velar 
por  el  bienestar  y  los  derechos 
entre los  cuales  están  el  Consejo  de 
la Niñez y Adolescencia  y, la DINAPEN. La reforma
constitucional ecuatoriana recopila los derechos  y 
obligaciones  y  sobre  todo  los 
principios  a  seguir  en  el 
procedimiento  de juzgamiento de aquel grupo.
El 
Estado  ecuatoriano ha  creado  una  política 
penal  que  no  es  más  que  el 
conjunto  de decisiones  y  prácticas  que 
desde  el  Estado  organizan,  mantienen, 
controlan  y  definen  las relaciones sociales no
armoniosas entre los miembros de una sociedad a través del sistema
penal, pero en la presente investigación se ha considerado que el
Estado aún no aporta con la  suficiente  ayuda  y 
sobre  todo  el  suficiente  interés  en 
mejorar  la  rehabilitación  y  las medidas 
socioeducativas.  Se  debe  tomar  en 
cuenta  que  los  derechos  de  los 
adolescentes son muchos pero el más importante es el de tener una
vida digna y cuando cometan alguna infracción o delito sean
acogidos
por una justicia especializada, una política de prevención de 
la  violencia  y  la  buena  administración 
de  los  Centros  de  Internamiento 
Institucional, proporcionando así al adolescente alternativas que lo
conduzcan a su adaptación social. Para concluir con la investigación
se ha hecho un breve análisis histórico de la doctrina  y las
leyes sobre la Protección a los Adolescentes Infractores 
en
algunos países, en los cuales coinciden   con  
nuevas   reformas   de  
rehabilitación   considerando   las  
recomendaciones 
internacionales. 

Como
objetivos específicos de la investigación se plantea i) Analizar
los propósitos de la Ley  de  Justica  y  Paz 
respecto  a  la  transformación  de  los 
victimarios  con  miras  a  su reinserción 
a  la  vida  civil  ii)  Observar  el 
impacto  de  la  extradición  de 
Salvatore  Mancuso Gómez sobre su proceso de transformación en
el marco de la ley 975 de 2005.Para  el  desarrollo 
de  la  investigación  se  hace  uso 
de  la  metodología  cualitativa  a  través
de  un  estudio  de  caso  (Salvatore 
Mancuso).  Se  utilizan  herramientas  de 
recolección  de datos cualitativos y cuantitativos, se accede a
la información mediante fuentes primarias, en  las 
cuales  se  tiene  como  fuente  principal 
la  transcripción  de  15 versiones  libres 
de Salvatore Mancuso entre los años 2007 y 2008 correspondientes a
más de 100 horas de audio  y    a  través 
de  la  realización  de  una  entrevista 
semi-estructurada  al  Fiscal  8°  de Justicia y
Paz; y secundarias como  textos, informes, leyes, decretos,
artículos de prensa, publicaciones en Internet, entre otras. 

En
el marco de un proyecto en desarrollo, esta ponencia interroga los
efectos (políticos) de la denominada  Marcha  de  la 
gorra:  una  movilización  colectiva  que 
protagonizan  jóvenes cordobeses demandando –
prioritariamente -la derogación del Código de faltas
provincial. 
Se  opta  por  un  modo 
de  comprensión  cualitativo  de  la 
experiencia  humana,  asunción  que enmarca la
realización de una “etnografía de eventos” (en el sentido que
le da la antropóloga Borges).  Se  analizan,  a 
ocho  años  de  su  realización 
ininterrumpida,  los  alcances 
político-institucionales  de  la  Marcha 
respecto  de  las  demandas  que  pone 
en  visibilidad  en  el  espacio público 
local,  así  como  otros  efectos  de 
sentido  en  orden  a  la  proyección 
que  tiene  en el devenir  de experiencias cotidianas
de  los  jóvenes  cordobeses,  principales 
blancos  de  la persecución policial a instancias de la
aplicación del mencionado Código. Finalmente,  el 
trabajo  interroga  el  horizonte  de  esta 
acción  colectiva,  narrándola  como  un
espacio  de  lucha  política,  no  exenta 
de  mezquindades
personales y  capitalizaciones 
político-partidarias, matizando así cierta visión “idealizada”
de la Marcha.